La Cumbre de Poderes fue convocada por el presidente Santiago Peña y está fijada para este lunes 17. Respecto a este punto, el senador Mario Varela afirmó que es una medida correcta, teniendo en cuenta el contexto actual, es decir, en un momento en el que están en curso investigaciones de presuntos hechos de corrupción que vinculan a autoridades.

“Creo que es una decisión muy oportuna y necesaria en un contexto que es importante que las autoridades máximas de los poderes del Estado puedan dialogar, debatir, proponer ideas, algunas cuestiones legislativas que se puedan plantear para generar algún cambio positivo con el fin de fortalecer las instituciones democráticas”, expresó el parlamentario colorado.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el legislador precisó que ante estos hechos que están relacionados con integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), es sumamente importante que se tomen acciones, puesto que esta institución tiene la tarea constitucional de juzgar el desempeño de jueces y fiscales y la transparencia en sus funciones es vital para la credibilidad de la ciudadanía en la justicia.

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“Estoy más que convencido que esta convocatoria del presidente tendrá resultados positivos para plantear en la agenda política del país. Hay que ser prudentes por sobre todo, porque es una cuestión que debe estar dentro del ámbito de la investigación técnica jurídica de la Fiscalía, que tiene el monopolio de la investigación y construcción de cualquier situación que genere dudas o sobre cualquier denuncia”, expuso.

No obstante, Varela dejó en claro que este llamado a la cordura y la calma no significa no darle la importancia que se merece este caso, sino todo lo contrario. La muestra de que el Gobierno y sus autoridades están empeñadas en investigar y transparentar este caso es la convocatoria a esta cumbre, sostuvo. “Esta reunión tripartita será de mucha utilidad para ir sacando conclusiones”, añadió.

La Cumbre de Poderes está marcada para las 8:00 de este lunes y están convocados en el Palacio de Gobierno los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.

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“Hay que tomar acciones para el mejoramiento de la institucionalidad, establecer protocolos que puedan generar mayor credibilidad”, expresó el senador Mario Varela abogando por la concreción de una mesa de trabajo entre los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Todo lo que está pasando es un toque de atención, no puede ser tomada a la ligera. La imagen del JEM hoy está muy golpeada, no podemos negar eso. Amerita un diálogo institucional entre la Corte y el Jurado para mejorar la justicia y fortalecer la imagen de credibilidad”, remarcó el legislador, quien se desempeña como miembro titular del JEM, mediante una entrevista con la 1080 AM, tras la filtración selectiva de supuestos chats del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto pasado, con su colega Orlando Arévalo.

“Nosotros debemos ir optimizando y mejorando el servicio de justicia. Estamos en una etapa incipiente de trabajo técnico y jurídico, pero necesariamente debemos tener algunos mecanismos que deben ser aplicados. No puede, por ejemplo, un magistrado enjuiciado, denunciado, solicitar una audiencia y que cualquier miembro le pueda recibir así nomas”, comentó Varela. “Se deben buscar mecanismos de transparencia que el control sea mayor. Creo que ha sido importante por ejemplo la transmisión en vivo de las sesiones del JEM que anteriormente no existía, pero esto es insuficiente, el hecho de hacer público la liberación de las causas”.

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Por otra parte, Varela dijo que en una ocasión recibió una llamada de un número desconocido de una persona quien se identificó como Lalo Gomes. Detalló que, en esa ocasión, le mencionó sobre un expediente relacionado a la agente fiscal Katia Uemura, a quien el político de Amambay la calificó como una persona “eficiente”.

“Aclaro que nunca tuve una amistad con Lalo, no lo conocí personalmente. Lo habré visto en reuniones casuales, pero nunca jamás intercambiamos mensajes. En esa ocasión, yo le contesto que no había accedido al expediente y le trato de dar una respuesta genérica, diciéndole que vamos a aplicar lo que corresponda. Él me hablaba sobre la posibilidad de archivar la denuncia contra Uemura, pero yo voté por la apertura de una investigación. Fue la única vez que recibí una llamada de esa persona que se identificó como Lalo Gomes, yo no tengo su contacto”, detalló Varela.

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El gobierno argentino anunció que buscará eliminar la figura de “femicidio” de la ley penal, que agrava la pena de los homicidios a mujeres por motivos de género, tras la crítica del presidente Javier Milei a esta categoría. “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su cuenta de la red X.

Milei consideró que la figura de femicidio legaliza “de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, en un encendido discurso brindado en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). El femicidio es la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre por motivos de género y está arraigado en un “sistema social que (...) preserva los órdenes sociales de poder, control y opresión de varones a mujeres”, explica en su sitio web el Ministerio Público Fiscal argentino.

La figura se implementó, aunque no de forma explícita, en 2012 a través de una ley que modificó el artículo 80 del Código Penal argentino para criminalizar de modo agravado la conducta de un hombre que da muerte a una mujer mediando la violencia de género. “El hecho de matar a una mujer no te introduce directamente en el femicidio, sino que la tenés que haber matado en su condición de mujer: la mataste porque es mujer”, explicó a la AFP el abogado penalista, Gastón Francone.

