En el marco del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el Ministerio de Justicia otorgó certificados de libertad a 18 personas que se encontraban recluidas en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, a partir del seguimiento procesal implementado el miércoles pasado para separar reclusos condenados y procesados, para el traslado al recientemente habilitado Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
De acuerdo con el informe del ministerio, ocho de las personas fueron liberadas por compurgamiento de pena mínima, y otras diez personas recibieron el certificado de libertad por medio de la coordinación de Justicia Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo de Lilian Luraschi. “Este es el trabajo que se quiere instaurar desde el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional”, expresó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
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“Con estas iniciativas, el Ministerio de Justicia busca que las PPL tengan el derecho garantizado de acceder a la justicia y servicios básicos que ofrece el Estado para todos los ciudadanos, y, en consecuencia, impulsar una política criminal más justa en coordinación con todas las instituciones”, señalan desde el Ministerio de Justicia en comunicaciones en redes sociales.
El procedimiento estuvo acompañado por el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol, y funcionarios del Ministerio de Justicia. Como así también de jueces de garantías, sentencias y ejecución de las diferentes circunscripciones, defensores públicos, de garantías y ejecución y, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que realizó la entrega de carnets indígenas.
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Ministerio de Justicia y Fiscalía cooperan para eliminar esquemas extorsivos en cárceles
El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público realizan un trabajo conjunto para la investigación de agentes penitenciarios involucrados en hechos punibles de corrupción, llamadas extorsivas y venta de insumos dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ayer jueves, en una serie de procedimientos fueron detenidos el agente Jorge Ávila y el exguardiacárcel Esteban Ibarra Gómez, desvinculado en enero pasado tras el operativo Veneratio.
“No podemos continuar con esta ola de inseguridad que afecta a la ciudadanía y que se genera dentro del sistema, entonces estamos empezando a hacer estos trabajos finos con el acompañamiento del Ministerio Público”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, acerca de estas acciones.
El secretario de Estado explicó cómo se dieron las intervenciones y los operativos desarrollados ayer jueves, encabezados por la fiscal Alicia Sapriza, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia. “El operativo empezó temprano y tuvo dos partes. En primeras horas de la mañana, la doctora Alicia Sapriza con una comitiva fiscal-policial hizo dos allanamientos en dos viviendas de estos dos funcionarios, una en Villa Elisa y otra a media cuadra de la Penitenciaría Nacional (Tacumbú)”, detalló Nicora.
Según detalló la fiscal Alicia Sapriza, los sospechosos facilitaban y prestaban servicios para el ingreso irregular de celulares y mercaderías en la cárcel, así como la recarga de saldos o transferencias a los internos que operaban un esquema de estafa y extorsión a través de las llamadas telefónicas.
Los allanamientos
Este primer allanamiento consistió en el registro del inmueble con el acompañamiento de la Policía para buscar elementos vinculantes para una causa penal. “La causa penal es la continuidad, el remanente digamos del operativo Veneratio, donde justamente se busca encontrar elementos en referencia a funcionarios o agentes penitenciarios que estén siendo parte de una estructura criminal dentro del sistema”, señaló el ministro.
En esa línea investigativa se realizaron los primeros dos allanamientos y posteriormente en un trabajo interinstitucional de facilitación de la investigación se constituyó la agente fiscal en la Dirección General de Establecimiento Penitenciario y la Dirección de Monitoreo. En este último se cuenta con videovigilancia y todos los elementos tecnológicos probatorios para recabar más datos que apoyen a la investigación.
La misma situación se dio en la Dirección de la Penitenciaría de Tacumbú, también para recabar toda la información necesaria en el marco de esta investigación. “Esas tres constituciones fueron con el acompañamiento y el total apoyo del Ministerio de Justicia”, apuntó Nicora.
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Sanear el sistema penitenciario
Finalmente, expresó que el trabajo no es fácil, ya que se cuenta con 20 centros penitenciarios en el país, con más de 1.900 funcionarios, agentes penitenciarios, y el trabajo se debe realizar día a día; sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se están dando señales.
“Lo bueno son estas señales que nosotros damos como institución, de que aquí estamos buscando la firmeza para realmente buscar sanear y diferenciar a ese funcionario, agente comprometido con la institución, pero así también estamos trabajando en darles las herramientas adecuadas”, sentenció.
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Funcionarios penitenciarios fueron capacitados en Brasil
Un grupo de funcionarios penitenciarios fueron capacitados a través de una alianza entre la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito (UNODC), la Secretaría de Estado de Justicia de Espírito Santo (SEJUS) y la Policía Penal del Estado de Espírito Santo (PPES), Brasil.
Estos funcionarios recibieron la capacitación en técnicas operativas y procedimientos penitenciarios del Ministerio de Justicia de Paraguay, en un curso intensivo de dos semanas, incluyendo materias teóricas y prácticas. El grupo de funcionarios se graduó el pasado viernes y serán puestos a disposición de los centros penitenciarios.
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El Ministerio de Justicia informó que, además del curso intensivo recibido, realizaron visitas a varias penitenciarías, a fin de adquirir experiencia en el marco de esta capacitación.
“La Academia de Policía Criminal (ACADEPPEN) hizo todos los esfuerzos posibles para recibir a los agentes, promoviendo el intercambio de experiencias positivas y fortaleciendo los vínculos entre las naciones”, destaca del Ministerio de Justicia.
