El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su repudio a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El legislador calificó la orden de arbitraria e injusta.

“La arbitraria e injusta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel Netanyahu igualando a un estadista que defiende a su pueblo con los terroristas que lo atacan es un recordatorio más de la grave crisis por la que están atravesando los organismos multilaterales”, refirió a través de su cuenta oficial de X.

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Mientras tanto, el diputado también expresó su solidaridad con Israel y Netanyahu, teniendo en cuenta la buena relación diplomática y de amistad con Paraguay. “Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, manifestó.

Medios internacionales informaron este jueves sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el funcionario de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

En un comunicado, la CPI declara que tenía motivos razonables para creer que el primer ministro de Israel “es responsable penalmente de crímenes de guerra como la inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

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Con el objetivo de definir medidas para el fortalecimiento y mejorar los resultados del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip), el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, llevó adelante una reunión estratégica con sus colaboradores y encargados de la implementación de este control. “Hemos logrado un cumplimiento del 100% en los indicadores más importantes, lo que nos ubica como líderes en transparencia y efectividad en la gestión pública”, apuntó el titular legislativo.

Este modelo es considerado clave para la transparencia y eficiencia institucional, permitió posicionar a la cámara como líder entre las instituciones públicas. En esta reunión, la dirección de comunicación de Diputados informó que, “se revisaron las estrategias de planificación, proyección y ejecución de procesos, destacándose la importancia del Mecip como herramienta de control y transparencia administrativa”.

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Se destaca además que la Cámara Baja, como institución logró alcanzar el puntaje máximo en la evaluación de la Contraloría General de la República (CGR) este año, con un índice de 3,37 puntos, siendo el puntaje máximo de 5,0, consolidando a la institución como un referente en cumplimiento y transparencia, marcando un retorno a los puestos de privilegio tras años de esfuerzo.

De acuerdo al último informe, refiere que el modelo Mecip, que está siendo implementado desde el 2015, evolucionó significativamente en Diputados. “El sistema de control interno, evaluado en componentes como Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora, ha permitido identificar y subsanar deficiencias, garantizando así un uso adecuado de los recursos públicos y fomentando la excelencia administrativa”, refería este informe.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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