La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.

El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.

“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.

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Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, los miembros aprobaron por unanimidad la aplicación de una Plataforma de Afiliación Digital, respetando todas las consideraciones técnicas que permitan la correcta identificación de los interesados. Además, el pleno acompañó la modificación del Código de Ética partidaria para que se ajusten a las legislaciones vigentes sobre el financiamiento político.

En tal efecto, la apoderada general Magnolia Mendoza pasó a detallar el dictamen emitido por la Comisión de Apoderados, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Afiliaciones. Señaló que la propuesta es viable y no sustituye a las afiliaciones tradicionales previstas en el estatuto partidario. No obstante, remarcó que se deberá prestar especial atención a la no vulnerabilidad del sistema a través de la plena identificación del usuario que accede al mismo.

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“Por lo tanto, es nuestro parecer que, si se cumplen con todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento, es jurídicamente viable la implementación de la Campaña Permanente de Afiliación en Línea”, expresó la apoderada sobre la conclusión del dictamen.

Asimismo, el apoderado general Wildo Almirón se refirió al dictamen emitido por la Comisión de Apoderados que aconsejó al pleno la aprobación del proyecto que Incorpora nuevos artículos al Código de Ética partidario, que fue elaborado por el Tribunal de Conducta de la ANR.

Al respecto, señaló que la propuesta del Tribunal de Conducta es incorporar bajo la denominación de: “Título VI del Código de Ética de la A.N.R.. Art. 12°: El afiliado candidato por el Partido que trasgreda las disposiciones establecidas en la legislación nacional sobre el Financiamiento Político, la Prevención de Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo, será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del Partido”, explicó.

Agregó, que en caso de que el afiliado que sea candidato a un cargo electivo, vuelva a ser reincidente, conforme al artículo 12° incorporado; será suspendido en sus derechos de afiliado. “El afiliado candidato del Partido que incumpliere la resolución emanada del por el Tribunal de Conducta, así como la reiteración de trasgresión de los arts. 12 y 13, de este Código, será pasible de expulsión de los registros del Partido”, preciso.

Almirón añadió que la recomendación del Consejo de apoderados es que “en el futuro, se debería diseñar un nuevo Código de Ética que incluya la vigente y estas modificaciones, volviéndolo moderno, organizado y con una redacción más ordenada”, acotó.

Los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron convocados por su presidente Horacio Cartes, mantuvieron su reunión ordinaria en la sede partidaria donde entre otros puntos aceptaron la renuncia del miembro titular de la Junta de Gobierno, Luis Viedma Vigo, quien argumentó motivos de salud y laborales. Acto seguido convocaron a su suplente Álvaro Lorenzo Scappini, que pasó a ocupar la vacancia y conformar el quórum de la sesión del día.

Posteriormente, el pleno acompañó la aprobación de 14.525 nuevas afiliaciones, así como la solicitud de 260 reincorporaciones de los que han cumplido el pase a retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales.

Otro punto analizado por el pleno partidario fue la propuesta de la Comisión de Organización Partidaria, a través de la cual aconsejó la nominación de tres seccionales coloradas. La primera fue la Seccional N° 462 de Puerto Adela de Canindeyú, con el nombre de “Don Amancio Ramiro Mendoza Romero”; la otra es la Seccional N° 232 de San Miguel, Misiones con el nombre de “Don Fredy Cardozo Ramírez”; y la Seccional N° 187 de Itakyry, de Alto Paraná con el nombre de “Ing. Carlos Alberto Aguilera Paniagua”.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, mencionó que esperan se pueda dar una aprobación al proyecto de modificación de la ley de mipymes, que se estaría tratando el próximo miércoles. Una vez logrado se estaría afianzando la institucionalidad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación de la normativa.

“Estamos expectantes de que esta ley se apruebe, o más bien es un refresh ya que no tendrá cambios demasiados sustanciales pero sí ayudarán a que los procesos puedan ser más ágiles en el tratamiento y en la atención al sector”, expresó a la prensa en el marco de un foro de formalización.

Respecto a las gestiones realizadas, indicó que ya se reunieron junto con el ministro de Industria y Comercio, la bancada de la ANR, así como las distintas comisiones del Congreso, y que los comentarios de los senadores fueron todos alentadores. Es así que están confiados en que el pedido tendrá una buena recepción y en lo posible lograr la media sanción.

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Asimismo, se espera que con la modificación se pueda reforzar el Fondo Nacional de Mipymes con un aporte de 15.000 salarios mínimos anuales por parte del Estado, además de que las microempresas tengan la posibilidad de contratar y despedir sin pagar los recargos sociales, ya que representa uno de los desincentivos para formalizar a los trabajadores.

Otros aspectos interesantes que plantea la modificación, a más de que volverá más ágil a los procesos, es que afianzará la institucionalidad y se podrá reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización, un punto solicitado durante años por las mipymes.

“Esto va ayudar muchísimo a que todo lo que contemple el proceso de formalización sea menos costoso para las mipymes”, subrayó Giménez. Entre otros temas también están trabajando en el viceministerio, es la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, de modo a que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar.

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