La Cámara de Senadores convocó para el próximo 23 de abril a una audiencia pública, con la finalidad de debatir sobre el proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo.
El proyecto de ley surgió en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
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La audiencia pública en la Cámara Alta se encuentra fijada para las 9:00. Actualmente, la Ande está impulsando una serie de denuncias ante la Fiscalía por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje.
El robo de energía eléctrica se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
La propuesta debió ser estudiada este miércoles durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, pues figuraba en el primer punto del orden del día, pero finalmente fue postergada para su socialización. El documento es impulsado por los legisladores Colym Soroka, Ever Villalba, Lizarella Valiente, Norma Aquino, Antonio Barrios, Gustavo Leite, Zenaida Delgado, Javier Zacarías Irún, Juan Afara, Carlos Núñez, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Mario Varela y Erico Galeano Segovia.
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Granja ilegal de criptomonedas del exdiputado Cuevas pagaba G. 120.000 a la ANDE
El asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Diego Fernández comentó que el inmueble donde fue hallada una granja ilegal de criptomonedas, presumiblemente del exdiputado Miguel Cuevas, ubicada en la ciudad de Sapucai, departamento de Paraguarí, tenía un registro que solo abonaba la suma de G. 120.000 por consumo de electricidad, mientras que el resto de la energía que consumía lo hacía de manera ilegal, para el funcionamiento de la minería. Según el representante legal del exdiputado Cuevas, la propiedad allanada estaba arrendada a terceros, es decir a una mujer de Ciudad del Este.
En el predio se encontraron más de 390 máquinas, según comentó en conversación con radio 1020 AM, pero se estima que había mucho más en funcionamiento. Remarcó que es una inversión bastante fuerte, ya que tenían hasta un transformador que podría abastecer a unas 4.100 familias.
la propiedad estaba arrendad, segun el aog de cuevas, ante la duda no adjudiquemos que la granja le eprtenezca, hasta que aparezcvan los documentos
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“Pero es un hecho, que por la actividad que realizaban no estaban pagando a la Ande, estaban robando el 100 % de la energía. Si bien existía un suministro con un medidor instalado, no era el adecuado para registrar el consumo del lugar, ya que abonaban 120.000 guaraníes de manera mensual”, comentó el abogado.
Modus operandi de propietarios
Asimismo, mencionó que al momento del allanamiento, se acercó a ellos un abogado que se identificó como representante del exdiputado Cuevas. Indicó que presentó unos documentos, en los que señalaba que la propiedad estaba arrendada a terceros, en este caso a una mujer de Ciudad del Este.
Por otra parte, refirió que la investigación se encuentra en manos del Ministerio Público, señalando que el perjuicio mensual para la ANDE superaba los G. 800 millones mensuales. “El propietario deslindó responsabilidades, ya que presentó un contrato de alquiler”, puntualizó el asesor jurídico.
Enfatizó que desde la estatal iniciaron una lucha frontal contra este tipo de actividades ilegales, debido al gran perjuicio económico que puede causar y los inconvenientes que generan para los usuarios.
En ese marco, recordó que en abril pasado en la ciudad de Salto del Guairá, habían descubierto una granja que duplicaba la cantidad de máquinas, halladas este fin de semana en Sapucai. Indicó que en esa ocasión encontraron unas 800 máquinas, que hasta ahora sigue siendo la mayor granja hallada.
“Creemos que este es el modus operandi de esta gente que se dedica a la explotación ilegal de las criptomonedas. ya que el propietario deslindó responsabilidades ya que presentó un contrato de alquiler de tercera persona. Nosotros como institución presentamos a la Fiscalía los elementos, como daño patrimonial, las lecturas de los medidores que indican la sustracción de energía eléctrica, ya queda a cargo del Ministerio Público establecer las responsabilidades”, precisó.
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Ande denunció criptominería clandestina en propiedad del exdiputado abdista Miguel Cuevas
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) denunció ante el Ministerio Público sobre la detección y hallazgo de una granja de cirptominería clandestina, que se encuentra en la estancia del exdiputado abdista, Miguel Cuevas. Este domingo se realizó un allanamiento por parte de la Fiscalía en la propiedad ubicada en Paraguarí, donde se encontraron 396 máquinas mineras.
La Ande realizó la denuncia ante el fiscal Alfredo Ramos Manzur quien encabezó el operativo de allanamiento junto al personal de la Ande a cargo del asesor jurídico de la institución Diego Fernández. La diligencia fue autorizada por la jueza de garantía segundo turno de Paraguarí, Susan Domenech. También se informó que por disposición fiscal Ramos Manzur, todas las evidencias encontradas en el lugar serán remitidas al depósito del Ministerio Público en Paraguarí.
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Además de las procesadoras de la monedas electrónicas se incautó un transformador con una capacidad de 23 mil voltios. “Durante la verificación se pudo contabilizar 396 unidades de máquinas procesadoras para criptomonedas con sus respectivos accesorios y un transformador de la marca Power Transformer con capacidad de 23.000 V, de procedencia China”, refiere el informe policial sobre este procedimiento.
“Con esta intervención, se estima un daño patrimonial mensual de G. 873.000.000 (con base en la capacidad del transformador), y el suministro tenía una facturación promedio en torno a G. 500.000, y la identificación fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas, mediante software de inteligencia artificial (IA), el sistema SCADA de Distribución y parámetros eléctricos de equipos de medición y control de última tecnología. Estas herramientas permitieron identificar la zona sospechosa para su verificación e intervención por parte de los técnicos de la Institución”, informó la Ande.
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Fiscal general fue convocado por la mesa directiva del Senado
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se reunirá con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, así lo adelantó el senador Derlis Maidana. El legislador aclaró que no se trata de un pedido de informe, ni de una interpelación, sino de una convocatoria para conversar sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci.
“Así como yo entiendo es una mesa donde cordialmente se le invita a un funcionario para que vaya a explicar los datos que puede explicar, en ese caso, sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, donde hay una causa abierta. No es un pedido de informe, tampoco una interpelación”, explicó Maidana en la 730 AM.
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Agregó que, primeramente, el fiscal general debe acordar la fecha de la reunión, y una vez que asista a la convocatoria, el mismo tendrá el criterio qué preguntas contestar, teniendo en cuenta que se trata de una investigación abierta.
“Seguramente el fiscal general el día acordado con la presidencia del Senado vera si puede concurrir o no y, en su caso también, ver qué preguntas contestar, seguramente ya al criterio profesional del Ministerio Público”, refirió el senador Maidana.
También se habla de una posible interpelación al fiscal general, por la complejidad del caso y el cuestionamiento sobre el avance de las investigaciones en Paraguay sobre los autores morales del asesinato del fiscal Pecci, a lo que Maidana indicó que se debe dejar al Ministerio Público seguir con su investigación.
“En este caso es un órgano extra poder y realmente hay que darle al Ministerio Público toda la libertad para que pueda proseguir sus investigaciones”, sentenció.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.