Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) dieron detalles sobre el avance en la negociación con respecto a la hidrovía. El titular de la institución, Julio César Vera, indicó que todo está encaminado para llegar a un acuerdo con Argentina y todo apunta a que se establecerá una tarifa inferior a USD 1,47, tasa que había sido impuesta de forma unilateral por el vecino país.
“Se sentaron las bases de un principio de acuerdo y se creó una Comisión Técnica Permanente con representantes de las partes de tal forma a ir desmenuzando los estudios técnicos de todas las delegaciones a fin de determinar una tasa temporaria que naturalmente será inferior a USD 1,47″, informó a la 650 AM el presidente de la ANNP.
Asimismo, detalló que una vez establecida esta nueva tasa, a las facturas impagas se les establecerá el nuevo monto y las facturas ya emitidas serán anuladas y nuevamente emitidas con la tarifa actualizada. En el caso de las empresas navieras que llegaron a desembolsar el pago con base a los USD 1,47 por tonelada, tendrán un crédito a su favor.
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Este avance en las negociaciones se dio gracias a la conformación de esta Comisión, organismo que tiene a su disposición todos los informes técnicos y los reportes de la visita in situ que se realizó en el tramo de la hidrovía, donde todas las delegaciones fueron a constatar el estado de la misma, de modo a comprobar las obras que alegó haber realizado Argentina.
“Hubo un entendimiento en Buenos Aires donde se comprometieron a no retener más buques, a no impulsar acciones judiciales que habían sido promovidas para el cobro de facturas impagas y a no iniciar nuevas demandas en nuevos juicios. Todo ese se comprometió en el mes de diciembre y por un plazo de 60 días en tanto se realizaban los estudios técnicos, hasta hoy se ha cumplido a cabalidad, por eso resalto ese compromiso”, destacó el Vera.
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Gobierno argentino anuncia licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay por 30 años
El gobierno argentino abrió un proceso de licitación para concesionar por 30 años la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para el comercio exterior del país sudamericano y del cono sur hacia el Atlántico.
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Desde 2021 el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía así como el cobro de peaje está en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que Buenos Aires resolviera no renovar la concesión a la empresa privada Hidrovía S.A. una sociedad de la marítima belga Jan de Nul y capitales locales.
Según la resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, los oferentes, nacionales e internacionales, podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de enero próximo.
La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80 % de su producción, principalmente agrícola.
También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.
Según las bases de la licitación, el nuevo contrato establece pautas para la modernización del sistema de señalización, con el objetivo de “mejorar los servicios, reducir los costos operativos y atraer mayores inversiones” que el gobierno aspira aumenten “la competitividad del sector exportador”.
Los pliegos establecen un plan de obras que el nuevo operador deberá cumplir en los primeros cinco años de gestión.
Entre otras medidas se sumarán radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, a la vez que se aumentarán medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según indicó el gobierno.
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La licitación entregará el control de la hidrovía “comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”, indica el texto.
Fuente: AFP
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Las discrepancias sobre el acuerdo UE-Mercosur que preocupan a la agricultura europea
El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.
En la mesa de negociaciones
Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.
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Volúmenes agrícolas
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).
A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.
Sectores expuestos
Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.
Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.
Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.
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Las normas
La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.
Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.
Los controles
Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.
“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.
De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.
“Freno de emergencia”
El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.
Fuente: AFP.
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CAF y Olade firmaron acuerdo en Asunción para impulsar la integración energética
En el marco de la IX Semana de la Energía, que culmina este viernes en Asunción (Paraguay), CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica de dólares, el pasado 30 de octubre, para impulsar la integración energética en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Bolivia y Chile.
Desde el lunes último, dicho encuentro reúne a los principales actores energéticos regionales para discutir los desafíos y oportunidades en la transformación del sector. La alianza concretada apunta al aprovechamiento de los recursos gasíferos mediante la optimización y expansión de la infraestructura de transporte de gas natural.
“La integración energética regional es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina. Esta alianza con Olade nos permite aunar esfuerzos para crear una red energética más robusta y eficiente que beneficie a todos los países involucrados”, señaló Antonio Silveira, gerente de Infraestructura Física y Transformación Digital de CAF.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Andrés Rebolledo, destacó: “En Olade, nos enorgullece formalizar este convenio de cooperación con CAF. Esta alianza estratégica marca un hito en nuestro compromiso de impulsar la integración energética en los países del Mercosur, Bolivia y Chile. Este acuerdo no solo fortalece nuestra colaboración interinstitucional, sino que también subraya nuestra visión compartida de avanzar hacia una transición energética justa y sostenible.”
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“Transición energética justa e inclusiva”
El trabajo se dividirá en cinco fases, cada una de las cuales culminará con una instancia presencial de validación y consenso por parte de los actores relevantes: (1) revisión y consolidación de estudios disponibles, (2) elaboración de proyección de oferta y demanda, (3) optimización de la infraestructura existente, (4) optimización con nuevas infraestructuras y (5) elaboración de perfiles de proyecto.
“Este convenio marca un hito en nuestro compromiso con una transición energética justa e inclusiva. El gas natural jugará un papel crucial como energía de transición, permitiendo reducir emisiones mientras aseguramos el acceso a energía confiable y asequible para todos”, destacó Jorge Srur, Gerente Regional Sur de CAF.
En las últimas décadas, el panorama energético ha evolucionado con la incorporación de nuevas fuentes de aprovisionamiento y tecnología de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Chile, Argentina y Brasil. El desarrollo de yacimientos no convencionales, como la formación de Vaca Muerta en Argentina, y el impulso de recursos hidrocarburíferos en aguas profundas de Brasil, han abierto nuevas oportunidades y retos en el sector energético. Además, a partir de los años 2000, el desarrollo mundial del mercado de GNL impulsó en la región la instalación de plantas de regasificación en Chile, Argentina y Brasil para asegurar un suministro energético constante.
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Paraguay lidera tercera negociación entre Mercosur y Emiratos Árabes
En Montevideo, Uruguay se desarrolló la tercera ronda de negociaciones que apuntan al acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), por sus siglas en inglés, entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y los Emiratos Árabes Unidos. Este encuentro que reunió a unos 50 negociadores, se desarrolló bajo la coordinación de Paraguay.
El equipo de negociadores en los diferentes grupos técnicos se inició el pasado 29 de octubre y la viceministra de Relaciones Económicas e Integración y jefa Negociadora para el Paraguay, Patricia Frutos Ruíz fue la encargada de dar apertura a las negociaciones y manifestó la importancia para nuestro país de concretar este acuerdo, el cual de hecho se encuentra ubicado como una prioridad.
Además, resaltó el compromiso del Mercosur para seguir trabajando en pos de este objetivo apuntando a su pronta culminación. Las reuniones se extenderán hasta el 1 de noviembre, y se discutirán cuestiones relativas al acceso al mercado de bienes, reglas de origen, comercio de servicios, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias así como aspectos legales e institucionales.
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La delegación del Paraguay está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería. “El Mercosur continúa avanzando en una agenda de relacionamiento externo orientada a los mercados más atractivos y dinámicos”, destacaron desde la Cancillería.
En reiteradas ocasiones, el presidente de la República Santiago Peña y con más fuerza bajo su presidencia pro témpore en el Mercosur, remarcó la relevancia de que el bloque se abra a nuevos mercados donde los productos de los países de la región tienen mucho potencial y generan gran interés.
Emiratos Árabes Unidos es uno de esos destinos que donde se podría lograr un acuerdo que sería interesante para los países, esto, ante la imposibilidad que persiste aún para concretar un convenio con la Unión Europea.