El proyecto de la “función pública y la carrera del servicio civil” fue aprobado con modificaciones por parte de la Cámara Alta y al respecto, el senador Mario Varela indicó que están conformes con el texto y dejó en claro que de aprobarse esta iniciativa, tendrá alcance para los funcionarios de los tres poderes, no únicamente en los que dependen del Poder Ejecutivo, como se dio a entender por ciertos sectores.

“Claramente dice el artículo N.° 3 que se aplicará también esta ley al Poder Legislativo y al Poder Judicial manteniendo su autonomía, lo que buscábamos con esta modificación es que la independencia de los poderes se garantice nada más, pero esta ley se va a aplicar, sin embargo, el que aplique esta ley no va a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sino va a ser el presidente del Senado, de Diputados y la Corte Suprema de Justicia con la atribución constitucional del poder administrativo que le otorga la ley”, explicó.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que están satisfechos con la ley aprobada puesto que es fruto de un trabajo en conjunto entre varios sectores, incluyendo a las representaciones sindicales de diferentes sectores. Varela afirmó que esta es una ley consensuada y que es fundamental para modernizar la gestión pública del Estado.

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“Es un requisito importante que tengamos una ley innovadora, transparente, que valore la meritocracia en la función pública. En esta ley, el concurso público de oposición es obligatorio, el único mecanismo de ingreso en la función pública será ahora a través de ese mecanismo. La anterior ley hablaba también de eso, pero abría la ventana con muchas excepciones por eso es que no se aplicaba casi el concurso público, ahora la obligatoriedad es una característica fundamental de esta ley”, sostuvo.

Además, en uno de sus artículos también es contundente respecto al nepotismo y en la modificación del Senado, quedó una redacción en la cual no se permitirá esta práctica y se eliminó el apartado donde se permitía la contratación de cónyuges, concubinos o parientes para casos excepcionales.

“Quiero resaltar que no se violan las garantías constitucionales de la libertad sindical, porque se habló de que esta ley la prohibía, pero eso no es posible porque la libertad sindical y de asociación es una garantía establecida en la propia Constitución, ninguna ley puede estar por encima de esa garantía constitucional, es importante aclarar eso porque mucho se rumoreó acerca de esto”, enfatizó.

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Además, esta ley contempla otros aspectos como el establecimiento de un límite para la contratación de asesores, los perfiles de los cargos en las instituciones, los mecanismo para el ascenso, entre otros aspectos que apuntan a la meritocracia en todas las instituciones del Estado, a excepción de aquellas que tienen leyes especiales como los militares, policías o docentes.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, se refirió al proyecto de ley que modifica el artículo N.° 135 del Código Penal que trata sobre el abuso sexual contra niños y adolescentes. Según explicó, esta iniciativa no solo endurece las penas, sino también realiza definiciones y aclara lagunas jurídicas que actualmente impiden la aplicación de sanciones duras contra los abusadores.

“Esto está en marcha, lo estamos trabajando y tiene media sanción en la Cámara de Senadores, trabajamos desde una mesa técnica que en el Senado estuvo liderando el equipo técnico del Ministerio de la Niñez. Esta es una cuestión de Estado, me tocó trabajar en las reuniones de trabajo y ahí no había distinción entre legisladores por su partido político, ese es un tema que nos unió a todos, todos nos pusimos de acuerdo” detalló.

Para la elaboración de esta modificación al Código Penal se convocó a juristas muy renombrados del sistema penal y de niñez y adolescencia, indicó a la 1020 AM y mencionó que esto será sancionado en cualquier momento, ya que esto ya fue analizado en ambas Cámaras y se ha realizado los ajustes correspondientes.

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“No es solo elevar las penas, todo lo que vimos que dificulta a los operadores de justicia al momento de aplicar las penas en casos de abuso sexual lo corregimos. Es una reforma del Código Penal y se elevan las penas, se agregan definiciones, establece cuestiones que generaban lagunas y hay un consenso para que pueda ser aprobada”, ratificó.

Gutiérrez aclaró que cuando se trata de menores, se considera abuso sexual a todo acto sexual que se realiza hacia un niño o frente a él, en los casos en los que el menor es inducido a hacerse a sí mismo, o hacia otras personas, no limitándose únicamente a la penetración. “No va a ser la única solución, pero sí es algo positivo”, manifestó.

