El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, mencionó que esperan se pueda dar una aprobación al proyecto de modificación de la ley de mipymes, que se estaría tratando el próximo miércoles. Una vez logrado se estaría afianzando la institucionalidad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación de la normativa.

“Estamos expectantes de que esta ley se apruebe, o más bien es un refresh ya que no tendrá cambios demasiados sustanciales pero sí ayudarán a que los procesos puedan ser más ágiles en el tratamiento y en la atención al sector”, expresó a la prensa en el marco de un foro de formalización.

Respecto a las gestiones realizadas, indicó que ya se reunieron junto con el ministro de Industria y Comercio, la bancada de la ANR, así como las distintas comisiones del Congreso, y que los comentarios de los senadores fueron todos alentadores. Es así que están confiados en que el pedido tendrá una buena recepción y en lo posible lograr la media sanción.

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Asimismo, se espera que con la modificación se pueda reforzar el Fondo Nacional de Mipymes con un aporte de 15.000 salarios mínimos anuales por parte del Estado, además de que las microempresas tengan la posibilidad de contratar y despedir sin pagar los recargos sociales, ya que representa uno de los desincentivos para formalizar a los trabajadores.

Otros aspectos interesantes que plantea la modificación, a más de que volverá más ágil a los procesos, es que afianzará la institucionalidad y se podrá reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización, un punto solicitado durante años por las mipymes.

“Esto va ayudar muchísimo a que todo lo que contemple el proceso de formalización sea menos costoso para las mipymes”, subrayó Giménez. Entre otros temas también están trabajando en el viceministerio, es la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, de modo a que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar.

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El recientemente electo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Raúl Guizado Novey, en una charla con el diario La Nación/Nación Media, habló acerca de la mirada externa que tienen hacia Paraguay y que, después de haber conversado con los altos ejecutivos del gobierno, le quedó claro que este es un país exitoso gracias a la institucionalidad.

El panameño, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y licenciado en Management, fue elegido durante la 58.ª Asamblea Anual de la Felaban, que se realizó en Asunción del 9 al 12 de noviembre, uno de los mayores y más importantes eventos de toda la industria financiera a nivel latinoamericano. Reunió en Paraguay a unos 1.800 líderes y tomadores de decisiones de la banca de 60 países.

“Acá han sido exitosos o están siendo exitosos, porque tienen institucionalidad y la respetan. Vimos que cuando hay un cambio de gobierno no necesariamente cambian lo que hizo el anterior, hay transparencia en su actuar, eso es algo muy importante, y también un legítimo interés en buscar soluciones a los más vulnerables”, expresó.

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En una segunda parte de la entrevista exclusiva brindada a La Nación, el nuevo titular de Felaban auguró más éxitos para la República del Paraguay tras observar como piezas estratégicas los temas de salud y de educación. De hecho, le pareció importante este aspecto, tal y como lo hará desde el nuevo rol en la educación financiera de la región.

Guizado destacó el crecimiento económico del 4,7 % del producto interno bruto alcanzado en el 2023, con una proyección similar para este año, así como la obtención en julio del grado de inversión por la calificadora de riesgo Moody’s. “Esperemos que las otras agencias calificadoras de riesgo como Fitch y Standard & Poor’s hagan lo mismo y no tengo duda de que de que así va a ser”, dijo.

El nuevo líder de la Felaban valoró igualmente los conocimientos en materia financiera del mandatario Santiago Peña y su experiencia tanto en el sector público como privado, por lo que consideró que “los paraguayos están muy bien dirigidos como país”.

Al ser consultado sobre cómo evaluarán el pedido del presidente Peña, que desde la banca puedan ser “más blandos con las mipymes”, a lo que el panameño respondió que va muy en línea, pues está consciente que es un requerimiento de todos los países de Latinoamérica, de ser más flexibles.

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“Entendemos que debemos ser más flexibles en dirigir nuestros créditos al sector de la micro, pequeña y medianas empresas, porque constituyen el tejido empresarial y, de hecho, representan el 80 % de la economía de nuestros países. Pero es un segmento en el probablemente no vamos a tener garantías reales para para sustentar un crédito”, expuso como una de las problemáticas.

Punto en el que remarcó que el trabajo como banqueros debe enfocarse en encontrar mecanismos distintos a los tradicionales, pues no se puede esperar que una micro ofrezca una garantía similar a una gran empresa. Es preciso mayor ingenio para encontrar qué tipo de garantías se les pueda solicitar.

“Ese va ser el desafío, de encontrar mecanismos más acordes para las mipymes, pero el mensaje del presidente Peña fue muy claro, y es un reto que tenemos no solamente en el caso de Paraguay, sino en todas las regiones”, subrayó el nuevo líder de la Felaban.

El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos