El proyecto de resolución “por el cual se integra la Comisión Especial para el estudio de límites geográficos entre los departamento de Canindeyú y Caaguazú”, fue impulsado por la diputada Cristina Villalba. La iniciativa fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados esta semana.
La legisladora argumentó que su propuesta se basa en el objetivo de verificar los límites geográficos entre ambos departamentos, teniendo en cuenta las constantes quejas de pobladores, por el reclamo de derecho territorial sobre determinadas zonas en la línea divisoria departamental. Esta situación está generando conflictos de límites entre los pobladores de la Colonia Sidepar (Canindeyú) y del distrito de Yhú (Caaguazú), de acuerdo a la diputada Villalba.
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Con la aprobación de la creación e integración de la comisión especial se podrá proceder a las diligencias que correspondan a fin de dictaminar sobre la propuesta de determinar la zona limite entre los departamentos en cuestión.
Además, esta resolución habilita a la comisión a acudir ante las instituciones, organismos e instituciones públicas y privadas y nacionales a fin de relevar los datos necesarios para el estudio de la situación reclamada por los pobladores de las zonas afectadas.
La comisión especial deberá expedir su dictamen y las recomendaciones en el plazo de 90 días, a partir de su instalación, plazo que podrá ser prorrogable de acuerdo a las consideraciones de los integrantes de la comisión. Mientras tanto, la integración de la misma deberá ser acordada en la mesa directiva, con la coordinación de los líderes de bancadas.
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Crece la producción de tilapia impulsada por prácticas sostenibles
Empresas situadas en el departamento de Caaguazú han fortalecido la producción sostenible de tilapia en el país, utilizando métodos modernos y naturales que mejoran la calidad del producto y contribuyen a la economía local, informaron desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Estas empresas son Ecopez, Ocho Fuentes y Mennopez, junto a Fresh Tilapia que está ubicada en el Chaco Paraguayo e introduce el sistema “Biofloc”, una tecnología de recirculación que permite optimizar el uso del agua, ideal para zonas con recursos hídricos limitados.
También mencionan que muchas de estas granjas reciben alevines del Centro Nacional de Producción de Alevines en Eusebio Ayala, lo que garantiza calidad genética, sanidad y trazabilidad en la cadena de valor.
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“La expansión de la acuicultura no solo fortalece la seguridad alimentaria del país, sino que también impulsa la creación de empleo rural y abre nuevas oportunidades para la industrialización del sector, permitiendo a Paraguay proyectarse como un potencial exportador regional de carne de pescado”, expresan desde el gremio productivo.
Respecto al Biofloc, explican que este sistema garantiza un ambiente saludable para el crecimiento y reproducción de los peces y evita la necesidad de renovación de agua. Refieren que son altamente eficientes e importantes en el requisito de bioseguridad.
Acuicultura en Paraguay
El viceministro de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Marcelo González, semanas atrás mantuvo una reunión con integrantes de la misión técnica internacional de especialistas de la FAO en acuicultura y pesca, sobre varias acciones emprendidas y futuros proyectos que vienen realizando de manera coordinada para fortalecer la producción acuícola.
Se trata de la primera reunión que marca el inicio de una serie de estudios y análisis que se emprenderán para conocer a profundidad la situación de la acuicultura en el país e identificar acciones estratégicas para potenciar su desarrollo, garantizando el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos.
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Tembiaporá: pérdidas de hasta el 70 % con un perjuicio de más de G. 15.000 millones en cultivos de banana
Según los datos preliminares, la pérdida del cultivo de banana en Tembiaporá por un temporal oscilan entre el 30% y el 70% en 7 comunidades. El técnico de la Dirección de Extensión Agraria (DEA), ingeniero Eder Aquino, comentó que 860 hectáreas fueron prácticamente arrasadas, con una afectación a más de 230 familias. Esto genera un encarecimiento del producto en el mercado.
Se estima que la pérdida económica asciende a unos G. 15.000 millones, solo considerando un promedio del 50 % de afectación de la superficie mencionada. “Es el rubro principal, ellos se dedican a la producción de banana y en parte también hay productores de piña, pero principalmente banana, entonces es un impacto bastante fuerte y veremos cómo viene este invierno”, dijo el ingeniero a La Nación/Nación Media.
El fuerte temporal se registró entre el 5 y el 9 de marzo en la zona de Tembiaporá, departamento de Caaguazú. En total fueron 7 las comunidades afectadas: Mochocué, La Paloma, Caballería, Pindo’i, Ykua Pytá, Y’hai, Capiatí y Santa María. El fenómeno climático afectó las parcelas que estaban en etapa de fructificación o listas para la cosecha.
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Además, destruyó no solo las plantas madres, sino también las segundas generaciones. Esta situación obliga a los productores iniciar de vuelta el ciclo productivo desde cero. “Lo que provoca es que, entre 7 y 8 meses después de que haya habido ese daño, aquella tercera generación que va creciendo es la que daría nuevamente fruto. Estamos hablando de que no le daría la posibilidad a estas familias de tener su ingreso en prácticamente gran parte del año”, lamentó.
Encarecimiento
Cabe recordar que esta es la zona de mayor producción de banana en el país, con más de 9.000 hectáreas cultivadas. Esto podría tener consecuencias en la oferta para el mercado local, la exportación y programas sociales como Hambre Cero. “Hoy día ya está subiendo el precio de la banana. En el tiempo en que vino este temporal estaba G. 35.000 la caja, hoy día lo que es para el mercado local está superando los G. 80.000 por caja y lo que es para exportación está entre los G. 60.000 a 65.000 por caja”, refirió a LN/NM.
Asistencia
Los técnicos de la DEA están realizando un relevamiento finca por finca, con georreferenciación y cuantificación de daños. Solo restan por visitar algunas comunidades. Una vez que termine el trabajo, se va a elevar un informe final y se buscará asistencia para las familias afectadas desde las instituciones competentes.
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Reducción de la pobreza: mesas de protección social ya llegan a 24 localidades
El gobierno del presidente Santiago Peña incluyó a los distritos de Itanarã y Laurel, departamento de Canindeyú, a las mesas de protección social que tienen como finalidad la reducción de la pobreza. Ambas localidades fueron seleccionadas en base al último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Luego de la instalación de las mesas en estos distritos, las instituciones estatales que conforman el gabinete social trazarán los planes de acción territorial en los que se identificarán los problemas más acuciantes que afectan a sus pobladores. Así, las instituciones del Estado, en acciones coordinadas y puntuales trabajarán para mejorar las condiciones de los distritos que, según el INE concentran los más altos niveles de pobreza.
Las instalaciones de las mesas se concretaron ayer martes y fueron encabezadas por el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, quien estuvo acompañado por el gobernador Nelson Martínez y los intendentes Jorge López y Pablo Karjallo, quienes destacaron la posibilidad de progreso que tienen sus distritos mediante esta asistencia estatal.
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Desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron que en las siguientes semanas, el trabajo se extenderá a Concepción, otro de los departamentos incluidos en esta etapa del trabajo. Allí se priorizarán los municipios de Itacuá y Paso Barreto.
El último informe proveído por el INE menciona que la tasa de pobreza total se ubicó en el 20,1 % de la población paraguaya, el nivel más bajo registrado desde la implementación de la metodología de cálculo en el país desde 1997.
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Presentan proyecto para modificar control financiero en campañas electorales
Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.
Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.
El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.
Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.
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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.
Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.