El proyecto de ley denominado “Hambre cero en las escuelas” obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, el 20 de marzo pasado, y aguarda su estudio en la Cámara de Senadores. La coincidencia entre cada uno de los representantes nacionales es lograr, de manera paulatina, la cobertura del 100 % de alimentación escolar, pero con la socialización del plan surgieron diversos mitos sobre cómo quedó finalmente la propuesta estatal.
¿Se eliminan otros programas como Arancel cero?
Con la aprobación del plan se creará el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), con lo cual quedarán eliminadas las leyes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de Alimentación Escolar y Control Sanitario y la de distribución de compensaciones de la Itaipú Binacional a los municipios de Canindeyú.
“El programa universitario Arancel cero estaba financiado a través del Fonacide, así como otros programas de salud mental, investigación científica, etcétera. Ahora pasarán a ser financiados con Fuente 10 del Tesoro, constituido por los impuestos cobrados; esto genera más seguridad sobre la continuidad de los programas porque contarán con una fuente fija, a diferencia de cómo se fondeaban anteriormente, que consistía en recursos institucionales”, explicó la diputada Rocío Abed para La Nación/Nación Media.
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¿Se contempla solo el almuerzo escolar?
“Créase el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, como un patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la alimentación escolar en Paraguay”, expresa el primer artículo del proyecto de ley. Al respecto, el propio Gobierno nacional salió al paso, a través de un comunicado, para explicar que se contemplará el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar, lo cual queda claramente detallado con la expresión “alimentación escolar”.
“Este programa no suprime el desayuno ni la merienda escolar existente, sino que busca ampliar y mejorar la cobertura de la alimentación escolar, garantizando que todos los estudiantes reciban los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo”, expresa parte del comunicado, entendiendo así la “alimentación escolar” como lo suficientemente abarcativa y no como la elección de uno de los tres alimentos del día.
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¿Hay exclusión sobre algunos departamentos?
“La idea es que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) pueda encargarse de la administración y la ejecución de todo lo que implique el manejo de la alimentación escolar. Asunción, Presidente Hayes y Central, por su cercanía y por sus características metropolitanas que afectan a la mayor parte de su población, debería ser centralizado”, explicó la diputada Abed.
No se habla de una exclusión en la administración de sus recursos, sino de un mayor manejo de los mismos en cuanto a la materialización de la cobertura alimentaria, teniendo en cuenta que los territorios mencionados comprenden una alta concentración poblacional, sobre todo estudiantil, a diferencia de otros territorios. Tendrán un gerenciamiento desde sus gobernaciones determinados departamentos, mientras que los municipios se enfocarán exclusivamente en obras de infraestructura.
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¿Se observa una concentración de poder?
La diputada Abed puntualizó que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social será el órgano administrativo de parte de la cobertura alimentaria escolar, junto a las gobernaciones, toda la gestión estará supervisada por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que regulará, fiscalizará y exigirá la rendición de cuentas de los recursos asignados para la alimentación en las escuelas, a fin de evitar cualquier tipo de concentración o despilfarro.
“La Contraloría General de la República (CGR) reveló un pésimo manejo de los fondos que debían ser destinados para alimentar a los niños en las escuelas; un ínfimo porcentaje se invertía para el efecto, siendo el caso de Asunción, Central y Presidente Hayes, principalmente. Lo que pretende este proyecto es romper la transferencia generacional de la pobreza y la desigualdad”, refirió la parlamentaria.
¿Existe falta de transparencia en el plan?
En el proyecto con media sanción se estipula que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), tendrá lista una plataforma de registro informático centralizado para cargar toda la información sobre el uso de los recursos del Fonae para que los datos sean de acceso público.
Esto sin mencionar que la administración, distribución, gestión y ejecución de los recursos financieros del Fonae será tarea de la Contraloría General de la República y de los órganos de control interno. De registrarse algún hecho punible, se presentará una denuncia al Ministerio Público, con lo cual se asegura la total transparencia de las gestiones y la prioridad de este factor.