Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

El encargado de despacho de la embajada de Paraguay en Líbano, Carlos Torres, confirmó que un paraguayo nacionalizado y su hijo fallecieron en un bombardeo registrado en ese país. Se trata de un ciudadano libanés, naturalizado paraguayo, identificado como Kamal Hussein Abdallah y su hijo de 15 años de nacionalidad brasileña.

“Tuvimos esta mala noticia temprano esta mañana, dentro de lo que nos compete, en la embajada no llegamos a recibir un llamado de parte de los familiares para comunicar el fallecimiento, dentro de lo que nos compete empezamos a hacer las averiguaciones pertinentes y logramos contactar con la hijastra paraguaya”, explicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El funcionario diplomático explicó que, por iniciativa propia, realizaron las gestiones para comunicarse con los familiares del ciudadano paraguayo y así lograron conversar con una hijastra, quien confirmó sobre su fallecimiento.

“La hijastra del fallecido nos comentó que el señor es un ciudadano libanés naturalizado paraguayo, había nacido en el Líbano y ahí él vivía con sus tres hijos brasileños (en la región de Bekaa) y su esposa naturalizada brasileña también”, explicó.

También se comunicó con la Embajada de Brasil en Líbano, donde también se confirmó la situación de los otros dos hijos naturalizados brasileños y que los mismos ya se encuentran rumbo a Brasil.

“Dentro de los que nos compete también esta mañana me había comunicado con el cónsul brasileño en Beirut para conocer las informaciones y me había comentado lo mismo, pero lastimosamente en esta embajada no llamó ningún familiar del señor Kamal a avisar sobre su fallecimiento y tampoco los datos del señor Kamal no obra en los registros de esta embajada”, añadió.

Torres detalló que el señor Kamal tenía una fábrica de productos de limpieza en un pueblo vecino donde ocurrió el ataque, y se encontraba camino a su fábrica con sus hijos cuando ocurrió el ataque, donde terminaron falleciendo el hombre y uno de sus hijos.

“Luego de eso, sus otros dos hijos pidieron asistencia del consulado brasileño, y ellos ahora mismo se encuentran en vuelo al Brasil donde se encuentra su madre”, mencionó el encargado de despacho de la embajada paraguaya.

Detalló que la víctima del ataque temporalmente iba al Líbano, y se encontraba permanentemente entre ese país, Brasil y Paraguay, y que el mismo no se registró en la embajada paraguaya por sus constantes viajes, por lo que no se cotaba con su registro.

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El presidente de la República, Santiago Peña, dedicó un mensaje en homenaje a Martín Almada, referente en la defensa de los derechos humanos en Paraguay y artífice del hallazgo de los “Archivos del Terror” sobre los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner; que falleció este sábado en Asunción a los 87 años.

“Eterna gratitud para Martín Almada, maestro y luchador por la libertad. Su protagonismo en el descubrimiento del archivo del terror ha sido preponderante para la democracia”, expresó el jefe de Estado a través de la red social X. Abogado y pedagogo, Almada ganó en 2002 el Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award, en inglés) que se presenta en el Parlamento sueco desde 1980.

Este activista de los derechos humanos allanó personalmente el 22 de diciembre de 1992 una dependencia policial, apoyado por parlamentarios y fiscales, para decomisar los archivos que dieron prueba de encarcelamientos, muertes y desapariciones de opositores durante la dictadura (1954-89). Con esas evidencias, la justicia pudo condenar por violaciones a los derechos humanos a una veintena de policías y allegados al exdictador.

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“Su tenacidad y visión fueron fundamentales para el hallazgo de los archivos de la policía del gobierno de Stroessner. Ya descansa en la paz de los que cumplieron una gran misión en la vida”, dijo el juez José Agustín Fernández, director del Archivo de la Memoria. “Fue un héroe civil”, agregó. Almada, que también estuvo preso entre 1975 y 1978, acusó a policías del régimen de la muerte de su esposa por torturas psicológicas. Denunció que le hacían escuchar los tormentos a los que lo sometían a él.

Los archivos encontrados por Almada sirvieron también para mostrar la colaboración que mantenía la policía política paraguaya con sus pares de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia en los años 1970 y 1980 para intercambiar prisioneros políticos, un plan conocido bajo el código de “Operación Cóndor”.

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Tras su liberación luego de una prolongada huelga de hambre, Almada se asiló en Panamá, en 1978, donde se desempeñó como investigador y más tarde se radicó en Francia, donde asumió como funcionario de la Unesco en París. Regresó a Paraguay en 1989 después del golpe que derrocó a Stroessner y que restauró la democracia en el país.

“Tenemos que seguir trabajando, aunque abrir los archivos y difundirlos sea muy peligroso”, expresó Almada al recibir en 2023 un reconocimiento de la Cámara de Senadores “por sus invaluables aportes para la recuperación, protección y puesta en valor de los Archivos del Terror”.

Según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, unas 20.000 personas fueron víctimas directas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Hubo 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal; 18.772 ciudadanos torturados y 59 ejecutados extrajudicialmente. Además, 336 están desaparecidos.

Con información de AFP.

Este jueves el Ministerio de Justicia confirmó la muerte de Gerardo Stadecker, condenado por el feminicidio de su esposa Sabryna Breuer. De acuerdo con la información oficial, el mismo se encontraba en el Hospital General de Luque, donde fue internado el pasado 26 de diciembre debido a un cuadro grave de salud, según el detalle, una anemia severa, leucemia.

Stadecker se encontraba cumpliendo su condena en la penitenciaría de Emboscada, y debido a su estado de salud había sido hospitalizado esta semana. “El pasado martes el director de la penitenciaría recibió un informe médico de la Sanidad, donde se solicitaba autorización para su traslado a un centro médico especializado debido a un avanzado cuadro de leucemia. En consecuencia, se procedió a remitirlo al Hospital General de Luque, donde recibió las primeras atenciones paliativas y hoy debía ser derivado al Hospital Nacional de Itauguá”, indica el informe publicado por el Ministerio de Justicia.

En junio de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, confirmó la condena de 28 años de cárcel para Gerardo Stadecker sentenciado por el feminicidio de Sabryna Breuer, ocurrido el 17 de diciembre de 2017.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Manuel Aguirre, Lourdes Peña y Rosana Maldonado, encontró culpable del hecho punible de feminicidio. Para el colegiado quedó absolutamente comprobado que él le propinó a Breuer un golpe de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón, lo que le causó la muerte.

En enero de este año, el mismo colegiado también ratificó la prisión preventiva de Stadecker, debido a que este alegó una enfermedad para tratar de evitar cumplir su condena. Con esa resolución judicial, se determinó que el condenando siga cumpliendo su condena en la penitenciaría de Emboscada, hasta que se dio su deceso.

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