El abogado Óscar Tuma se pronunció a través de redes exponiendo un resumen del acta de imputación contra el exmandatario, Mario Abdo Benítez, quien fue imputado por indicios de varios hechos punibles. De acuerdo a lo explicado por Tuma, el expresidente utilizó a las instituciones del Estado para ir en contra de sus adversarios políticos.

“Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez 2021-2022, se habría gestado un esquema que buscaba generar investigaciones penales en contra de figuras políticas contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, en particular contra Horacio Cartes y Santiago Peña, con el fin de debilitar sus posiciones políticas y económicas”, manifestó Tuma a través de X.

Uno de los puntos clave de la imputación de la Fiscalía hacia el expresidente refiere al “uso indebido de información para influir en procesos judiciales y a la opinión pública”, expresó Tuma, quien indicó que esto se realizó mediante la divulgación de información confidencial y tergiversada en informes y medios de comunicación. A esto añade: “los imputados buscaban no solo dañar la reputación de sus objetivos políticos sino también influir en los procesos judiciales en su contra”.

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De acuerdo a lo expuso el abogado, el esquema montado por Abdo incluyó la elaboración y filtración de informes de inteligencia financiera que contenían datos tergiversados o falsos, utilizando para ello el acceso a plataformas y herramientas oficiales de manera indebida.

Esta serie de filtraciones que se dieron a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), desencadenaron en otras acciones ilegales como revelación de secretos de servicio, privados, inducción a cometer delitos, denuncia falsa, simulación de hechos punibles, usurpación de funciones públicas, y asociación criminal, sostuvo.

“Se acusa a varios de los imputados de redactar un informe de inteligencia financiera que contenía datos falsos o manipulados sobre figuras políticas contrarias, incluido el expresidente Horacio Cartes. Este informe se filtró a medios de comunicación y se utilizó para desacreditar públicamente a los implicados”, mencionó.

El abogado citó la “violación de compromisos de confidencialidad y abuso de funciones públicas”, como otro de los hechos en los recayeron los imputados, dado que los funcionarios involucrados firmaron compromisos de confidencialidad que fueron violados al divulgar información. Además, se les acusa de usar sus cargos y recursos estatales para llevar a cabo estas ilegales, lo que constituye un abuso de funciones.

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Cuando se menciona que hubo una asociación criminal en este hecho, se debe a que aparentemente, formaban parte de un esquema orquestado y coordinado de acciones, lo que implica la existencia de una “asociación criminal destinada a perseguir objetivos políticos mediante medios ilegales”, declaró Tuma.

“Es una imputación bastante compleja y creo que la Fiscalía tiene los meses necesarios para realizar la investigación conforme espera la ciudadanía. Tenemos que sacarnos la costumbre de utilizar las instituciones públicas para fines personales y persecuciones políticas, eso destruye la institucionalidad y por otro lado genera inestabilidad”, afirmó en diálogo con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Esta imputación hacia un expresidente, otras exautoridades y funcionarios e incluso un diputado, generan un precedente positivo de que las instituciones ya no pueden ser utilizadas para fines personales o para perseguir a los adversarios políticos de turno, refirió el abogado.