La gestión del presidente Santiago Peña asestó golpes importantes contra la inseguridad, pero hay un camino por recorrer. Esta misión se desea enfrentar con nuevos enfoques y una significativa inversión, afirmó en esta entrevista el contralmirante (SR) Cibar Benítez, titular del Consejo Nacional de la Defensa (Codena).

-¿Cuál es la visión al respecto de la seguridad?

Que es la condición básica que permite el desarrollo y el bienestar. Que el foco de la seguridad está en la gente, en su libertad y en la protección de sus bienes, tanto individuales como colectivos.

Los desafíos de la defensa y seguridad nacionales ya no se limitan a conflictos entre naciones, sino que implican conflictos internos que requieren una coordinación entre todas las instituciones del Estado, así como una relación de apoyo mutuo entre países para hacer frente a amenazas comunes, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de dogas y sustancias ilícitas, entre otros, con sus implicaciones en la seguridad del Estado.

-Y la inseguridad ciudadana, la que se vive en el día a día..

La inseguridad ciudadana es la más sentida, generalizada y cotidiana. Ante este contexto, tanto a nivel nacional como internacional, deviene lógico adoptar una visión integral de la seguridad, con un sentido de cooperación entre las diferentes agencias nacionales e internacionales.

Esta visión se traduce en una modernización y complementariedad de los órganos con responsabilidad primaria y de base en la seguridad, que abarca varios aspectos claves, incluyendo una inversión significativa en tecnología y logística, en capacitación y profesionalización del personal, en una mejora de las condiciones laborales, así como la inclusión de un mayor número de efectivos y la promoción e inclusión de mujeres en el ámbito de la seguridad.

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-¿Cuál era el estado del sistema de defensa al iniciar la gestión?

El punto de partida del nuevo gobierno en el área de seguridad era desafiante y requería una acción inmediata y coordinada. Por un lado, nos enfrentamos a una creciente ola de inseguridad, con un promedio de 8 denuncias diarias de asaltos violentos y una normalización del sicariato en un contexto de impunidad.

-En cuanto al sistema penitenciario, ¿cuál es el panorama?

El sistema penitenciario presentaba graves deficiencias, con un alarmante hacinamiento en todos los centros de reclusión, en los que las bandas de la delincuencia organizada controlaban la situación y reclutaban nuevos miembros. La población carcelaria, predominantemente joven, con altos índices de reincidencia delictiva, evidencian la falta de efectividad en la rehabilitación.

El debilitamiento institucional al que llegó el sistema penitenciario permitió la conformación y fortalecimiento, dentro del sistema, de una especie de Estado paralelo gobernado por criminales y narcotraficantes. El descuido y abandono del sistema penitenciario ha tenido consecuencias devastadoras en la seguridad ciudadana, fomentando el aumento del microtráfico, el consumo de drogas y el narcotráfico.

De hecho, el consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes es alarmante, con cifras significativas de consumo de drogas ilícitas y alcohol. Esto vuelve fundamental el abordaje de estos desafíos desde otras perspectivas, como programas integrales de prevención y tratamiento para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra población.

-¿Los brazos caídos en el control fueron aspectos determinantes también?

El debilitamiento institucional se vio exacerbado por la flexibilización de los sistemas de control, como lo evidenció la Resolución 142 de la Senad en el 2020, que resultó en el cierre permanente de la DIAFT y la liberación del control de los puertos privados. Esto permitió que grandes cantidades de drogas pasen desapercibidas por los controles de las autoridades competentes (solamente entre enero 2020 hasta setiembre 2022 se incautaron de 47.538 kilos, más del 90 % de ellas fueron incautaciones internacionales que pasaron sin ser detectadas por los controles nacionales).

Como resultado, en pocos años, el país se ha convertido en un corredor para el tráfico de drogas y un facilitador del crimen organizado, lo que ha llevado a una penetración significativa de este último en la sociedad. Esta situación sumaba a la ya existente falta de seguridad en las calles, creando un entorno preocupante para todos los ciudadanos.

-Ante esta situación crítica, el presidente, al empezar la gestión, ¿plantea la reactivación de Codena?

Creo que el punto de inflexión, en el ámbito de la seguridad ciudadana y del Estado, se dio apenas dos días después de asumir su mandato. El presidente había convocado al Consejo de Defensa Nacional (Codena), invitando a participar de aquella primera sesión, a por lo menos diez representantes de otros ministerios, direcciones y agencias que de alguna manera debían colaborar en lograr una mejor condición de seguridad protegiendo a la ciudadanía en general, sin descuidar su rol misional.

En aquella oportunidad bajó la línea en el sentido de que una de las prioridades de su gobierno sería la seguridad, junto con la educación, la salud y el trabajo digno.

-Cuando se habla de seguridad se habla de un enemigo que tiene enormes recursos, ¿cómo se plantea el financiamiento?

En cuanto a las inversiones, se destinarán más de USD 90 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, con aproximadamente USD 40 millones adicionales para invertir en recursos humanos para la seguridad ciudadana y el orden público.

Además, se asignarán aproximadamente USD 9 millones para tecnología en la Senad, específicamente y, alrededor de USD 200 millones en inversiones en tecnología y recursos humanos para las fuerzas militares, con el objetivo de controlar mejor la integridad del territorio y combatir con fuerza al crimen organizado y el terrorismo.

-Un reclamo de siempre es la propia mejora de la Policía Nacional y de las FF. AA. en su organización, formación y control interno

La modernización constante de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir.

Se llevará a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. La formación con filosofía comunitaria y el mejoramiento de las condiciones laborales, incluyendo incrementos salariales y servicios médicos especializados para las mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, también forman parte de esta visión integral de seguridad.

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