Un total de 124 jóvenes egresaron este viernes como nuevos agentes penitenciarios que pasarán a desempeñar funciones en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú (Alto Paraná), próxima a habilitarse. La ceremonia se realizó en el Comando de Artillería de las Fuerzas Armadas de la Nación, en la ciudad de Paraguarí, presidida por el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini.
“Son 124 egresados que hoy culminan esta etapa. Ustedes son el futuro del nuevo sistema penitenciario y el pilar sobre el cual se sostendrá este nuevo modelo de gestión”, expresó el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, e instó a los egresados “a llevar el compromiso, el valor, la responsabilidad, honestidad y la ética en cada una de sus acciones”.
Los nuevos agentes penitenciarios culminaron la primera etapa de un entrenamiento intensivo de seis semanas con la cooperación de las Fuerzas Armadas, que facilitaron sus instalaciones y personal, instructores y especialistas de la Policía Nacional y de cuerpos de bomberos.
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Segunda etapa
“Su labor será trascendental en el respeto, los derechos de las personas privadas de libertad; así como en la implementación de los programas educativos y laborales que promueven la reinserción y rehabilitación social, que es el fin principal de la imposición de una condena”, dijo Nicora.
La segunda etapa corresponde a la adquisición de conocimientos teóricos del manejo jurídico, la gestión documental y judicial, así como el respeto a los derechos humanos, en cuanto al tratamiento y bienestar de las personas privadas de libertad, pilares en los cuales se fundamenta el nuevo modelo penitenciario del Gobierno.
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Colegios de Policía en el interior del país son parte de la reforma, dice Riera
Dentro de la Jornada de Gobierno en Concepción, las autoridades nacionales visitaron las instalaciones de la Dirección de Policía de Concepción, donde se realizaron mejoras y la cual será una de las sedes del “Colegio de Policía”. El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que contar con una policía formada en su propio departamento será trascendente para un mejor servicio y una mejor calidad de vida de los agentes.
“Es una gran reingeniería para saber dónde están los policías y las escuelas regionales son la solución porque van a poder trabajar en su comunidad!”, expresó Riera. Asimismo, indicó que está en estudio un proyecto para cambiar el horario de trabajo de los agentes, estableciendo horarios de 8 horas.
“Si tenemos turnos de ocho horas vamos a tenerlos alertas, despiertos y con una vida normal. Este cambio en los horarios que en este momento está en Gabinete es lo que probablemente nos permitirá tener una policía mucho más acompañada por la comunidad, un policía reencontrado con su sociedad”, añadió.
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El ministro mencionó que actualmente los agentes trabajan ocho días de seguido y posteriormente, tienen una semana de descanso. En el caso de los que están en el Chaco, los agentes trabajan 15 días y luego descansan por este mismo periodo. Este mecanismo de trabajo es insostenible, afirmó. “No solo no dábamos abasto en cantidad, sino en el estilo y forma de trabajo”, aseveró.
Por otro lado, destacó la decisión del Gobierno por haber hecho posible una ley de reforma de la Policía Nacional, la cual permite que estos tengan una carrera y un mecanismo de ascenso, además de mejores condiciones para ellos y sus familias, pero también contempla sanciones para quienes incumplan las normas.
“Esta es la décima escuela y tenemos destinados USD 400.000 para las direcciones departamentales como esta. Vamos a invertir en las comisarías del interior, incorporar tecnología, mejorar el salario para los profesores de la Isepol, que de ganar G. 8.000 por hora cátedra ganarán G. 40.000. Está prevista una inversión de USD 92 millones para equipar a los policías que van a egresar y llegarán más patrulleras”, detalló.
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Ajustan plan para colocación de tobillera electrónica a 20 presos
Unas 20 personas privadas de su libertad utilizarán inicialmente las tobilleras electrónicas cuya implementación arrancará a fin de año. Su puesta en funcionamiento será gradual y conforme a lo estipulado en la legislación que prevé su uso para los procesados por hechos de violencia contra la mujer.
