La Comisión de Asun­tos Constitucionales de la Cámara de Sena­dores emitió en la fecha dic­tamen a favor con 5 votos, por el desafuero de senador vitali­cio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto que 3 legisla­dores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que han escu­chado a ambas partes, y tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero soli­citado por el propio afectado.

El día de ayer martes, la comi­sión asesora convocó al sena­dor vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores, para responder o explicar acerca de la acu­sación que pesa en su contra por filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato.

Carlos Trapani y Enrique Kro­nawetter asistieron a la Comi­sión del Senado para ensayar una defensa que no llegó. En lugar de atacar las pruebas de la Fiscalía, que están conte­nidas en más de 206 elemen­tos probatorios, los abogados del exmandatario intenta­ron desviar el centro de la cuestión: la participación de Abdo y sus exfuncionarios en los hechos imputados. Inten­taron sin éxito negar la par­ticipación de Abdo ante la fuerza de la evidencia.

Estos dos letrados admitieron entre otras cosas que la causa no avanza porque hay varios incidentes que la jueza Cyn­thia Lovera debe resolver aún, incidentes que se presentaron hace un año, cuando se había presentado el acto de imputa­ción, que sostenidamente han intentado paralizar a través de diversas chicanas.

Al término de la reunión, el presidente de Asuntos Cons­titucionales, el senador Javier Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución Nacional es muy clara al hablar del debido proceso, y es lo que los legisladores deben tener en cuenta para tomar su decisión, de otorgar o no el desafuero a un senador de la nación.

“A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione debe ser analizado por los fiscales y jue­ces de la República del Para­guay. Nosotros no somos los jueces, que debemos decir si está bien o está mal, si es culpa­ble o es inocente. Eso le com­pete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debe­mos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Cons­titución Nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fue­ron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tene­mos la obligación de dar el desa­fuero para cualquier senador de la República”, acotó.

Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordi­naria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con pio­lita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto por­que si realmente uno quiere su desafuero y realmente bus­cas adherirte a los mandatos de la Justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con pio­lita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mien­tras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la aten­ción, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

En la sesión del Senado pre­vista para hoy, no se encuen­tra dentro del orden del día el tema del desafuero del expre­sidente Abdo. Sin embargo, existe de posibilidad de que sea tratado sobre tablas.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña.

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En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso polí­tico del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boi­danich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silen­cio. Esta información de carác­ter confidencial fue expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

Además, el 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boi­danich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Daniel Farías y René Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funciona­rio Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario pri­vado de la Presidencia, Mau­ricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.

Ante la consulta sobre ambas situaciones mencionadas, el abogado Trapani dijo que “no podría responder, no me consta si una declaración suya luego terminó en una publica­ción”. “La imputación alude a un discurso político. No podría responder (si los salarios ya eran una información pública antes de esa exposición hecha por Abdo)”, agregó.

De la retórica a las acciones suele haber una enorme grieta, especialmente cuando hay políticos involucrados en los grandilocuentes discur­sos a favor de la justicia. En el caso de Mario Abdo Bení­tez y sus exministros, acusa­dos estos por la filtración de documentos en el caso Sepre­lad, nada está más lejos de la realidad, porque no hay cohe­rencia entre lo que se afirma y lo que se hace; los hechos no reflejan la verdad.

La verdad o la intención de buscarla estuvo ausente durante todo un año, desde el 11 de marzo del 2024, cuando la Fiscalía formuló una impu­tación contra los exministros y exfuncionarios del gobierno anterior involucrados en esta verdadera conspiración, en la que el aparato estatal fue utilizado para persecución política.

Reconocidos abogados del foro, que con legítima atri­bución representan a sus defendidos, se pasaron bom­bardeando el proceso presen­tando innumerables chica­nas contra los fiscales, contra la jueza, contra el tribunal de alzada y hasta contra el fis­cal general del Estado. Las acciones de estos abogados, que sin ninguna duda actúan con mala fe, solo sirvió para paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

En ningún momento, los abo­gados Enrique Kronawet­ter, Carlos Trapani, Cecilia Pérez, Osvaldo Granada, Felino Amarilla y Emilio Fúster se refirieron a la cues­tión esencial: los 206 elemen­tos probatorios que el Minis­terio Público presentó en la acusación del pasado 11 de marzo del 2025. Al contra­rio, volvieron a presentar más chicanas, la semana pasada contra la jueza penal de Garantías, Cinthia Lovera, quien –por fin– debía aten­der los incidentes que hace un año se plantearon ante su despacho. Pero el viernes último, de nuevo estos defen­sores presentaron nuevas chicanas.

