La Contraloría General de la República lleva adelante exámenes de correspondencia a funcionarios del gobierno de Mario Abdo. Desde la Dirección de Declaraciones Juradas recordaron que esta serie de análisis ya comenzó en el 2019 a pedido del Congreso y ya había desencadenado denuncias ante el Ministerio Público ante inconsistencias e indicios de hechos punibles.

“Iniciamos con ese pedido de realizar exámenes a los más altos cargos, la primera denuncia que hicimos fue en el año 2020 de los ministros del Poder Ejecutivo que cuando eso, estaban en función incluso y cuando eso hemos remitido al Ministerio Público y posterior a eso, hemos remitido una cantidad importante”, expuso Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas.

En paralelo, a pedido del Consejo de la Magistratura se realizan análisis a las declaraciones juradas de jueces y fiscales y a la par las solicitudes que se efectúan desde el Ministerio Público, a los cuales se les da prioridad debido a los plazos con que cuentan en el marco de las investigaciones que encabezan.

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“La ley exige a la Contraloría realizar examen de correspondencia a todos los funcionarios públicos, pero como es una cantidad inmensa que son aproximadamente 300.000 en el país, para nosotros es imposible realizar esa cantidad de exámenes por lo cual hemos tomado algunos criterios desde hace un tiempo de realizarlos ya sea en los cargos más altos por pedido fiscal, jurisdiccional o por denuncias”, explicó Torres.

En contacto con la 650 AM, el director mencionó que la Contraloría está desarrollando junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) un software de modo a poder acceder a información de las instituciones públicas y privadas con el fin de poder cruzar los datos contenidos en las declaraciones de bienes de los funcionarios.

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