El suboficial mayor Javier Melgarejo, asesor jurídico de la Dirección de Seguridad o sistema 911, explicó el mecanismo para la selección de presidiarios que serán beneficiados con el uso de los dispositivos electrónicos.
“Conforme se está llevando el trabajo a finales de diciembre se podría implementar ya el dispositivo electrónico de control”, confirmó Melgarejo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Explicó que el propio Ministerio del Interior está liderando el proceso de aplicación de la ley y ya en breve se oficializará su vigencia.
“Estamos trabajando en los protocolos de implementación y de reglamentación, tanto dentro de la Policía como del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec) que es el organismo que estará a cargo de controlar la implementación del sistema de dispositivo electrónico”, puntualizó.
El policía aclaró que el Sistema 911 se ocupará del monitoreo y una vez que se active la alarma es la encargada de coordinar con las comisarías o el personal del Grupo Lince a los efectos de acudir y revisar la causa de la activación de la señal.
Un celular para la víctima
Así también dio detalles del alcance de la normativa. “Conforme a la ley vigente son las personas que están dentro del marco de un proceso ya sea imputada o procesada o condenada dentro del marco del Código Penal, Ley 1600 violencia doméstica y la Ley 5777/16 de protección contra toda violencia a la mujer”, remarcó.
Aclaró que el plan piloto prevé la aplicación gradual a partir del próximo mes con la instalación de 20 equipos de monitoreo de presos. En total en la primera etapa se contempla el uso de cien tobilleras que ya están disponibles para el uso.
“Se va a disponer de dos sistemas: uno que la persona portadora beneficiaria va a tener el equipo. Y también a la víctima de un caso de violencia doméstica se le va a dar un celular en el cual va a estar disponible un sistema informático que le va a permitir una vez que se active una alarma. Que esa persona se acerca a su domicilio y la víctima va a tener la oportunidad de entrar en el celular y revisar en simultáneo la ubicación del sujeto”, manifestó.
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Tobilleras electrónicas: realizan pruebas técnicas para elaboración de informe
El director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar, indicó que se realizaron las pruebas a los dispositivos de tobilleras electrónicas ofrecidos por cinco empresas. Explicó que estas verificaciones se dan para la realización de un informe final que será presentado al Ministerio del Interior antes de la adquisición.
“Ayer evaluamos técnicamente, probamos los cinco equipos de las cinco empresas en consorcios, vimos un poco como funcionaban y cuáles eran las virtudes de cada uno y en base a eso vamos a elaborar el informe técnico de quien se acerca más a lo que estamos solicitando”, dijo en entrevista a la 1020 AM.
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Escobar agregó que también fueron solicitados informes a estas empresas de cuántos dispositivos tienen desplegados en cada país donde están presentes, así como también se solicitaron datos a los países donde están operativos para conocer sobre su efectividad.
“No es comprar un lápiz de papel”
“Esta es una cuestión de seguridad, no es comprar un lápiz de papel, un bolígrafo, es comprar seguridad, así que tenemos que tener toda la seguridad desde la empresa que nos va a proveer, que sea líder a nivel mundial” apuntó el director del sistema de emergencia 911.
Sostuvo que se busca que la empresa o consorcio que brindará este servicio cumpla con todos los requisitos. “Nosotros necesitamos, por ejemplo, que una empresa que sea de tecnología esté logada a una empresa que tiene que tener experiencia en seguridad y experiencia en geolocalización, al cumplir esas tres patas nosotros nos aseguramos que el servicio sea lo más cercano a lo que estamos solicitando”, sentenció Escobar.
Este informe será presentado la próxima semana al ministro del Interior, Enrique Riera. “Tuvimos la prórroga de una semana para informar el lunes, el ministro está fuera del país y queremos entregarle en las propias manos al ministro toda la documentación y nos falta todavía la última parte de la evaluación”, puntualizó.
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Régimen cerrado es clave para dar estabilidad al sistema penitenciario, afirman
Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.
“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.
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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.
El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.
“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.