Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.

“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.

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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.

El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.

“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hoy se procedió a la palada inicial de obras para el Centro Regional de Mujeres y el albergue temporal para mujeres en situación de violencia. Será el primer albergue en Alto Paraná y por el cual clamaban desde hacía mucho tiempo organizaciones de apoyo a mujeres violentadas y fiscalas en violencia familiar.

Con apoyo del Ministerio de la Mujer, la Gobernación de Alto Paraná realizará la obra con una inversión prevista de 2.468 millones de guaraníes. Constructora Dos Hermanos es la empresa adjudicada para la ejecución del proyecto que hoy comenzó oficialmente y tiene plazo de siete meses para concluir.

El lugar de construcción es el predio del gobierno departamental, donde una misma estructura edilicia tendrá dos partes; una para el Centro Regional, del Ministerio de la Mujer, y la otra para el albergue temporal.

Este sitio es para refugiar a las mujeres que denunciaron hechos de violencia de género o amenazas y requieren sitios seguros de urgencia, mientras se realizan las diligencias. Por eso es temporal.

“Salvar la vida a una mujer es salvar la vida de sus hijos, salvar la vida de su familia; invertir en la ciudadanía, en su capacitación, en su integridad emocional, es realmente incuantificable numéricamente”, sostuvo la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, con relación a la futura obra.

Aclaró que el futuro traslado del Centro Regional de su actual sede en el Área 4, se debe a la necesidad de ofrecer a las mujeres un lugar más accesible y eso lo tendrán en el predio donde se inicia la construcción.

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Por su parte, el gobernador, César Torres, indicó que “este proyecto es el primero en su tipo en el departamento, y su propósito es claro: proteger y brindar una nueva oportunidad a las mujeres que han sufrido violencia y necesitan un espacio seguro para recuperarse y reconstruir sus vidas”.

“Con esta palada simbólica, estamos abriendo las puertas a la esperanza para muchas mujeres que han pasado por situaciones difíciles. Aquí no solo encontrarán un techo, sino también el apoyo integral que necesitan para salir adelante. En Alto Paraná, ninguna mujer está sola”, dijo Landy Torres.

“Este es un paso fundamental para hacer de Alto Paraná un lugar más seguro y justo para todas nuestras mujeres”, agregó el gobernador. Asistieron también al acto los magistrados Efrén Giménez e Ybete Welter de Troes, vicepresidentes de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, además de juezas de primera instancia y de paz.

El Centro Regional de Mujeres y el albergue contarán con oficinas, salas de reuniones, espacios de capacitación, áreas de recreación para niños y dormitorios cómodos para las residentes. Tendrán áreas diseñadas para ofrecer atención psicológica, asesoramiento legal y un acompañamiento integral, brindando un entorno seguro y digno para quienes necesiten.

El albergue temporal será un refugio para mujeres y sus hijos, ofreciéndoles un espacio de protección en los momentos más difíciles. El objetivo es que no sea solo un refugio, sino un punto de partida para que las albergadas recuperen su autonomía y puedan iniciar una vida nueva, según se explicó en el acto.

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El Ministerio de Jus­ticia avanza en una reforma penitencia­ria para mejorar la seguridad y administración de las cár­celes, separando a procesa­dos y condenados. Con opera­tivos coordinados y reformas estructurales se busca forta­lecer la prevención de con­flictos y la reinserción social en los centros penitenciarios.

Nicora indicó que el traslado de los 13 reos, considerados de alta peligrosidad, es la con­tinuación del operativo Vene­ratio, que fue el punto de par­tida de un “nuevo modelo de gestión penitenciaria”, que fue planificado desde la asun­ción del gobierno del presi­dente Peña en agosto de 2023.

Este modelo tiene como obje­tivo reordenar y clasificar a los reclusos según su per­fil, separando a aquellos que representan mayores riesgos de los que no lo son, lo cual es clave para reducir los conflic­tos y las presiones que gene­ran las organizaciones crimi­nales dentro de las cárceles.

Uno de los componen­tes más destacados de este nuevo enfoque es la coordi­nación entre diversas fuerzas públicas, incluidas la Policía Nacional, las Fuerzas Mili­tares y el Ministerio de Jus­ticia.

“El Ministerio de Justicia no puede hacer esto solo”, ase­guró Nicora en entrevista con GEN/Nación Media, expli­cando que estos operativos requieren la participación del Consejo Nacional de Defensa, compuesto por el Ministe­rio del Interior, el Ministe­rio de Defensa, la Senad, y la Secretaría Nacional de Inte­ligencia, entre otras institu­ciones. Esta coordinación tiene como objetivo princi­pal garantizar el éxito de las operaciones que deben estar altamente planificadas.

Recientemente, se llevó a cabo un nuevo opera­tivo denominado Sombra, durante el cual fueron tras­ladados 13 reclusos de alto perfil de tres centros peni­tenciarios situados en las fronteras del país. Los tras­lados tuvieron como des­tino la nueva penitenciaría de Minga Guazú, en Encar­nación, así como otras ins­tituciones penitenciarias en Pedro Juan Caballero y Ciu­dad del Este.

Nicora explicó que estos ope­rativos tienen un enfoque preventivo, ya que se busca evitar que los reclusos de alto perfil ejerzan presiones y generen conflictos dentro de los centros penitencia­rios. El ministro hizo hin­capié en que “la prevención es la clave”, ya que es mucho más efectivo evitando que los conflictos exploten que tener que resolverlos una vez que se desatan.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que el objetivo es aumentar y tener más opciones en los programas de reinserción de las personas privadas de libertad (PPL) en el sistema penitenciario del país. Para este efecto, se involucra tanto al sector privado como también a las instituciones públicas.

“Nosotros, en todo este tiempo, lo que buscamos justamente es aumentar y tener más opciones en los programas de reinserción dentro el sistema penitenciario. Eso lo estamos logrando con el sector privado, pero también con las alianzas interinstitucionales”, expresó Nicora, este domingo, en conversación con la 1020 AM.

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Entre estos programas, citó el convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Alto Paraná, bajo la administración de César “Landy” Torres, firmado al inicio de este mes de octubre. En este acuerdo, las personas privadas reparan y fabrican muebles que serán entregados a las instituciones educativas de este departamento.

“El programa que tenemos convenido con la Gobernación es la fabricación y el arreglo de pupitres para el sistema escolar y la provisión de insumos, el trabajo, más el lugar de espacio convenido con la Gobernación es lo que nos ayuda a nosotros a producir estos pupitres y sillas que van a ir parando en las distintas escuelas de la zona de Alto Paraná”, comentó.

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Destacó que este tipo de programas, además de ser un gran incentivo para estas personas, cuenta con un gran impacto social. Detalló que, actualmente para el Estado, un preso cuesta alrededor de G. 1.500.000 a 1.800.000 por mes, y con el trabajo realizado también generar ingresos.

“Las personas privadas de libertad se entusiasman porque no es solamente un trabajo para un ingreso, sino tiene un valor social muy alto también, porque estamos de alguna manera empezando por el origen muchas veces de este problema social que tenemos de la gran cantidad de personas privadas de libertad en el sistema, que es la educación”, dijo Nicora.