El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los exministros del Interior, Seprelad y Anticorrupción Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y demás imputados se exponen a la pena privativa de libertad de 7 años y 6 meses de cárcel atendiendo a los siete hechos punibles que hoy enfrentan por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros.
De acuerdo al artículo 70 del Código Penal en su inciso segundo dispone que en caso de concurso, se aumente la pena, hasta la mitad de la sanción del tipo penal más grave, sin importar que la segunda calificación tenga una menor pena que la mitad del más grave incluso.
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Los delitos que sospecha el Ministerio Público que ha cometido Abdo Benítez, Arregui, Fernández, Giuzzio y demás imputados son: revelación de secretos de servicio, cuya pena es de hasta 5 años de cárcel o multa; revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación cuya pena es de hasta 3 años de cárcel o multa; inducción a un subordinado a un hecho punible que tiene una pena de 2 años de cárcel o multa; denuncia falsa cuya pena es de 5 años de cárcel o multa; simulación de un hecho punible que tiene una pena de 3 años de cárcel o multa; usurpación de funciones públicas que tiene una expectativa de hasta 3 años de cárcel o multa, y asociación criminal que tiene una pena de 5 años de pena privativa de libertad. Todas las expectativas de pena están establecidas en el Código Penal.
Además de los citados más arriba también fueron imputados Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad, el actual diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Ahora la jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, deberá estudiar si admite la imputación contra Marito y los demás imputados en el presente caso. En relación al diputado Mauricio Espínola, el Ministerio Público solicitó el desafuero que tendrá que ser comunicado por la jueza Lovera a la Cámara de Diputados para que puedan hacer lugar al desafuero y así parlamentario pueda ser sometido a la justicia.
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