Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las oenegés que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso, que será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación Media

“Hoy se abre un camino hacia la transpa­rencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillona­rias inversiones. “Este es un curro de USD 800 millo­nes al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los USD 775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investiga­ción invirtió en nuestra edu­cación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no des­cartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la dis­tribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Inves­tigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacio­nal de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado pro­yectos relacionados con la mejora de la infraestruc­tura educativa, la forma­ción docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garan­tizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios proble­mas educativos. Más del 65 % de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resulta­dos son aún más alarman­tes: solo el 13 % supera los niveles mínimos estable­cidos por las evaluacio­nes internacionales como PISA. Además, los docen­tes enfrentan graves difi­cultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en con­diciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situa­ción de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministe­rio de Educación y Cien­cias (MEC), más del 30 % de las escuelas públicas tie­nen infraestructura pre­caria, y un 20 % no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones ade­cuadas. Además, el aban­dono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10 % de los estudiantes no culminan la educación pri­maria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capa­citación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limi­tado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos inno­vadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estu­diantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recur­sos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las oenegés a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado pro­yectos como el programa de primera infancia Abrazo, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabili­dad, y la dotación de tecno­logía para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magni­tud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posi­bles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacio­nal. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado signi­ficativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la efi­cacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irre­gularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los progra­mas de inversión educativa para que realmente bene­ficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la trans­parencia parece abrirse con fuerza, y el escruti­nio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en benefi­cio del futuro de Paraguay.

El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Ferreira, calificó como “un gran paso” la propuesta planteada por el gobierno de Santiago Peña que apunta a elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con la finalidad de resguardar las finanzas de la institución. Agregó a la vez que de lograrse la vigencia de la iniciativa se terminará con una “gran cantidad de injusticia”.

“Esto es un gran beneficio para el que es honesto y es una advertencia para el que quiere hacer trampa. Para mí esto es un gran paso que tenía que haberse dado hace tiempo”, sostuvo en una entrevista con la 1020 AM. Ferreira manifestó que hoy en día la previsional debe ser una de las últimas cajas jubilatorias del mundo donde el cálculo para percibir la jubilación se realiza promediando los 3 últimos años de aportes (36 meses).

“Muchos sistemas jubilatorios comenzaron con 3 años de promedio, pero muy pronto se dieron cuenta de que daba lugar para que la gente haga trampa. Nuestro actual cálculo genera una gran cantidad e increíbles injusticias”, indicó. Las afirmaciones de Ferreira surgieron teniendo en cuenta la llamada “avivada” que realizan algunos empleados con la anuencia de los empleadores en no sincerar sus aportes.

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Ferreira resaltó que otro de los puntos importantes del proyecto de ley que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social se centra en que el 9 % de las recaudaciones proveniente de los trabajadores y el 16 % proveniente de los empleadores se quede en la institución.

“Actualmente esta plata ingresa en el IPS, pero un 9 % de lo recaudado luego vuelve a salir y es remitido al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud. Se usa el aporte del IPS también como una recaudación de impuestos y este gobierno propone que no. Ahora con esta iniciativa se establece que esos recursos queden ya en el instituto de manera a poder fortalecer el fondo de salud, esto es muy importante porque el fondo de salud está reventado, está difícil de sostener y desde hace unos 15 años gobierno tras gobierno se han tirado la pelota”, dijo.

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