Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.