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El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase manifestó que existen los votos necesarios para otorgar la media sanción del proyecto de reforma del servicio civil que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Yo estoy seguro de que existen los números para la aprobación. Hay muy poca oposición y si existen serán sobre algunos artículos particulares, pero en general casi todos los senadores estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley”, manifestó en una entrevista en el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Chase defendió a la vez exceptuación del Congreso Nacional y el Poder Judicial de la iniciativa que según sus afirmaciones no introduce cambios drásticos respecto a la Ley 1626 de la Función Pública, sino que se enfoca en mejorar la organización y hacer aplicable el sistema burocrático actual.

“Al final y a cabo menos del 3 % de todo el funcionariado público es del Poder Judicial y el Poder Legislativo. El 97 % de los funcionarios son del Ejecutivo. Sería inaplicable si fuera unificado, por ejemplo si hablamos de los tiempos de trabajo del sector docente, no se le puede aplicar 8 horas de trabajo cuando tienen un sistema de trabajo menor o mayor. Son todas situaciones particulares, el Estado es más complejo que un solo tipo de funcionario”, comentó.

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Además, el congresista aclaró que instituciones con normativas propias, como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector docente, también se encuentran excluidos de la propuesta.

“El proyecto de servicio civil excluye parcialmente al Poder Judicial y al Poder Legislativo en el manejo particular de la aplicación de la ley porque el rector de la política salarial sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas y con un criterio de independencia y equilibrio de los poderes es que el proyecto de ley tiene este análisis particular, dijo Chase.

Sus afirmaciones fueron respaldadas por su colega Mario Varela citando el artículo 3 de la Carta Magna que garantiza un equilibrio de poder y control recíproco. “Si existe una concentración total y absoluta de parte del Ejecutivo esto podría poner en peligro la autonomía total”, comentó.

En lo referente a las políticas salariales, refirió al programa “Arriba hoy” que el Ministerio de Economía y Finanzas continuará estableciendo los lineamientos, pero cada poder conservará la potestad de definir perfiles y tipos de asesoría en sus propios ámbitos. “Algunos reclamos son atendibles, especialmente en el tipo de cargos, que deben cumplir con requisitos de experiencia y competencias adecuadas”, refirió.

Asimismo, Varela abogó por la inmediata aprobación del proyecto sosteniendo que la actual ley es prácticamente inservible. “La ley actual 1626 es prácticamente inaplicable, tiene cientos de pedidos de inconstitucionalidad y varios de sus artículos ya no están vigentes, entonces la necesidad de la modernización de la gestión pública se impone y es una necesidad absoluta”, manifestó.

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La Cámara de Diputados aprobó con algunas modificaciones y aclaraciones el proyecto que establece cambios a los artículos N.° 128 y 135 del Código Penal respecto al abuso de niños. La iniciativa vuelve al Senado tras haberse elevado las penas y haber contemplado como agravantes a todo aquel que forme parte del círculo del menor.

“En el inciso primero del N.° 135 que se refiere a lo que sería donde no hay coito, donde hay un manoseo, eso queda con una pena de 5 a 18 años, eso fue aumentado”, explicó la diputada Rocío Vallejo en conversación con varios medios de prensa. Asimismo, se decidió rechazar la versión de la Cámara de Senadores en cuanto a la disminución de la pena en casos de coito para menores de 14 años.

En dicho sentido, los legisladores de la Cámara Baja decidieron mantener la pena vigente que establece 15 años de cárcel como mínimo y una máxima de 30 años. Por otro lado, el coito con un menor de 10 años, tendrá una pena de cárcel mínima de 20 años y una máxima de 30 años. Además, se amplió la cobertura de situaciones agravantes para estos casos.

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“Mencionaba solamente a los parientes o alguien con quien conviva, pero nosotros le agregamos a aquellas personas cercanas, es decir, aquellos que trabajan en la casa, amigos de los padres o de los hermanos, ampliamos algunos conceptos para abarcar a aquellos que frecuenten la casa porque lo que hay que destacar en todos estos casos de abuso es que estos se dan en un porcentaje altísimo en el ámbito familiar”, resaltó.

En cuanto al artículo 128, se realizaron aclaraciones en torno a la definición de lo que es coito, dado que había una laguna en ciertos casos de violación y fue incluida la penetración con objetos, detalló la legisladora. “Estas modificaciones, van a otorgar más claridad y entendimiento con respecto a la ley”, expresó durante la sesión la diputada liberal, Dalia Estigarribia.

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