Este martes se llevó a cabo una reunión conjunta entre la Comisión de Salud del Senado y los miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la creación de una comisión especial transitoria, encargada de considerar la problemática de la institución.
El presidente del IPS, Jorge Brítez, detalló ante los medios de prensa en el Senado que uno de los puntos analizados en medio de la reunión fue el pedido de un aumento presupuestario, entre USD 1 millón a USD 2 millones, para responder con una base mejor constituida las falencias institucionales.
“En principio sería para una cobertura total, pero mayoritariamente iría al área de salud y un porcentaje pequeño estaría dirigido a jubilaciones, por los pagos a ser realizados”, explicó Brítez. Sobre la falta de medicamentos, indicó que se impulsa un convenio con el Ministerio de Salud para dar abasto.
El titular del IPS también explicó que la deuda sigue vigente porque se paga menos de lo que va ingresando. Puntualizó que siguen en esa disyuntiva, buscando alternativas económicas y financieras para tratar de honrar el déficit existente, sin dejar de resaltar las labores colaborativas del Legislativo.
Por su parte, el titular de la Comisión de Salud, Antonio Barrios, indicó que se presentará una reforma del IPS a través del Ministerio de Economía. Se trataría de tres proyectos: uno referente al tiempo de aporte, sobre la recuperación de las inversiones del IPS y acerca de la adecuación de las deudas.
“Estos proyectos están pendientes de llegar al parlamento y lógicamente nosotros brindaremos el apoyo y acompañamiento necesario para que esta institución pueda salir adelante, a pesar de las grandes dificultades de la administración, por el mal manejo de la gestión anterior”, dijo.
El senador señaló además que la reunión realizada fue aprovechada para conocer otras problemáticas que afectan a la previsional, como el pedido de aumentos en la institución sobre los haberes jubilatorios, durante la administración de Abdo Benítez, pese a advertencias al respecto.
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Despojo en el IPS: auditoría revela criminal corrupción en la era Abdo
¿Que pasó con los G. 828 mil millones destinados a infraestructura hospitalaria mediante un fideicomiso con el banco del Grupo Zuccolillo? Un informe revela que obras clave, como un hospital oncológico, nunca se construyeron.
- “La caja negra”
El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta el mayor escándalo de corrupción en su historia con el desvío de G. 828 mil millones destinados a infraestructura hospitalaria durante el gobierno anterior. Los fondos, administrados a través de un fideicomiso con el banco Atlas, debían financiar obras cruciales, incluyendo un hospital oncológico que nunca se construyó. Para el desembolso, la administración de Vicente Bataglia hizo figurar que el dinero fue invertido en centros de salud del interior del país, sin embargo, un lapidario informe de auditoría concluyó que las obras en realidad no existen.
El Departamento de Auditoría Financiera del IPS concluyó su informe final de la auditoría hecha de los fondos administrados por el banco Atlas para la construcción y reparación de hospitales, pero que se rapiñaron durante la administración anterior, mediante el pago por obras fantasma en varias unidades de la previsional ubicadas en el interior del país.
“La caja negra” accedió en exclusiva al documento que consta de 448 páginas y expone la corrupción del siglo durante la administración abdista. El informe final de auditoría interna A.I. n.° 58/2024 se centra en la verificación in situ de la ejecución de los certificados de obras relacionados con dos licitaciones: la n.° 170/21 y la n.° 65/19, que abarcan la reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimientos administrativos y de salud en el interior del país.
En el documento se detalla un conjunto de irregularidades, entre las que se destacan 21 hallazgos de obras fantasma casi en su totalidad y otras 16 falencias estructurales por proyectos inconclusos. Los fondos desviados se destinaron a pagos injustificados, certificaciones de obras inexistentes y reparaciones ficticias en instalaciones de salud en todo el país.
La auditoría concluye con 23 indicios de hechos punibles que serán remitidos al Ministerio Público. Los hallazgos evidencian la comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y la malversación de fondos públicos, agravados por la falta de ejecución de las obras prometidas y el desvío del dinero de los asegurados.
