El procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue designado director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP) por el período 2024-2026. El procurador paraguayo aseguró que lo asume con mucho compromiso y muchas ganas de hacer bien las cosas durante su mandato.
A través de un video divulgado por la cuenta oficial de la PGR, González indicó que en Paraguay cuenta con rica experiencia que espera compartir con los países de la región. Igualmente, dijo que están con proyectos que esperan desarrollar, como ser la capacitación de los funcionarios abogados del Estado.
“Sabemos que hay problemas comunes que lo podemos encarar para encontrar mejores soluciones. La experiencia de Paraguay con la constitución del Consejo de Abogados del Estado es sin dudas un claro ejemplo de la realización de cursos de capacitación”, expresó.
Mencionó además que otro paso que buscarán a nivel regional es la constitución de un repositorio de precedentes administrativos y judiciales; que sirva a los abogados del Estado contar con una base de datos.
“Este precedente contribuye también con la seguridad jurídica y que para el servidor público sirva de base para entender cuál es el comportamiento que tiene que tener cuando administra la cosa pública y cuáles son las responsabilidades”, acotó.
Destacó finalmente que todos estos objetivos es de conocimiento de todos los ciudadanos y se enmarca dentro de la política del presidente de la República Santiago Peña; quien de manera muy clara tiene mucho celo y transmite mucha confianza, seguridad, y responsabilidad cuando les dice que cuiden el patrimonio de los paraguayos. “Los patrimonios del Estado no le pertenecen a ningún gobierno, le pertenecen a los ciudadanos”, concluyó.
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BCP cumple 73 años forjando estabilidad y solvencia
El Banco Central del Paraguay (BCP), celebra hoy 25 de marzo más de 7 décadas reafirmando el compromiso con la estabilidad económica nacional y la solvencia del sistema financiero local.
La banca matriz está de aniversario, 73 años de vida institucional en el país, reafirmando su compromiso con la estabilidad económica nacional y la solvencia del sistema financiero. Al respecto, el presidente de la banca, Carlos Carvallo, expresó que la institución fue establecida el 25 de marzo de 1952, marcando historia en el Paraguay y que lo seguirá haciendo.
“Estamos en un momento de celebración y homenaje a la historia de una institución que ha sido pilar fundamental en la estabilidad macroeconómica en el país. Reflejado en el hecho de tener una de las inflaciones más bajas que ha posibilitado tomar la decisión de reducir la meta de inflación hacia los estándares internacionales más rigurosos”, expresó.
El titular del BCP destacó que actualmente las tres superintendencias de; Bancos, Seguros y Valores, operan en el Banco Central aplicando estándares rigurosos de supervisión y regulación del sistema financiero ampliado. Al tiempo de valorar el reciente reconocimiento internacional hacia la innovación en los sistemas de pagos digitales desarrollados por el BCP, el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) y el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) que fueron fundamentales en el proceso de inclusión financiera en el país.
“Desde el Banco Central del Paraguay, estamos comprometidos desde hace 73 años con la estabilidad económica del Paraguay”, remarcó Carvallo. Una de las fortalezas más importantes de la banca es haberse mantenido autónomo e independiente del poder político de turno durante toda la trayectoria institucional, agregó.
Para el presidente de la banca, ese trabajo fue una tradición del ente por lo cual el mundo percibe al banco como una institución de Estado y no una de Gobierno, en la que las autoridades que ingresan tanto a la presidencia como al directorio, llegan con una visión institucional clara y con un conocimiento del rol del BCP, que es la de mantener una inflación baja y un sistema financiero solvente, eficiente e integro, acotó.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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ONU: Paraguay reafirma compromiso en promover igualdad de oportunidades para las mujeres
La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, presentó los trabajos que se desarrollan en Paraguay en favor de las mujeres en todos los ámbitos, ante el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, en Nueva York.
La titular de la cartera de Estado tuvo la oportunidad de participar de la Mesa Ministerial Uno, correspondiente a los “Mecanismos nacionales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas: renovar el compromiso con la Plataforma de Acción de Beijing, dotarla de recursos y acelerar su aplicación, con miras a contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
La titular del Ministerio de la Mujer expresó que el Gobierno del Paraguay redobló sus esfuerzos por implementar soluciones efectivas e innovadoras para construir un país más justo e inclusivo. Reafirmó el sólido compromiso del país en promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, el desarrollo y la paz, puntualizó.
Explicó que la institución a su cargo dirige las acciones, con el fin de lograr la mayor eficacia en las políticas pertinentes al avance de las mujeres en un esfuerzo colectivo, para promover la igualdad, proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia contra las mismas en nuestro país.
Política pública para mujeres rurales
En otro momento de su exposición, la secretaria de Estado compartió ejemplos de buenas prácticas para acelerar la inclusión de las mujeres en programas públicos, como la política pública para mujeres rurales, que es articulada por el Ministerio de la Mujer, sumando como aliadas a mujeres rurales líderes de todos los departamentos del país.
Resaltó que esta política se trata de una Red Nacional de Mujeres que se desarrolla con apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objetivo de garantizar el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres rurales.
En este contexto, refirió que se impulsa el programa Kuñanguera Omimbiva “Mujeres que brillan”, que brinda capacitación y asistencia técnica a Mujeres Emprendedoras organizadas, tanto en el ámbito profesional como el productivo, focalizando los distritos priorizados por el sistema de protección social.
Figueredo señaló que otra de las acciones impulsadas por el Ministerio de la Mujer es el fortalecimiento de los Centros Regionales para Mujeres en las cabeceras departamentales; así como visibilizar la capacidad de producción a través de una plataforma digital a Mujeres Emprendedoras.
Prevención de violencia contra la mujer
También comentó los trabajos de la Mesa de Prevención de la Violencia contra la Mujer, como instancia interinstitucional que integra a actores clave del sector público para la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, desde la prevención, atención, contención y orientación para los casos violencia, teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres.
La ministra resaltó igualmente ante la ONU la Política Nacional de Cuidados que tiene Paraguay, con el objetivo de garantizar el bienestar y el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia y a las personas que cuidan, con la visión del cuidado como un derecho.
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