El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.

Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.

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Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.

Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.

En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.

La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.

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Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.

En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).

En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.

Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.

Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.

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Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.

Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.

Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.

Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.

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Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.

Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.

El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.