HISTÓRICO DESFALCO
Los responsables de la investigación informaron que tras verificar la ejecución efectiva de las obras que fueron abonadas con fondos del fideicomiso, observaron una diferencia de G. 1.690.321.642, entre los trabajos certificados y los trabajos realmente ejecutados. Estas diferencias se registraron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, por G. 280.819.500; en el Hospital Regional de Concepción, por G. 28.268.172; en el Hospital Regional de Encarnación, por G. 42.280.580; en la Agencia Administrativa de Caaguazú, por G. 24.672.948; en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, por G. 17.001.163; en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, por G. 341.201.022, y en la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones por G. 431.367.525.
Así también se notaron diferencias en la Agencia Administrativa de San Juan Bautista, por G. 53.786.813; en la Unidad Sanitaria de Colonia Independencia, por G. 23.865.440; en la Agencia Administrativa de Pilar, por G. 11.953.490; en el Hospital Regional de Pilar, por G. 23.562.736; en el Hospital Regional de Ayolas, por G. 377.581.731; en el Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, por G. 16.847.022, y en la Unidad Sanitaria de Hohenau, por G. 17.113.500.
Para estas obras, el banco Atlas autorizó los desembolsos de los fondos sin ningún control efectivo, violando la naturaleza del contrato de fideicomiso firmado en 2017 y modificado en 2018 que debía destinarse para la construcción de hospitales, como el Hospital Hemato-Oncológico que quedó en la nada. Esta complicidad permitió la malversación de recursos destinados a la salud pública, afectando directamente la atención de los asegurados y jubilados del IPS.
Durante la verificación in situ, los auditores del IPS observaron zonas deterioradas y/o inconclusas en los distintos centros asistenciales del interior del país, que en la práctica debían estar en óptimas condiciones tras el desvío del dinero que hicieron las anteriores autoridades.
Los puestos de salud, donde supuestamente se invirtió el dinero que no se utilizó para la construcción del hospital oncológico presentaban una terrorífica situación, con grietas, paredes con humedad, pinturas dañadas, caños rotos y blíndex rotos que ponen en riesgo la buena atención para los asegurados.
También la auditoría observó que estos centros tenían profundas zanjas presuntamente para desagües cloacales, falta de retiro de grandes cantidades de escombros, techos sin reparación, filtraciones y goteras. Además de aberturas sin ventanas ni vidrios, falta de puertas, falta de instalaciones sanitarias, y sectores inoperativos pese a que en el plano de la obra se proyecta su existencia.
Esta precaria situación de las instalaciones del IPS daña la imagen de la previsional y afecta la correcta atención médica a los asegurados, según concluyeron los auditores.
Las anteriores autoridades deben responder qué hicieron con el dinero que debió destinarse al hospital oncológico y que se hizo figurar como mejoras en otros centros de salud que siguen en pésimas condiciones. ¿Qué responden a las familias de los asegurados y jubilados que murieron de cáncer sin chance que su seguro médico le cubra? La Justicia debe ir con todo el peso de la ley contra los responsables de esta criminal corrupción.
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El espíritu de la Superintendencia de Jubilaciones es evitar la dilapidación de fondos, recalcan
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte ratificó que el origen de la ley mediante la cual fue creada la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es evitar la mala utilización de recursos dentro de las diversas cajas y así precautelar el aporte de los trabajadores de los distintos sectores.
“Lo que busca esta ley es evitar la lapidación de los fondos, no solo de la previsional, sino de cualquier fondo que exista en el país a través de un Consejo que es multidisciplinario en donde están los representantes del Estado y de los jubilados, trabajadores y empleadores. Esa fue la intención y el espíritu de la ley, lo cual está bien plasmado en varios principios que la rigen”, expresó.
Duarte manifestó que en la redacción de dicha ley participaron tanto los empleadores como las centrales obreras y lo que se busca es contar con un organismo regulador que pueda proteger las inversiones de los diversos fondos de pensión que existen en el país, y esto teniendo en cuenta que actualmente varias entidades como la Caja Municipal, atraviesan por complicadas situaciones financieras.
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“Lo que se busca es una diversificación de la cartera, pulverizar el riesgo en varios tipos de instrumentos financieros. Entendamos que la ley del Instituto de Previsión Social (IPS) ya data de los años 50 y ya le falta bastante modernidad para poder actualizar a las condiciones del mercado y los instrumentos financieros”, explicó a la 1020 AM.
La salud financiera de las diversas cajas es el objetivo de esta ley y uno de los logros de la misma es la creación de un Consejo de Seguridad Ejecutivo, que es el que va a proponer al superintendente y va a aprobar todas las gestiones de las entidades jubilatorias, indicó Duarte. Cabe resaltar que la Superintendencia aún no ha empezado a operar oficialmente, debido que la propia ley establecía un periodo para su implementación.
