En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley del agente penitenciario. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su análisis. El objetivo principal es definir la política penitenciaria, la infraestructura y la tecnología de control de las cárceles.
La senadora Lilian Samaniego, en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que la situación de los agentes penitenciarios es precaria y de ahí la importancia de aprobar el proyecto. Resaltó, además, que esta instancia legislativa dictaminó por la aprobación con modificaciones.
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“Esta ley va a definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados. Es necesario humanizar esta carrera, respetando la institucionalidad”, expresó la legisladora.
El senador Derlis Maidana, miembro de la Comisión de Legislación, recalcó que el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario.
Asimismo, se busca establecer el procedimiento de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.
No serán fuerzas públicas
El senador Maidana dejó en claro que el proyecto contempla que el agente penitenciario tendrá derechos, deberes y prohibiciones. Acotó que el texto del Senado establece que el servicio general penitenciario será un organismo de régimen penitenciario que no va a integrar las fuerzas públicas, como reza en el artículo 172 de la Constitución Nacional.
Igualmente, el parlamentario Maidana destacó que la comisión se basó en dos informes de dos constitucionalistas, entendiendo que los agentes penitenciarios no pueden integrar las fuerzas públicas conforme al artículo mencionado de la Carta Magna.
Entre otros aspectos que contempla el proyecto, el senador manifestó que es necesario formalizar el ingreso a la promoción, permanencia y retiro de los funcionarios que cumplen estas labores.
Resaltó, además, que también incorporaron al proyecto las sugerencias relativas a las vacaciones, se establece el régimen disciplinario y sanciones.
Remuneraciones
El senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, argumentó el dictamen de aprobación con modificaciones de acuerdo a las sugerencias realizadas por el Ministerio Economía y Finanzas (MEF), en concordancia con el Ministerio de Justicia.
Entre las modificaciones planteadas, el parlamentario mencionó que los derechos y obligaciones de los agentes penitenciarios serán similares al régimen de la Policía Nacional, respecto a: salario, las jornadas laborales, las horas extraordinarias de trabajo, percibir bonificaciones por exposición al peligro, inseguridad y otros complementos.
El salario del agente penitenciario estará conformado por el sueldo mensual asignado en el Presupuesto General de la Nación igual a la matriz salarial de la Policía Nacional. Las bonificaciones, viáticos y otros beneficios de acuerdo a la estructura funcional del Servicio General Penitenciario.
Otro dato importante que mencionó el senador Osorio hace referencia al informe recibido de los representantes del MEF, sobre el impacto presupuestario adicional que tendrá el proyecto que sería de aproximadamente G. 2.000 millones por año.
Por su parte, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que es fundamental que estas personas puedan “tener una dignificación, especialmente en todo lo que tenga que ver con la exposición en materia de seguridad”, expresó el legislador.
Modificaciones
En el estudio en particular se plantearon varias modificaciones al texto que tenía media sanción de Diputados. En el acápite, el Senado aprobó mantener “Del agente penitenciario”, así como originalmente fue remitido.
En el artículo 3 se aprobó testar lo concerniente a que “los agentes penitenciarios no podrán tomar parte en actividades político-partidario, de proselitismo ni de sindicalización”. La propuesta fue presentada por el senador Derlis Maidana.
Por su parte, el parlamentario Gustavo Leite propuso incluir en el artículo 8 que los agentes penitenciarios puedan someterse obligatoriamente a las pruebas de confiabilidad o polígrafo y cualquier otra tecnología que pueda surgir para medir la integridad de sus miembros.