Siguiendo esta misma línea dilatoria, otro que tampoco pretende echar luz sobre el proceso fiscal es el expresi­dente Abdo Benítez, quien el fin de semana aseguró que no acudirá a la convocato­ria hecha por la Comisión de Asuntos Constituciona­les del Senado para exponer argumentos sobre el desa­fuero que solicita la justi­cia (tanto suyo como de su escudero, el diputado Mau­ricio Espínola). Propaló en mensajes en redes sociales que estaba dispuesto a que le retiren su inmunidad y que solicitaría a la Cámara Alta que así proceda. Sin embargo, ahora dice que no irá a este llamado y exhorta a que tomen “su cabeza” y dejar en paz a sus exfuncionarios, como si eso le restara res­ponsabilidad a Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como fil­tración de información falsa de Seprelad.

Si bien su inasistencia no posee una acción vinculante con el desafuero (los senado­res pueden votar cuando lo consideren aunque con una mayoría calificada), si habla a las claras de que el exman­datario busca sembrar dudas e instalar la farsa de que toda la investigación del Minis­terio Público estuvo mon­tada, pretendiendo de esta forma sabotear y obstruir la labor de la justicia y alcanzar impunidad.

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El expresidente Mario Abdo Benítez con­firmó que no acudirá a la convocatoria del Senado para dar su descargo por la imputación que pesa en su contra por filtración de datos en servicio y, a la vez, “ofreció su cabeza” para salvar a sus ministros imputados.

La Comisión de Asun­tos Constitucionales de la Cámara de Senadores anun­ció que convocaría el martes 1 de abril a las 13:00 al legis­lador vitalicio Mario Abdo Benítez y a sus represen­tantes legales, a fin de que expongan su postura res­pecto a la imputación en su contra.

El proceso abierto y en ins­tancia de acusación para los demás imputados, excepto para Abdo y Mauricio Espí­nola por sus fueros, es por revelación de secretos de servicio, revelación de secre­tos privados por funciona­rios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

En un acto político reali­zado en la ciudad de Ayolas, Abdo Benítez anunció que no acudirá al Senado, pero que enviará a sus abogados. Calificó al llamado de abe­rrante por citar también a la defensa del denunciante que no forma parte del proceso.

“Es una venganza política contra mi persona, por eso yo pedí mi desafuero por­que, al fin y al cabo, si tanto Cartes quiere mi cabeza, que lleve la mía y no de esa pobre gente inocente, esa gente que trabajó en Seprelad (...) les ofrezco mi cabeza y que le dejen a esa pobre gente pro­fesional”, afirmó.

Los exministros Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio y los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira fueron acusados por los delitos de asociación cri­minal, usurpación de fun­ciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de informa­ción de Seprelad.

Sin embargo, antes que afrontar los más de 200 ele­mentos de prueba, los abo­gados de estos exfuncio­narios actúan de mala fe, paralizando a cada paso el proceso con la presentación de chicanas y acciones dila­torias. Las pruebas que pre­sentó el Ministerio Público nunca fueron rebatidas y que solo presentan chica­nas sin afrontar las acusa­ciones.

En el marco del Plan Paraguay Seguro del Gobierno paraguayo se llevó adelante el primer operativo del año de “Nueva Alianza″, en su fase número 48, realizado en conjunto con el gobierno del Brasil, que representó un duro golpe al crimen organizado, con la incautación y destrucción de 879.000 kilos de marihuana, lo que significa una pérdida estimada de 26 millones de dólares para las estructuras delictivas.

Luego de 10 días del operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) y la Policía Federal del Brasil, con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio Público, culminaron las tareas de erradicación de cultivos y anulación de bases del narcotráfico en zonas boscosas del departamento de Amambay.

De acuerdo al informe oficial, destacan que mediante helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y de la Policía Federal del Brasil, los equipos tácticos incursionaron y eliminaron 289 hectáreas de plantaciones de cannabis, además de 12.200 kilos de la droga lista y 57 campamentos. Dichas acciones permitieron sacar de circulación aproximadamente 879 mil kilogramos de marihuana.

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El ministro de la Senad, Jalil Rachid, junto con el comandante del CODI, el general Abel Acuña, el director de Combate al Crimen Organizado, Ricardo Saadi, y la fiscal Rosana Coronel participaron de las últimas intervenciones realizadas y destacaron la importancia de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta el fuerte impacto negativo que genera la operación “Nueva Alianza” en el crimen regional.

“Siempre estamos buscando la mayor cooperación posible tanto interna como externamente, es la línea de trabajo que se ha instalado a través de la Senad con el CODI o Fuerzas Armadas, que está dando un resultado bastante satisfactorio y bastante optimo. Desde luego con el apoyo de la Policía Federal del Brasil que lleva años y años trabajando con la Senad en este tipo de actividades. Esta es la línea que vamos a continuar”, remarcó Rachid.

A su turno, Saadi resaltó: “Si nosotros no trabajamos juntos entre las autoridades, no vamos a tener buenos resultados. Este ha sido una operación que ha sido un ejemplo para el mundo, porque venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Al destruir la droga desde su inicio (plantaciones y campamentos), la droga no se convierte en dinero, por tanto, las organizaciones criminales dejan de tener condiciones para comprar bienes, armas, de comprar o hacer más drogas”.

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