El objetivo de la preparación de los agentes penitenciarios, por parte del Gobierno a través del Ministerio de Justicia es mejorar el sistema penitenciario y la construcción de un trabajo eficaz y humano de los profesionales involucrados en esta labor. Esta cartera del Estado viene realizando un intenso trabajo con la finalidad de capacitar y entrenar a los agentes penitenciarios a fin de implementar un cambio en el sistema de custodio de la población penal.
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Tobilleras electrónicas: Estado absorberá gastos en caso de insolvencia del procesado
La ley de tobilleras electrónicas ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo y se ha iniciado el proceso de licitación para la adquisición de las mismas. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que están establecidas las condiciones en las que personas podrán acceder a esta medida alternativa a la prisión.
“En los casos en que la persona pueda correr con los gastos, lo va a hacer de manera particular, en aquellos casos en los que tengamos a una persona que no tenga la solvencia necesaria, el Estado se hará cargo”, confirmó Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, quien indicó que las tobilleras tendrán un costo mensual de entre G. 1.200.000 y 1.500.000, teniendo en cuenta, que la utilización de los dispositivos requiere de personal capacitado, la tecnología y el mantenimiento de los mismos.
Cuando un procesado tiene la posibilidad de acceder a una medida alternativa a la prisión, el juzgado solicita una caución ya sea en bienes, inmuebles o dinero, esto de modo a garantizar el sometimiento de la persona al proceso. Si en este proceso se constata que la persona tiene condiciones económicas, deberá incurrir en el gasto de costear la tobillera, de lo contrario, el Estado se hará responsable, explicó.
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“Se ha establecido como requisito para el oferente (de las tobilleras) que tenga resistencia, que la duración de la batería sea por un determinado tiempo, que la recarga no implique un corte de comunicación, que tenga una garantía. El Estado no adquiere el producto, adquiere el servicio y debe ser garantizado el mantenimiento”, detalló.
El ministro aclaró que el dispositivo no es fácil de retirarse dado que tiene sus medidas de seguridad, cuenta con un cobertor mecánico recubierto por una goma específica. Toda la vulnerabilidad que pueda sufrir la tobillera, va a derivar en una alarma, avisando a la central que el dispositivo fue vulnerado”, sostuvo.
“El sistema funciona de dos maneras, por un lado el dispositivo avisa a la central del 911 que el cerco perimetral fue roto, pero por otro lado, la víctima recibirá una notificación, una alarma de que la persona sindicada está rompiendo su círculo, esto para buscar primero precautelar la seguridad de la víctima entonces esa persona también está en aviso”, señaló.
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Existe experiencia en países de la región como Argentina y Uruguay de que estos dispositivos funcionan, indicó Nicora a la 780 AM, y recalcó que los mismos funcionan mediante dos líneas de comunicación, con un chip y con una comunicación por frecuencia de radio. “Entonces si falla uno, funciona el otro”, manifestó.
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Gobierno apunta a “humanizar” el sistema penitenciario, afirma Nicora
El Gobierno “apunta a humanizar el tratamiento de las personas privadas de libertad”, promoviendo iniciativas para la inserción socio-laboral mediante alianzas con el sector privado, de modo a que se sientan útiles y puedan ayudar a sus familias, destacó este sábado el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, que asumió el cargo hace dos semanas.
En entrevista con la vocera presidencial, Paula Carro, el funcionario de gabinete explicó sobre la transformación de la política penitenciaria. “Esa es la realidad en la que en el día a día nosotros debemos movernos, gestionar y llevar adelante todas las políticas que tengan que centrarse en el bienestar y en la reinserción social”, comentó Nicora.
Según cifras oficiales, el sistema penitenciario paraguayo está compuesto por más de 18.200 personas privadas de libertad, no obstante, las cárceles solo tienen capacidad para atender a unos 11.200 presos, situación que se busca descomprimir con infraestructura. “Tenemos tres nuevos centros penitenciarios, uno de ellos habilitado ya al 50 %, que es la Penitenciaria de Minga Guazú, que nos tocó habilitar hace dos semanas”, refirió.
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Sector privado
Nicora resaltó que la capacitación y la posibilidad de tener un oficio es lo que dignificará a las personas privadas de libertad, por lo que la alianza con el sector privado es clave. “Tuvimos ya la captación de una empresa privada que se dedica a la realización y confección de batas quirúrgicas bajo el régimen de maquila que nos va a permitir emplear a 70 personas privadas de libertad, son ejemplos claros de lo que hoy día ya se está haciendo, porque esta empresa también ya está trabajando en Ciudad del Este, con las mujeres privadas de libertad”, explicó.
El ministro celebró la voluntad del Ejecutivo de impulsar la “Estrategia Integral para Protección de la Familia”, teniendo en cuenta que la violencia hace que según precisó “vayamos llenando las cárceles de personas privadas de libertad”. “Hoy día tenemos una excelente relación con la Corte Suprema, con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Defensa Pública, tanto es así que ya firmamos memorando de entendimiento para los trabajos en conjunto que debemos llevar adelante”, comentó.
“Atender el síntoma nada más te va a llevar a una solución momentánea. Pero sí apuntamos realmente a dejar algo que tenga una firmeza y nos dé resultado a largo plazo. Es ahí donde apuntamos a una política criminal y penitenciaria que tenga sus efectos”, puntualizó Nicora.
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