La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por Lilian Samaniego, decidió postergar para el 2 de abril, a las 9:00, el tratamiento del pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez como senador vitalicio. El líder del movimiento Fuerza Republicana fue denunciado por persecución política orquestada durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
Además del expresidente de la República están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El aplazamiento se dio por solicitud del senador Javier Zacarías Irún, quien propuso a los demás integrantes del órgano asesor la convocatoria de los abogados de las partes, tanto de Abdo Benítez, como del denunciante el también ex jefe de Estado, Horacio Cartes.
A la vez se solicitará al Ministerio Público el expediente completo y todos los antecedentes del caso para analizar los méritos de la imputación con el fin de emitir un dictamen, ya sea a favor o en contra para el retiro de los fueros de Abdo Benítez.
Samaniego indicó que la decisión de la comisión finalmente será analizada por la plenaria de la Cámara Alta el próximo 3 de abril. El pedido de desafuero fue solicitado el pasado jueves 14 de marzo al Congreso Nacional por la jueza penal de control y garantías Cynthia Lovera.
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Acusan a Marito de encabezar persecución a los colorados
“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la oposición para que caiga la Asociación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secretario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo González, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.
“Claro que hablará de persecución política porque se le está viniendo la noche”, manifestó al diario La Nación/Nación Media tras hacer referencia a las irregularidades detectadas por la Contraloría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.
Recordó además de las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un caradura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga responsable”, indicó.
González indicó que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayoritario se desempeñaba como presidente de la República.
Agregó que Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemigos, “creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quienes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González.
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Refutan el discurso de Abdo sobre persecución política: “Es un caradura, sinvergüenza y ladrón”
“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la oposición para que caiga la Asociación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secretario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo González, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.
“Claro que hablará de persecución política porque se le está viniendo la noche”, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media tras hacer referencia a las irregularidades detectadas por la Contraloría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.
Recordó además las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un caradura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga responsable”, indicó.
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Hay que señalar que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayoritario se desempeñaba como presidente de la República.
Usó el aparato estatal “para perseguir a sus enemigos”
“Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemigos, creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quienes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González a La Nación.
El también director de gabinete de la presidencia del Partido Colorado se refirió al cuestionamiento realizado por Abdo Benítez contra el gobierno de Santiago Peña al sostener que el mandatario solo se dedica a inaugurar las obras que fueron impulsadas por su administración.
“El se pasó inaugurando en su gobierno las obras de Horacio Cartes. Ellos no dejaron proyectos, es un cínico, llenó sus bolsillos en la pandemia con su gavilla con la venta de asfalto. Su empresa fue la única que creció durante su gobierno con la venta de asfalto”, sentenció.
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Tragada de USD 110 millones en IPS: auditoría exhibe la punta del iceberg
De un total de 40 licitaciones que se realizaron con los fondos del fideicomiso, se auditaron de modo aleatorio apenas dos, cuyo resultado expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se puede justificar.
- “La caja negra”
Una auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) expone una descomunal y criminal corrupción durante la gestión de Vicente Bataglia (era Mario Abdo Benítez) con los millonarios fondos que eran administrados a través de un fideicomiso con una entidad bancaria. El lapidario informe, producto de la fiscalización aleatoria de dos de las 40 licitaciones ejecutadas con estos fondos, concluye que los trabajos que se pagaron y supuestamente se hicieron, en realidad no existen.
Alicia Olazar, directora de auditoría del IPS, brindó mayores detalles de la auditoría hecha a los fondos de fideicomiso que fueron desviados durante la administración de Mario Abdo Benítez y que formaban parte de un contrato de fideicomiso con el banco. Estos fondos, de acuerdo con el contrato entre la previsional y la entidad financiera, debían destinarse a obras de cuatro hospitales, pero algunos ni se hicieron (como el Hospital Hemato-Oncológico). Las anteriores autoridades optaron por desviar el dinero a supuestas obras en centros de salud del interior, sin embargo, fueron trabajos ficticios que no se ejecutaron.
De 40 licitaciones que se realizaron con los fondos del fideicomiso, recién se auditaron 2 como muestras aleatorias, cuyo resultado alarmantemente expone una diferencia de G. 1.690 millones, monto que hasta el momento no se pueden justificar, de acuerdo con la responsable de la auditoría. Además, el análisis de una tercera licitación está en curso en estos momentos.
