El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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El proyecto del metrobús, obra puesta en marcha en la gestión el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en el periodo de gobierno 2013 – 2018, fue destruido durante el ejercicio del expresidente Mario Abdo Benítez con el solo objetivo de descalificar al gobierno que lo antecedió. Así lo afirmó el abogado Ricardo Preda en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“El haber abandonado las obras del metrobús ni siquiera fue por los frentistas, fue más bien para descalificar al gobierno que se fue. Era para utilizar como discurso político y así poder descalificar la gestión anterior”, apuntó el letrado.

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El profesional explicó que en su momento no existieron criterios técnicos para parar esta megaobra, proyectada para beneficiar a la ciudadanía en la capital y Área Metropolitana, con un mejor servicio en el transporte público.

“Ningún criterio técnico podría haber llegado a paralizar la obra del metrobús. Fue puramente un criterio político, a pesar de que los técnicos decían que no se podía abandonar la obra. Esto es realmente algo paradigmático, usar dinero público para destruir obras públicas ya avanzadas. El que construyó el metrobús está acusado y el que lo destruyó llamativamente no lo está”, señaló Preda.

Agregó que la pericia señala que no hay perjuicio patrimonial en la conducta de Ramón Jiménez Gaona, porque el Estado recibió por lo que se pagó. “El perjuicio patrimonial se produce cuando se abandona la obra y se destruye lo que ya estaba construido”, manifestó.

Por otra parte, el abogado sostuvo que Mario Abdo Benítez podría ser considerado como un instigador para parar esta obra. “Si se demuestra que el exministro Arnoldo Wiens abandonó y destruyó las obras del metrobús a instancias del entonces presidente Mario Abdo Benítez, este se podría convertirse en instigador, que es una figura que está penada por ley”, sentenció.

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco Aurelio González, también hizo referencia al tema en el mismo programa. Explicó que el tribunal de apelación anuló parcialmente el laudo y contra esa anulación la empresa Mota Engil presenta acción de inconstitucionalidad. “Ellos reclaman la ejecución de la garantía, piden compensación por los días que estuvo parada la obra”, remarcó.

Apuntó también que “la responsabilidad jurídica es de la persona que comprometió la ejecución de la destrucción de las obras del metrobús, en este caso el extitular del Ministerio de Obras Públicas Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens”.

Coincidiendo además con la postura de que se trató de una cuestión política y no técnica. “La pregunta que hoy deberíamos hacernos es ¿quién cometió daño patrimonial en el proyecto metrobús?. Estaban todas las condiciones para continuar con las obras del metrobús. La única razón para no continuar fue por criterio estrictamente político”, puntualizó.

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El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.

Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.

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Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.

Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.

En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.

La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.

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Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.

En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).

En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.

Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.

Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.

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Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.

Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.

Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.

Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.

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Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.

Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.

El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.

El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, imputado por siete delitos en el marco de la causa que investiga la filtración de información de la Seprelad, en la que también está imputado el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera.

Amarilla argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente, Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.

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Igualmente, Amarilla realizó una denuncia sobre una supuesta alteración en el sistema informático Judisolf, utilizado por la sala penal de la Corte, por lo que no pudo visualizar la contestación del Ministerio Público al respecto de la acumulación o no de las denuncias contra el diputado Mauricio Espínola sobre filtración de información. Del mismo modo, el defensor de Arregui recusó a la secretaria de la Sala Penal de la Corte, Karina Penoni.

La nueva recusación contra el ministro Benítez Riera busca seguir dilatando el presente caso y evitar que se destrabe y siga su curso. Ahora, la Corte deberá integrarse para estudiar la nueva recusación y sancionar al abogado Amarilla por las sucesivas chicanas que presenta.

El expresidente Mario Abdo Benítez y otros 7 leales de su gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Fran­cisco Pereira Cohene, y Mau­ricio Espínola, fueron imputados por revelación de secretos de ser­vicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial, inducción a un subor­dinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

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