“En este momento está muy mediatizado el tema y dentro de lucha de sectores, me apena que esto ocurra porque entre todos estamos preocupados por la salud del IPS, que tenía dinero a la vista y eso no nos sirve para los diversos fondos, el dinero tiene que estar aplicado para poder sostener los fondos jubilatorios. Debemos aprender a discutir, a cuestionar lo que realmente es serio y no estar utilizando este tipo de situaciones de un lado ni del otro para descalificar acciones”, aseveró.
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Déficit en el IPS: “Se debe entender la situación en que agarró el presidente”, afirmó senador
El senador liberal Líder Amarilla detalló los puntos tratados en la reunión entre legisladores y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. Manifestó que la situación económica en la que se encuentra la entidad fue el foco central de las conversaciones mantenidas.
“Quisimos interiorizarnos de todos los temas, sobre todo de las cuestiones presupuestarias que hoy en día están tratando. Se debe entender la situación en la cual agarró el presidente la entidad, en lo referente a las deudas y los problemas financieros y administrativos”, señaló a la 1020 AM.
Con respecto a las inversiones realizadas en el mercado financiero, el congresista expresó que las autoridades de la previsional se refieren a una atomización de todo el dinero con el que se cuenta, cercano a los USD 2.400 millones. Esto está distribuido en 15 entidades financieras.
“El impacto que tiene el último contrato con ueno bank creo que es alrededor del 7 % del 100 %. Si hablamos de atomización de riesgos, la distribución de toda la plata en diferentes entidades, creo que es razonable bajo el punto de vista de distribución de los fondos del IPS, de forma global”, afirmó.
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Sobre el déficit
Con respecto a los ingresos y egresos del IPS, Amarilla explicó que en la reunión desarrollada con los funcionarios de la institución se dio a conocer que solo hasta el 2020 se contó con un superávit en la previsional. Es decir, se pagaban las cuentas, pero sobraba cierto monto que podía ahorrarse mensualmente.
“Luego se empezó a utilizar la renta de las reservas porque cayó la recaudación, la cual aparentemente ahora está aumentando de a poco, para equilibrar las finanzas”, indicó el senador. Desde el 2020 que el IPS sufre un déficit en el Fondo de Jubilaciones, el cual ronda los USD 3 millones.
En la previsional aclararon que las reservas de la institución permanecen intactas, ya que solo se utilizan los intereses para completar los gastos para el pago de las jubilaciones. Con ello, se evita incurrir en un mal uso de los bienes de la institución.
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IPS cubre con inversiones el déficit del fondo jubilatorio, explica gerente
Los intereses generados por las inversiones que realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) permiten contrarrestar el déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que rondaría los USD 3 millones y que se viene arrastrando desde 2020, según explicó la gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, en “Arriba hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“La situación es que, hasta 2020, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones tenía un superávit corriente. Hoy en día, no solo no hay superávit, sino que, además, se está usando la renta de la reserva”, indicó Cubas respecto a los aportes mensuales que anteriormente alcanzaban para pagar todas las jubilaciones del mes. Incluso sobraba cierto monto y eso se ahorraba en los fondos de reserva, lo que permitió contar actualmente con USD 2.460 millones en el sistema financiero.
“Las reservas se colocan en el sistema financiero y eso rinde intereses. Por ahora, estamos usando los intereses para completar lo que falta, pero eso va creciendo; el año pasado utilizamos el 28 % de la renta de las reservas, seguimos en déficit corriente”, subrayó la gerente de Prestaciones a través del canal de Nación Media.
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Modificaciones
Cubas hizo hincapié en la importancia de las inversiones que se realizan con los recursos de la previsional, ya que con eso se van a pagar las jubilaciones de los 800.000 aportantes actuales. También remarcó que las propuestas de modificación de la carta orgánica del IPS buscan mejorar la situación financiera del ente y asegurar la sostenibilidad del Fondo de Salud.
“Las propuestas de modificaciones básicamente son cuatro y ya fueron aprobadas por el Consejo de Administración a principios de este año, siendo enviadas al Poder Ejecutivo. Tratan de la extensión del periodo de referencia para el cálculo de jubilación”, detalló la funcionaria. El proyecto se encuentra actualmente en estudio en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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