El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Snmf), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

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La reglamentación indica a la vez que el sistema creado cubrirá todo el territorio nacional y deberá de instruirse en tal sentido a los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo a proveer la información requerida para el funcionamiento del citado sistema.

Por otra parte, menciona que se implementará un registro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes. Igualmente, se establecerán controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales calificados.

La reglamentación surge luego de que meses atrás se haya desatado un voraz incendio forestal en la zona del Chaco, específicamente en la zona del Cerro Chovoreca que arrasó con más de 180.000 hectáreas dentro de un periodo de aproximadamente 24 días, tragedia que demandó incluso la asistencia internacional por parte del Uruguay.

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• Por Jorge Torres Romero.
• Columnista Político

El programa Hambre Cero impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña está encaminado a convertirse en la política de mayor impacto social de su administración.

Las empresas que se dedican al servicio de ofrecer almuerzos, desayunos y meriendas en las escuelas de todo el país generan un impacto positivo que va más allá de la alimentación de los niños. Esta actividad implica el funcionamiento de una extensa cadena de valor que involucra a diversos sectores económicos a través de las compras y servicios contratados. Por ejemplo:

1. Industrias de equipamiento de electrodomésticos: esto a través de la provisión de heladeras, freezers, licuadoras, balanzas y otros equipos esenciales para garantizar la correcta conservación y preparación de los alimentos.

2. Industrias de carpintería: esto a través de la fabricación de mesas, bancos, estantes y tablas para picar, que son utilizados tanto en la preparación como en la distribución de los alimentos. Las compras fortalecen a los talleres y microempresas.

3. Industrias textiles (costureras y modistas): esto a través de la elaboración de uniformes, delantales, cofias y manteles necesarios para garantizar la higiene y presentación adecuada del personal involucrado en la preparación y servicio de los alimentos.

4. Ramos generales: esto a través de la adquisición de ollas, platos, cucharas, cuchillos, vasos, jarras y bandejas, a fin de asegurar el equipamiento completo de los espacios de cocina y comedor en las escuelas.

5. Industria petrolera: esto a través del consumo de miles de litros de combustible para el transporte diario de los alimentos desde los centros de producción hasta las escuelas, dinamizando así el sector logístico.

6. Industria del gas: esto a través de la provisión de miles de kilogramos de gas licuado para el funcionamiento continuo de cocinas industriales, garantizando la eficiencia en la preparación de los menús escolares.

7. Industria automotriz: esto a través de la compra directa e indirecta de vehículos para el transporte de alimentos, personal y equipos, beneficiando tanto a empresas automotrices como a talleres mecánicos y de mantenimiento.

8. Industria de cereales y alimentos básicos: esto a través de la provisión constante de productos alimenticios esenciales como arroz, fideos, harina y legumbres, que componen los menús escolares y fortalecen la producción agrícola nacional.

En definitiva, esta compleja red de proveedores y servicios moviliza miles de empleos directos e indirectos, dinamizando distintos sectores industriales y comerciales. La inversión en estos servicios no solo asegura una alimentación adecuada para los estudiantes, sino que también impulsa el desarrollo económico sostenible del país.

Queda claro que la alimentación escolar no solo contribuye al desarrollo y la salud de los estudiantes, sino que también beneficia directamente a las industrias cárnicas y lecheras del país. Al fomentar la compra de productos nacionales, se impulsa la producción local, generando más empleos y oportunidades en las zonas rurales. Esta dinámica fortalece la economía local, mejora la calidad de vida de los productores y promueve el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.

En números, la inversión del Gobierno representa unos USD 955 millones hasta el 2027. Con un promedio de USD 330 millones por año para alimentar a 950 mil niños. Sin dudas esto constituirá la revolución positiva en el ámbito social. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció esta semana la implementación de la segunda etapa del programa de Gobierno “Hambre cero en las escuelas” en todos los departamentos del país. En esta fase ya se incluyen a las 12 gobernaciones restantes y los 263 distritos a nivel nacional. En la primera etapa se incluyeron a 90 distritos, considerados prioritarios.

“Hay un gran ambiente de control y yo creo que hoy ya no hay excusa, hay que dar el 100 % a todos los niños, no podemos dejar de cuidar lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos que son nuestros hijos”, expresó César Sosa, presidente de Consejo de Gobernadores, y gobernador de Guairá, este domingo en entrevista para La Nación/Nación Media, señalando la gran responsabilidad y el desafío para los gobernadores como ejecutores de este ambicioso programa del Gobierno.

Atendiendo la gran amplitud de este programa, Sosa sostuvo que los gobernadores estarán trabajando con gran responsabilidad y con las ganas de sacar adelante a sus respectivos departamentos, ya que Hambre Cero también tendrá un gran impacto para sacar a muchas familias de la pobreza.

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“Tomamos con mucha responsabilidad, realmente para nosotros es una gran responsabilidad, la confianza del presidente de la República (Santiago Peña), nosotros somos ejecutadores de contratos, no es fácil, sabemos que vamos a tener grandes desafíos, como todo proyecto, pero el Consejo está firme, el Consejo tiene las ganas de salir a trabajar”, apuntó Sosa a LN.

Agregó que, desde el Consejo de Gobernadores, se celebra que el programa alimentario ya haya llegado a su segunda etapa, que incluirá a todos los departamentos, no solo por su gran impacto en la educación, la nutrición de los niños, y la baja deserción escolar, sino también por el impacto económico que tendrá en todos los departamentos.

“Nosotros estamos convencidos de que el Paraguay se construye desde los departamentos, las bases sólidas están en los departamentos. El trabajador va tener un mercado hoy gracias al proyecto Hambre Cero, así que desde el Consejo celebramos este gran proyecto del Presidente y tenemos todas las ganas de sacar delante de hacer bien nuestro trabajo, es una gran responsabilidad, que nosotros vamos a ir honrando”, señaló.

Por otra parte, Sosa también destacó el gran control que se realizará en la aplicación del programa, desde el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), donde los gobernadores también tienen sus representantes.

“Nosotros como Consejo tenemos representación en el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de ahí salen las directrices para el control. Cada administrador de contrato, las gobernaciones tienen una dirección del control alimentario, eso también está compuesto por padres de familia, por nutricionistas, por abogados, el control dentro de cada gobernación va ser gigante”, comentó a través del diario La Nación.

Resaltó la inclusión de la Contraloría General de la República (CGR), que realizará los controles instantáneos, in situ, y sin mayor tiempo. “Vamos a tener un programa donde cada director, cada padre de familia, día a día esté pasando informaciones a la Contraloría, eso va llegar también a nosotros para que nosotros podamos ver algunos déficit y virtudes”, sentenció.

- El programa “Hambre cero en las escuelas” arrancó en su segunda etapa, que incluye a los 12 departamentos restantes.

- A partir de febrero del 2025, Hambre Cero llegará a todas las escuelas.

- El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, resaltó el compromiso y la responsabilidad de todos los gobernadores.

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