La Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos tratará el caso del operativo Pavo Real II, que tuvo el objetivo de desarticular la organización de Jarvis Chimenes Pavão, que derivó en el allanamiento del domicilio del diputado Eulalio Gomes, el pasado 19 de agosto, situación en que se produjo su deceso.

El representante legal de la familia, el abogado Óscar Tuma, indicó que acudirán a la convocatoria de la CBI donde estarán presentando documentaciones de las operaciones realizadas por el extinto diputado y su hijo. “La convocatoria es exclusivamente sobre la causa de lavado de dinero. Nosotros tenemos todas las documentales, nosotros tenemos pericias realizadas donde claramente se determina de que no existe lavado de dinero”, expresó el abogado Tuma.

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Aseguró que todas las operaciones realizadas fueron autorizadas por las entidades bancarias. “Todas las operaciones financieras que hizo el diputado Lalo Gomes, que hizo su hijo Alexandre Gomes, se hizo dentro del sistema financiero del país, bajo los controles del BCP y los controles de la Seprelad. No existieron alertas y todas las operaciones fueron aprobadas”, aseveró.

Por otra parte, indicó que aprueba la convocatoria, ya que será una oportunidad para demostrar todos los documentos con que cuenta la familia y los representantes legales. “Nosotros vemos con buenos ojos, nosotros queremos que se sepa la verdad. Lo que yo estoy diciendo en cuanto a lo que dije, se sostiene con documentos, no son solamente manifestaciones, sino tenemos los documentos que muestran que todas las operaciones se hicieron dentro del sistema financiero de nuestro país”, dijo el abogado.

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Los dirigentes disidentes que conforman el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) llaman para este martes a una sesión extraordinaria con la finalidad de avanzar en el proceso de desdoblamiento de las elecciones internas de los comicios municipales, resuelto en la pasada convención del 6 de octubre.

El encuentro está previsto para las 17:30 y fue solicitado a la presidencia de Hugo Fleitas el pasado 25 de octubre. Mientras que el exgobernador de Cordillera tomó este último lunes la decisión de ignorar el requerimiento de sus correligionarios optando por convocar a una reunión del directorio para el próximo 5 de noviembre, señalando que la convocatoria prevista para hoy es totalmente irregular.

Sin embargo, los disidentes insistirán en sesionar y califican la postura de Fleitas como una “actitud inadmisible y alarmante”. A la vez sostienen que el incumplimiento deliberado de esta obligación constituye una “violación grave y consciente” del estatuto partidario.

“Hasta el momento de forma aviesa usted ha optado por ignorar estos pedidos. Su negativa no obedece a razones fundadas, sino a un claro intento de evitar el debate sobre cuestiones que usted no comparte. Le recordamos que los estatutos de nuestro partido no son meros ornamentos que pueden ser ignorados a discreción por quien ostenta el cargo de presidente ”, refiere la nota.

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El documento agrega: “Usted no tendrá el lujo de torcerlas, ni mucho menos imponer su voluntad por encima de lo que mandan nuestras normas internas y la mayoría del partido. Si usted persiste en su negativa deja en evidencia su incapacidad para liderar democráticamente el partido”.

La decisión tomada por la última convención extraor­dinaria de desdoblar las elecciones internas de los comicios municipales debe pasar primeramente por el Directorio partidario para que el Tribunal Electoral Partidario (TEI) pueda rea­lizar la convocatoria. De acuerdo a lo resuelto por las máximas autoridades partidarias las internas se deben realizar el 17 de agosto de 2025.

También durante el encuentro los sectores disidentes encabezados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo también analizarán la situación institucional, política y administrativa del PLRA, con la finalidad de establecer cursos de acción para zanjar la crisis interna.

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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez informó sobre el alta médica de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico” y el retorno a su lugar de reclusión en la cárcel de máxima seguridad en Minga Guasú. Días atrás, Insfrán fue trasladado a un centro asistencial en Ciudad del Este, por problemas gastrointestinales, donde estuvo internado para realizarse varios estudios clínicos.

El viceministro informó en comunicación con la radio 1020 AM, que todos sus estudios salieron con registros normales, por lo que ya recibió el alta médica y salió con las indicaciones de seguir el tratamiento con especialistas gastroenterólogos y nutricionista.

“El señor Insfrán ya está recuperado, y ya está de vuelta en la penitenciaría y se pudo descartar cualquier dificultad que pudiera tener en lo que respecta a su salud”, precisó.

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Benítez explicó que el mismo código de reclusión habilita al director de las penitenciarías a otorgar la salida de los reclusos, fuera de los centros penitenciarios, para recibir una atención médica más especializada. Sobre todo, cuando la vida del recluso corre riesgo, o no se cuente con las medidas necesarias para brindarle la atención médica dentro del penal.

“En este caso, de Miguel Ángel Insfrán, dos médicos del Ministerio de Justicia, más un médico cirujano que fue enviado por la jueza encargada del proceso del señor Insfrán, son los que determinaron que era necesario que esta persona requiriera una atención más especializada, por ende se solicitó su traslado a un centro asistencial”, indicó.

Agregó que la única persona que puede autorizar el traslado de las personas privadas de libertad, son los jueces encargados de sus procesos penales; salvo que exista la urgencia necesaria que debe ser documentada y firmada por el médico tratante. En el caso de “Tío Rico”, fueron tres médicos que coincidieron en la necesidad urgente de trasladarlo a un centro asistencial.

Confirmó, además, que Insfrán está sufriendo las consecuencias de una cirugía bariátrica que se había realizado años atrás, incluso antes de ser detenido por la Justicia. Precisó, que esta cirugía se realizó incluso antes de ingresar al Centro Penitenciario de Viñas Cué, donde fue recluido inicialmente.

“Tengo entendido que su cirugía fue en el año 2020, y que desde entonces viene arrastrando complicaciones posteriores. Por ello, es constantemente evaluado por médicos y nutricionistas; hasta que en las últimas semanas se estuvo realizando análisis médicos y que fueron justamente esos resultados los que determinaron que estaba descompensado y necesitaba una atención más especializada y ser trasladado a un centro asistencial”, acotó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, ordenó que la Policía Nacional disponga de efectivos para custodiar a la exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón. La decisión de la cartera estatal fue dada a conocer por su abogada Cecilia Pérez, este jueves mediante sus redes sociales oficiales.

La decisión surge tras la medida adoptada por el actual titular de la Senad, Jalil Rachid, quien expresó que se debió a una cuestión “estrictamente operativa” y no política. Agregó que para su cartera se vuelve necesario disponer con la mayor cantidad de sus recursos humanos para llevar adelante los trabajos en el combate al narcotráfico.

Asimismo manifestó que la decisión no fue tomada de manera arbitraria alegando que previamente realizó consultas a los agentes que se encontraban a cargo de la seguridad de Rolón, si la misma sufrió algún incidente o amenaza fuera del ejercicio del cargo.

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Detalló que la normativa del agente especial de la Senad en su artículo 66 establece que la custodia para un exministro tiene un plazo máximo de dos años, otro de los aspectos que fue considerado para el retiro de personal de seguridad.

Rolón había denunciado amenazas en tiempos en que se desempeñaba como ministra. La misma es sindicada como sospechosa de haber avalado las filtraciones de datos confidenciales de la Senad al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.

El caso guarda relación con A Ultranza, considerado como el mayor operativo desplegado en el Paraguay contra esquemas del narcotráfico. El mismo generó el procesamiento de más de una treintena de personas de alto nivel implicadas en el flagelo.

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