La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presenta­ron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de informa­ción de Seprelad donde tam­bién está imputado el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez.

Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enri­que Kronawetter, represen­tante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.

La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de ape­lación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tri­bunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agra­vio que la resolución apelada es infundada”.

Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el ape­lante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraor­dinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invo­cado”, indica parte de la reso­lución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.

Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realiza­ción de la audiencia de imposi­ción de medidas cautelares así como resolver las doce chica­nas más que aún faltan definir.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecre­tario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presi­dencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez pre­sentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magis­trada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtracio­nes de la Seprelad.

En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.

El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.

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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.

La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.

Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión ordinaria de este miércoles a 18 nuevos defensores públicos que ocuparán cargos en diferentes circunscripciones judiciales de nuestro país. Igualmente, los ministros de la máxima instancia judicial fijaron para el próximo 21 de noviembre el juramento de rigor correspondiente a los nuevos designados del Ministerio de la Defensa Pública.

En la sesión de la fecha participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel; Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, César Garay, Víctor Ríos, y Manuel Ramírez Candia.

La primera designada como flamante defensora pública fue la abogada María Patricia Villalba, quien tendrá que cumplir funciones en la Circunscripción Judicial de Boquerón. La misma fue propuesta por el ministro César Garay y tuvo el acompañamiento de todos los altos magistrados.

También fue designada la abogada Milagros Cynthia Fabiana Duarte Ayala en carácter de defensor público de Encarnación, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete en carácter de defensor público para Caaguazú, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson en carácter de defensor público de Caaguazú, de Circunscripción Judicial de Caaguazú.

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La lista de designados sigue con, Sheila Beatriz Duarte Romero en carácter de procurador de Pobres y Ausentes; defensor del Menor, Ruth María Antonella Báez Paiva en carácter de defensor público en lo Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital; Rafael Antonio Leiva Falcón en carácter de defensor público en lo Laboral de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón en carácter de defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital de la Circunscripción Judicial de la Capital.

También sigue con Silvana María Delgadillo Vester en carácter de defensor público en lo Tutelar del Menor de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez en carácter de defensor público en lo Correccional del Menor, de la Circunscripción Judicial de la Capital, y Ricardo José Candia Vera en carácter de defensor público del Fuero Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital.

Del mismo modo fue designado, José Luis Roa Ayala en carácter de defensor público para Luque, de la Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero – Circunscripción Judicial de Amambay; Fernando Luis Alberto Benítez Martínez en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero, de la Circunscripción Judicial de Amambay, y Mirian Elizabeth Cárdenas Yambay en carácter de defensor público de Carácter Nacional.

Por último, se designó a Ysidro Ramón Cuenca Paredes en carácter de defensor público en lo Penal del Segundo Turno de Hernandarias – Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Wildo Rubén Pereira Suárez en carácter de defensor público para Saltos del Guairá – Departamento de Canindeyú – Circunscripción Judicial de Canindeyú, y Antia Andresa Martínez Gómez en carácter de defensor público para Ñeembucú, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

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• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.