El procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue designado director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP). Foto: Archivo
Procurador general asume la dirección ejecutiva de la ALAP
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue designado director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP) por el período 2024-2026. El procurador paraguayo aseguró que lo asume con mucho compromiso y muchas ganas de hacer bien las cosas durante su mandato.
A través de un video divulgado por la cuenta oficial de la PGR, González indicó que en Paraguay cuenta con rica experiencia que espera compartir con los países de la región. Igualmente, dijo que están con proyectos que esperan desarrollar, como ser la capacitación de los funcionarios abogados del Estado.
“Sabemos que hay problemas comunes que lo podemos encarar para encontrar mejores soluciones. La experiencia de Paraguay con la constitución del Consejo de Abogados del Estado es sin dudas un claro ejemplo de la realización de cursos de capacitación”, expresó.
Mencionó además que otro paso que buscarán a nivel regional es la constitución de un repositorio de precedentes administrativos y judiciales; que sirva a los abogados del Estado contar con una base de datos.
“Este precedente contribuye también con la seguridad jurídica y que para el servidor público sirva de base para entender cuál es el comportamiento que tiene que tener cuando administra la cosa pública y cuáles son las responsabilidades”, acotó.
Destacó finalmente que todos estos objetivos es de conocimiento de todos los ciudadanos y se enmarca dentro de la política del presidente de la República Santiago Peña; quien de manera muy clara tiene mucho celo y transmite mucha confianza, seguridad, y responsabilidad cuando les dice que cuiden el patrimonio de los paraguayos. “Los patrimonios del Estado no le pertenecen a ningún gobierno, le pertenecen a los ciudadanos”, concluyó.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recibió en la sede del Ministerio Público al procurador general del Estado, Marco Aurelio González. Foto: Gentileza
Procurador pide colaboración de la Fiscalía para hechos que involucren el patrimonio estatal
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.
“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.
“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.
Capasa presentó una demanda contra sus antiguos abogados por daños y perjuicios
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El procurador general Marco Aurelio González, en compañía del presidente de Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), José Ocampos, llegaron este martes hasta el Palacio de Justicia, en Asunción, para dar entrada a una demanda por daños y perjuicios contra abogados que dejaron caducar causas perjudicando así al Estado.
La empresa estatal acusa principalmente a su exabogado Miguel Ángel Peña de presuntamente dejar caducar causas civiles de manera premeditada, causando importantes daños materiales al Estado, por lo que mediante esta demanda exige una indemnización de 5.000 millones de guaraníes más intereses.
“La cadena de corrupción que existía es algo que queremos olvidar y que nunca más se presente. Queremos dar una señal muy fuerte a la ciudadanía de que aquel carnaval de abogados quienes dejaban que sus juicios prescriban en la función pública para repartirse dividendos con los abogados de la contraparte. Nunca más va a suceder”, indicó José Ocampos en conversación con el programa “2 en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ocampos afirmó que se realizaban acciones que no tenían ningún respaldo dentro de la empresa como, por ejemplo, préstamos a sus propios directivos y que quienes tenían que defender los intereses de la empresa no lo hacían para verse también beneficiados.
El titular de Capasa remarcó que las denuncias afectadas datan inclusive de hace diez años, buscando así cortar con la corrupción de larga data que viene dándose dentro de la estatal con el objetivo claro de limpiar la institución y lograr que se convierta en una marca aún más competitiva y prestigiosa con el sello de calidad y trasparencia que se busca implantar el gobierno de Santiago Peña.
Metrobús: suspensión fue un “capricho” que nos privó de obra de gran envergadura, asegura procurador
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El Estado espera que este año ya puedan resolverse las acciones judiciales y arbitrales en torno al metrobús, obra que fue suspendida durante el gobierno de Mario Abdo, pese a que existió un pago del 50 % del costo de la obra. Desde la Procuraduría General de la República, están confiados en que puedan obtener un fallo favorable para nuestro país.
“Nosotros estamos confiados porque tenemos sólidos argumentos, estamos tranquilos y esperamos un resultado favorable y aguardamos que así sea. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se demuestre que allí no se hizo nada mal y que todo obedeció a un capricho que nos privó de una obra de gran envergadura”, sentenció Marco Aurelio González, procurador general de la República.
En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, señaló que si no se presentan nuevas acciones dilatorias, este año se podría llegar a una sentencia respecto a la apelación que promovió nuestro país sobre la condena a Paraguay a pagar USD 13 millones, más intereses a la empresa Mota-Engil, que fue la encargada de la obra.
“Hasta diciembre eso representaba USD 17 millones, ahora más o menos estaría alrededor de los USD 20 millones. Nosotros recurrimos a la nulidad a ese laudo y eso está pendiente a resolverse en el Tribunal de Apelación porque todavía no hay resolución, es más, recién está en estado de exposición de la documentación y ni siquiera se llamó a auto para una sentencia”, explicó.
Paraguay solicitó una copia íntegra del expediente con más de 10.000 páginas, lo cual fue remitido y fue puesto a disposición de ambas partes. González recordó que por la obra se llegó a desembolsar la suma de USD 27 millones, y tras la decisión del gobierno de Abdo de poner fin a este proyecto, la empresa accionó y el Tribunal Arbitral exigió a nuestro país el pago de la millonaria suma.
Procuraduría sigue con litigio contra 30 ocupantes
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó la situación actual en la que se encuentra el caso Jardines de Remansito, referente a la recuperación de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional, ocupadas en Villa Hayes de manera irregular.
“Habíamos iniciado acciones en la Fiscalía contra 38 personas, de las cuales ocho han entregado su llave y seguimos litigando contra las personas restantes. Es para recuperar la posesión, se trata de acciones civiles e independientes de las acciones penales”, explicó ante los medios en el Senado.
González indicó que en el plano de la acción penal se investiga la vinculación o no de los ocupantes con hechos de asociación criminal, analizando posibles casos de lavado de dinero. Recalcó que estas acciones son independientes al proceso civil y ningún caso incide en el otro.
“Estamos tranquilos porque en la acción civil que llevamos, solo se discute quién tiene la legítima propiedad y es el Estado paraguayo. Ellos (los ocupantes) no han acercado un solo documento capaz de desvirtuar esa propiedad del Estado”, puntualizó el procurador general.