El senador colorado Derlis Maidana se pronunció a través de sus redes sociales, respecto al caso de filtración del documento confidencial enviado por el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, al Departamento de Estado; resaltando que solo vino a confirmar cómo el exembajador atropelló la soberanía de la República del Paraguay, aplicando sanciones injustas a los adversarios del gobierno de Mario Abdo.

El parlamentario compartió a través de sus redes sociales las publicaciones de La Nación/Nación Media, que hizo eco del documento que fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de prensa como Diario de las Américas o el periódico Clarín, de Argentina.

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En comunicación con La Nación, el parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield, solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador norteamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Paraguay es libre y se respeta” remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto. “No es bueno el precedente de que un embajador venga a sentar postura y tome bandos políticos y persiga a paraguayos, eso es un terrible atentado a la soberanía nacional, al Estado de Derecho”, remarcó.

Agregó que, desde la Cancillería Nacional, así como se hizo en el caso de las acciones de espionaje que llevó a cabo el gobierno de Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro y en otros casos, también en el caso del exembajador Marc Ostfield, deberá tomar las medidas necesarias para defender la soberanía del Paraguay.

“Valoro mucho la seriedad con que tomó el tema nuestra cancillería y el Gobierno de EE. UU. No es un dato menor la contundencia con la que el presidente Santiago Peña actuó con el exembajador Ostfield y la respuesta positiva y de apoyo que recibió del gobierno de EE. UU. con el cambio y la designación de un nuevo encargado de negocios”, remarcó.

Finalmente, resaltó que todos los paraguayos fueron testigos de la forma “circense” que tomó el exembajador para dar sus anuncios y tomar posturas en cuestiones políticas internas del Paraguay.

“Fuimos testigos todos los paraguayos de la manera inexplicable y circense de cómo el exembajador tomaba como arma política sus atribuciones como representante diplomático y ahora están saltando pruebas de eso. Porque los documentos en que se basó para sancionar a nuestros compatriotas son absolutamente inconsistentes según lo que se ha visto en esta filtración”, concluyó.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que ejerció la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que no hubo consenso en la declaración final de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno tal como se sostuvo. Paraguay y Argentina expresaron su disconformidad con el documento, aunque no se incluyó su postura en el mismo y se oficializó como adoptado por “consenso suficiente” de parte de 30 países.

Explicó que Paraguay manifestó puntualmente que no estaba de acuerdo con los términos de la declaración final y que por tanto no había consenso. “Ante los lamentables hechos acontecidos en la Cumbre, durante la cual la Presidencia Pro Tempore de la CELAC presentó la declaración de Tegucigalpa como aprobada por los 31 países miembros, en clara violación al procedimiento, Paraguay expresa firmemente su disconformidad ante lo acontecido y no otorga el consenso para la adopción del documento”, expresa la nota entregada a la mencionada Secretaria.

Además, “exige que dicha aclaración sea insertada en la misma” y deja sentado que “esta declaración no puede considerarse como emanada de la IX Cumbre de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno de la CELAC”. La Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que en ese momento ejercía Honduras, indicó que había “suficiente consenso” para la declaración de Tegucigalpa; dejando de lado la posición de Paraguay y de Argentina que no estuvieron de acuerdo con el texto final. La figura de “suficiente consenso” no existe en el derecho internacional.

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Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de la CELAC, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa en el marco de la IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y ante los retos actuales de la región, declaran:

1. Refrendar su compromiso por el fortalecimiento de la CELAC como el mecanismo de concertación política que integra a todos los países de la región y que tiene como base el acervo de las declaraciones adoptadas en las cumbres previas.

2. Resaltar la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial. De igual manera, rechazar la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional.

3. Afirmar su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino de un Estado de la región y recordando que el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer.

4. Subrayar la importancia de concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en los foros multilaterales en temas de interés común.

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5. Expresar su reconocimiento hacia la República de Honduras por el trabajo realizado en su calidad de Presidencia Pro Témpore (PPT) de la CELAC, destacando la celebración de reuniones de alto nivel para compartir esfuerzos y experiencias en materia de seguridad alimentaria, mujer, educación, café, energía, cooperación financiera, cambio climático y movilidad humana.

6. Reafirmar su voluntad por continuar el diálogo político para profundizar los lazos de cooperación de la CELAC con otros países y grupos regionales, reconociendo los avances realizados durante las reuniones convocadas por la PPT de Honduras al margen del 79.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

7. Dar la bienvenida a la República de Colombia como PPT del mecanismo (2025-2026) y reconocer sus prioridades identificadas para el trabajo de la CELAC; principalmente lo referente a: energía (transición energética e interconexión); movilidad humana; salud y autosuficiencia sanitaria; seguridad alimentaria; medio ambiente y cambio climático; pueblos indígenas y afrodescendientes; ciencia, tecnología e innovación; conectividad e infraestructura; fortalecimiento del comercio e inversión; delincuencia organizada transnacional; educación; igualdad de género, entre otros.

8. Refrendar su firme respaldo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyarla en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque integral de desarrollo.

“Lo peor es que se hayan puesto millones de dólares y que en estos momentos la obra esté como una ruina”, sostuvo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, al referirse sobre la paralización de las obras civiles para la maquinización del brazo Aña Cuá, costeado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El secretario de Estado indicó que el gobierno de Santiago Peña requirió al mandatario argentino, Javier Milei, durante su visita de Asunción, ayer miércoles; para concluir el ambicioso proyecto hidroeléctrico cuyas primeras tareas para las obras civiles iniciaron el 30 de junio del 2020.

“Necesitamos avanzar en estas obras y para eso se requiere de una definición final de la tarifa de Yacyretá. El problema que existe es que la entidad binacional con la tarifa actual no tiene los fondos suficientes para llevar adelante la conclusión del brazo Aña Cuá. Hay que terminar este proyecto y que sea autofinanciable”, manifestó a la 1020 AM.

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El proyecto Aña Cuá permitirá generar un 10 % más de energía y un ingreso de USD 80 millones para ambas márgenes. Actualmente ya se invirtieron un total de USD 200 millones y se requiere aproximadamente de USD 400 millones más.

La finalización del proyecto es prioritario para el Gobierno local, teniendo en cuenta la creciente demanda energética del Paraguay y la Argentina, como por la necesidad de generar ingresos en dólares. “Los argentinos no están muy interesados en poner recursos del tesoro, básicamente ellos casi que pararon cualquier tipo de obras públicas y apuestan a obras financiadas por el sector privado, entonces tenemos que ver cómo hacemos para terminar este brazo Aña Cuá”, refirió.

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El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.

La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

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Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.

También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.

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El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.