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“Ese agravamiento, que tiene de pena perpetua, es diferente a matar a un hombre por su condición de hombre”, dijo Francone, quien señaló que la pena máxima para un homicidio sin agravantes es de 25 años, pero la prisión perpetua recibida por un femicidio puede llegar a 50 años. Para poder modificar el Código Penal argentino, se requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso, donde el oficialismo está en minoría frente a una robusta oposición de centroizquierda, bajo cuyo gobierno se introdujo la figura del femicidio.

Según la prensa local, el gobierno prepararía un proyecto de ley para este tema y para eliminar los documentos de identidad no binarios, sancionados en 2021, y los “cupos trans”, que establecen que el Estado nacional debe reservar al menos el 1 % de sus puestos de trabajo para personas transgénero. Pero desde el gobierno no hay gran optimismo sobre el avance del proyecto, según recopilan medios locales.

Fuente: AFP.

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• Por Nadia Denis, nadia.denis@nacionmedia.com.

En un análisis del periodo legislativo durante el año 2024, el senador Mario Varela destacó la sanción de tres leyes que apuntan principalmente en su conjunto a una mayor transparencia, menor burocracia y reglas más claras tanto para el Estado como los ciudadanos. Explicó que la situación de Paraguay como país con grado de inversión obliga a hacer ajustes normativos y jurídicos con el objetivo de ser un sitio confiable para la inversión.

“Yo creo que fue un año legislativo bastante fructífero, teniendo en cuenta que se han debatido leyes de mucha importancia y relevancia para el país, una agenda legislativa que tuvo como uno de los puntos altos la sanción de la ley del Registro Unificado Nacional (RUN) que viene a reemplazar un proceso engorroso, complicado como ha sido siempre la materia de registros públicos”, expuso.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el legislador colorado indicó que la creación de esta institución, supone la solución en cuanto a los trámites de titulación de inmuebles, sector que actualmente conlleva un proceso extremadamente lento y muy burocrático, y con el RUN se busca ser más ágil y eficiente.

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“Otra ley que ha sido muy importante es la ley de la Función pública y la carrera civil. Paraguay requiere de esto para consolidar su sistema democrático y de gestión pública, la carrera del servicio civil y era una materia pendiente, por lo que esa adecuación hace que la vinculación como funcionario del Estado tenga reglas claras y sea transparente”, manifestó a La Nación.

Desde la perspectiva de Varela, la anterior legislación, la Ley n.° 1.626 estaba desfasada y era prácticamente inaplicable dado que muchos artículos fueron señalados como inconstitucionales, por lo que para el senador, ya era una ley obsoleta, que no generaba ningún tipo de garantía para el Estado ni para el trabajador.

Como tercer punto destacado, mencionó a la ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En este sentido, Mario Varela refirió que nadie puede estar en contra de la transparencia y menos cuando varias de estas organizaciones reciben aportes del Estado o del extranjero, por lo que hay un interés colectivo en saber cómo lo administran.

“Nadie puede estar en contra de la transparencia, creo que ha sido interesante ese debate, no hay ningún tipo de restricción a las libertades civiles. Las ONG que trabajan especialmente con el interés público y el Estado, por eso es bueno que sean transparentes, ya sea que reciban dinero de fuentes nacionales o internacionales. Es natural y necesario que exista claridad de los objetivos”, sostuvo.

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Además de estas tres iniciativas aprobadas en el Congreso, otro ítem a destacar es el presupuesto sancionado por ambas cámaras. El plan de gastos del 2025 contempla una histórica inversión en materia social, potenciando programas como Hambre Cero, la pensión de adultos mayores, construcción de viviendas sociales, salario docente entre otros aspectos más.

“Lo que hace posible que el presupuesto pueda adecuarse a las exigencias de los sectores, en parte es gracias a la negociación de la tarifa de Itaipú, que ha sido muy importante y por eso el Gobierno está pudiendo ejecutar obras de envergadura, carreteras en varios departamentos, inversión en educación y salud”, resaltó para Nación Media.

Igualmente, señaló que la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también ha generado efectos positivos, como lo es el récord en recaudación de impuestos, lo cual hace posible que el Estado cuente con el soporte económico que requiere para las inversiones sociales y en infraestructura.

Hay una gran expectativa en torno a lo que será la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional, en esta materia, los legisladores tienen un rol importante pues el Parlamento es el que debe homologar el acuerdo que se concrete con el Brasil. El parlamentario enfatizó en que hay cierto optimismo respecto a lo que se pueda lograr en esta negociación.

“Hay relaciones óptimas con el Brasil y ha generado resultados, esta renegociación del tratado va a ser importante, pero ese acuerdo que hemos obtenido respecto a la tarifa es una señal y una antesala muy positiva de lo que puede ser la negociación del Anexo, creo que hay una perspectiva muy positiva y tenemos que aprovechar esa gran apertura del Brasil”, puntualizó.