En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio de las comisiones asesoras un proyecto de ley que pretende aplicar la obligatoriedad de pagar un aporte para el tratamiento del cáncer, esto dirigido al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta iniciativa fue analizada en una mesa de trabajo promovida por la Comisión de Legislación y Calificación.

El proyecto de ley establece un aporte de USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de USD 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS). También establece la obligatoriedad de que estos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – INCAN.

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“Estos aportes se destinarán exclusivamente al financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas en la Ley N° 6.266/18 - de atención integral a las personas con cáncer”, refiere la argumentación del proyecto.

Seguidamente, se agrega que “la implementación de estos aportes proporcionará una fuente de ingresos constante y predecible para el INCAN, lo que permitirá planificar y ejecutar programas de atención y tratamiento de manera más eficaz y eficiente”.

El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos Mariño, destacó la importancia de este espacio de diálogo, ya que participaron representantes de empresas de medicina prepaga y representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y legisladores integrantes de la comisión asesora.

“Hemos invitado a representantes de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que están directamente vinculados a este proyecto; y también a referentes del IPS. En otra oportunidad estuvimos con médicos y vamos a ir ampliando el debate para escuchar todas las opiniones y después poder poner a consideración del pleno”, refirió el diputado.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió acerca de la postura oficial respecto a las especulaciones sobre una posible reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial. Enfatizó que el presidente Santiago Peña no tiene ningún proyecto en ese sentido.

“El presidente Santiago Peña no está en ningún proyecto para plantear la reelección”, afirmó, agregando que mantuvo una conversación con el mandatario durante la Semana de la Energía, al respecto, con el objetivo de interiorizarse y así también descartar la instalación de la idea de una reelección presidencial.

El titular de la Cámara Baja puntualizó que las declaraciones del presidente, en torno a posibles modificaciones dentro de la Constitución se refieren al fortalecimiento de la descentralización para que los municipios cuenten con más recursos, lo cual se puede aplicar con una enmienda y no necesariamente a través de una reforma.

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Peña defendió en los últimos días la necesidad de modificar la Constitución, vía enmienda, para permitir que los intendentes municipales queden con el 100 % de los tributos que recaudan para invertir en sus comunidades. Actualmente, el 30 % de lo recaudado tiene que transferirse a la gobernación o a otro municipio.

Esto había formado parte de un acuerdo mantenido entre el Ejecutivo y los intendentes del país, en el marco del programa Hambre Cero. Por otra parte, Latorre aseguró que, personalmente, tampoco contempla reelección alguna: “no estoy en un proceso o en un proyecto para plantear la reelección en este momento”.

El legislador aclaró que el tema no ha sido sometido a debate en el Comando Nacional de Honor Colorado. Reconoció la posibilidad de analizar la propuesta en el futuro, como parte del debate sobre políticas electorales, pero de manera categórica aseguró que no constituye una agenda actual.

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La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, rechazó el proyecto de resolución que deroga la resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de hechos punibles de lavado de activos, contra el Estado, contrabando y otros delitos conexos, anulando las diligencias realizadas.

“Como integrante de la Comisión Bicameral debo comentar que hemos trabajado objetivamente, no hemos dictaminado nada aún, hasta ahora solo escuchamos a las personas, a la ciudadanía”, expresó el diputado Rodrigo Gamarra sobre la propuesta; el parlamentario fue proyectista de la creación de la CBI.

El objetivo central había sido analizar el nivel de transparencia sobre los fondos públicos desembolsados a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la manera en la que utilizaron dichos fondos. Gamarra puntualizó que se pudo observar cómo varios actores políticos fueron financiados por las ONG.

“Hay informaciones que nos pasan los invitados, pero aún no dictaminamos para que no digan que hacemos persecuciones. Este pedido de derogación es infundado”, sentenció y catalogó además como absurdas ciertas denuncias sobre el estamento, al considerarlo como una herramienta antidemocrática.

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La diputada Rocío Abed también se refirió en torno al proyecto, asegurando que “muchos no quieren que se destape la olla”. Consideró también como ridículo usar frases rebuscadas para intentar desacreditar el trabajo de la comisión, sobre la cual ratificó su nivel de constitucionalidad.

Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Los parlamentarios del sector opositor, quienes apelaban a la derogación de la CBI, cuestionaron la legalidad de la comisión.

El proyecto que pretendía la derogación, en su exposición de motivos, afirma que no eran cumplidas las formalidades requeridas en la Ley N° 137/1993, y por la propia Carta Magna, debido a que no fue determinado, de manera clara, qué hechos iban a ser investigados.

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La comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, dictaminó a favor de la iniciativa que plantea la exoneración del precio del peaje al tránsito automotor en la ruta PY3, para los pobladores de la localidad de Emboscada, Cordillera.

Para implementar esta medida, se prevé que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), en colaboración con la Municipalidad de Emboscada, establezca un procedimiento informatizado eficiente y trazable.

El proyecto establece que los beneficiarios deben presentar ante la mencionada comuna una serie de documentos: constancia de inscripción en el Registro Cívico Permanente del distrito de su municipio; copia autenticada de cédula de identidad vigente; certificado de vida y residencia expedido por la comisaría local jurisdiccional; copias autenticadas de la licencia de conducir y de la habilitación vehicular, vigentes y expedidas por la misma municipalidad; etc.

De acuerdo a la exposición de motivos, los pobladores de esta localidad deben trasladarse diariamente a la capital y zonas aledañas por motivos laborales, educativos y comerciales, enfrentando el costo adicional del peaje ubicado en el kilómetro 30.

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La propuesta es impulsada por los legisladores liberales Graciela Aguilera, Carlos María López y los colorados Roberto González y Hugo Meza quienes sostienen que de entrar en vigencia la iniciativa beneficiará enormemente a la comunidad sin afectar significativamente las recaudaciones del puesto de peaje, ya que estiman que los conductores registrados en Emboscada representan apenas el 10 % de la población local.

Los parlamentarios refieren que esta propuesta derribará obstáculos económicos al desarrollo integral de la comunidad afectada por el costo del peaje, permitiendo que los pobladores continúen con sus actividades cotidianas sin incurrir en sobrecostos en sus traslados diarios y producciones.

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