El informe, que será puesto a disposición del Ministerio Público una vez que el Consejo de Administración de la Previsional así lo autorice, abarca verificaciones hechas sobre la ejecución de las obras licitadas, pero que exponen el millonario faltante entre lo pagado y lo que realmente se hizo.
“Verificamos ítems certificados y pagados, pero in situ no se encontraban estas obras o no correspondían en cuanto a las dimensiones o iniciaron, pero están incompletas, pese a que se pagaron en su totalidad. Otras observaciones fueron sobre el deterioro importante de la infraestructura”, detalló la interviniente.
Los responsables del periodo anterior tuvieron el plazo para dar su descargo sobre las falencias detectadas. Sin embargo, en palabras de Olazar, estos no lograron presentar sus justificaciones y por lo tanto no pudieron desmentir los graves hallazgos.
Otro aspecto relevante de la auditoría es que, mediante el análisis de las rendiciones de viáticos de los fiscales de obras y sus marcaciones de entrada laboral, quedó en evidencia que estos funcionarios del IPS estaban en Asunción cuando supuestamente fueron a verificar in situ las obras para certificar los trabajos que se hacían en los centros de salud en el interior del país. Es decir, marcaban su entrada en la capital, pero hacían figurar en los papeles que iban a verificar las obras en Encarnación, por ejemplo.
La directora adelantó que van a investigar también quiénes son responsables de haber desvirtuado el objeto del contrato de fideicomiso. “Estoy a la espera de conversar con el fiscal Néstor Coronel para solicitar la ayuda por medio de un oficio para solicitar informes a otros organismos, para cerrar esto”, mencionó.
EL CONTRATO DE FIDEICOMISO
De acuerdo con el contrato de fideicomiso, el banco encargado de la administración del contrato de fideicomiso era responsable de la verificación documental y de certificar el buen uso y destino del dinero generado a través del fideicomiso como fuente de financiamiento para obras del IPS. En ese sentido, el banco en cuestión no puede apartarse de la buena administración de los bienes del fideicomiso porque justamente su obligación principal radica en hacer cumplir todos los puntos del contrato.
Abdismo habría financiado campañas con fondos de fideicomiso
“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal”, cuestionó el senador Leite.
El senador Gustavo Leite requirió al Ministerio Público celeridad en sus investigaciones para someter ante la justicia a los responsables de la rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal. Alguien o muchos tienen que ir presos, esa es la verdad. El fideicomiso fue constituido con una muy buena intención y desvirtuarlo tiene que tener sus responsabilidades. Espero que en este caso la Fiscalía investigue y no tarde siete años como en la causa de Cabeza Branca”, indicó.
La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“Los responsables tienen que pagar porque caso contrario los perros se seguirán animando a desfondar al Estado. El IPS tiene 900.000 cotizantes más o menos y más de 100.000 jubilados, entonces le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus familiares. Esto debe ser castigado con todo el peso de la ley”, sostuvo en el programa “La caja negra” emitido por Unicanal.
Leite no descarta que los G. 828.000 millones hayan sido utilizados por el abdismo para costear sus campañas políticas. “Yo voy a decir lo que hicieron, le dieron plata a los perros en campaña, sobrefacturaron e hicieron obras fantasmas. Esto es típico de Marito o acaso no le conocemos a la bestia”, dijo el parlamentario.
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Acusan al abdismo de costear campañas con fondos de fideicomiso del IPS: “Es típico de Marito”
El senador Gustavo Leite requirió al Ministerio Público celeridad en sus investigaciones para someter ante la justicia a los responsables de la rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal. Alguien o muchos tienen que ir presos, esa es la verdad. El fideicomiso fue constituido con una muy buena intención y desvirtuarlo tiene que tener sus responsabilidades. Espero que en este caso la Fiscalía investigue y no tarde siete años como en la causa de Cabeza Branca”, indicó.
La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“Los responsables tienen que pagar porque caso contrario los perros se seguirán animando a desfondar al Estado. El IPS tiene 900.000 cotizantes más o menos y más de 100.000 jubilados, entonces le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus familiares. Esto debe ser castigado con todo el peso de la ley”, sostuvo en el programa “La Caja Negra” emitido por Unicanal.
Leite no descarta que los G. 828.000 millones hayan sido utilizados por el abdismo para costear sus campañas políticas. “Yo voy a decir lo que hicieron, le dieron plata a los perros en campaña, sobrefacturaron e hicieron obras fantasmas. Esto es típico de Marito o acaso no le conocemos a la bestia”, dijo el parlamentario.
Una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.