El Gobierno del Paraguay presentó este jueves la candidatura del doctor Diego Moreno Rodríguez al puesto de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para las elecciones a llevarse a cabo durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar en Asunción, del 26 al 28 de junio de este año. El acto tuvo lugar en sede de la Cancillería Nacional y contó con la presencia de embajadores y representantes de las embajadas acreditadas de los Estados Parte del Pacto de San José de Costa Rica.
El informe oficial señala que el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que esta candidatura ostenta la máxima prioridad para el gobierno del Paraguay, primero porque otorga gran importancia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también porque dedica importantes y significativos esfuerzos al cumplimiento de acuerdo regionales y apoya permanentemente sus procesos de supervisión.
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Además, menciona que el gobierno considera esencial el principio de rotación geográfica y la diversidad de visiones en la Corte IDH. “De ser electo el doctor Moreno sería el primer ciudadano paraguayo que integra este órgano”, expresó el canciller, al tiempo de destacar la trayectoria y el amplio conocimiento que tiene el candidato sobre el Sistema Interamericano.
Por su parte, el doctor Diego Moreno Rodríguez mencionó que es mucho lo que una candidatura paraguaya puede aportar al Sistema Interamericano. “De ser electo me comprometo a promover el ansiado objetivo de la universalidad del sistema compartido por casi todos los estados de la organización, así como el mejoramiento de la gestión de la Corte, optimizando su rendimiento y a trabajar para lograr un mejor financiamiento que permita a la Corte cumplir más adecuadamente su rol institucional sin comprometer estándares de independencia e imparcialidad”, refirió.
Aseguró que promoverá también una mejor armonización entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los ordenamientos domésticos, a fin de lograr un fortalecimiento de las garantías de los derechos a nivel nacional y, llegado el caso, una mayor eficacia de las sentencias que dicta la Corte IDH.