La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trató este martes el pedido de desafuero del diputado Mauricio Espínola remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, ante la imputación por el esquema de filtración de datos privados durante el gobierno anterior. Con la participación de cinco de sus once miembros, la comisión asesora dictaminó por el rechazo con cuatro votos de abdistas y opositores.

Al voto en contra del presidente de Asuntos Constitucionales, Roberto González Segovia de Fuerza Republicana (FR, movimiento abdista) y el secretario de comisión, Daniel Centurión (FR), exviceministro y exasesor político de Mario Abdo Benítez en su administración estatal; además de la vicepresidenta del bloque legislativo, Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), se unió Rodrigo Blanco del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Solo la diputada Rocío Abed de Honor Colorado (HC), conectada en formato virtual, emitió voto a favor del desafuero. Los miembros de esta comisión que estuvieron ausentes son: Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Carlos Núñez Salinas (FR), Derlis Rodríguez Báez (HC), Benjamín Cantero (FR), María Cristina Villalba (HC) y Virina Villanueva (HC).

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El diputado Mauricio Espínola, exsecretario privado de Abdo, fue convocado y participó de la reunión de la comisión, acompañado por su abogada Cecilia Pérez, donde expuso su descargo sobre la imputación que pesa en su contra. “Nuestra visión como comisión constitucional es advertir en estos casos si corresponde o no corresponde el desafuero”, dijo el diputado Roberto González Segovia.

Los documentos de la imputación de Mario Abdo Benítez y Maurio Espínola, además de otros excolaboradores del gobierno de Abdo, hacen mención a los hechos por los cuales se realiza la solicitud de desafuero y son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por fun­cionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

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