“Nosotros somos árbitros. Tenemos competencia en la organización de los partidos políticos”, manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, ante la exigencia realizada por el oficialismo liberal encabezado por Hugo Fleitas de no intervenir en el conflicto del Partido Liberal Radical Auténtico que, a través de una convención del domingo pasado, mediante 360 votos decidió desafiliar a cuatro de sus senadores.
“Acá se habla mucho de que la justicia no respeta la autonomía de los partidos políticos, las cosas se judicializan y van a la Justicia Electoral, no es que la Justicia llama a los conflictos y que solicitamos que los traigan a nuestra mesa”, sostuvo Rossel.
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Fleitas había pedido al TSJE respetar la autonomía de las instituciones, tras concretarse este último domingo la expulsión de los senadores disidentes Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López por acompañar los proyectos del Poder Ejecutivo y respaldar el pedido de la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), denunciada por tráfico de influencias.
“El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el órgano que debe dirimir una cuestión entre dos personas, entre dos aristas diferentes. No es que nosotros tengamos la voluntad o las ganas de inmiscuirnos en asuntos partidarios, como dicen las autoridades del PLRA, estoy totalmente en desacuerdo con esos dichos”, puntualizó Rossel a la 730 AM.
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El ministro sustentó sus afirmaciones citando la Ley 834 de la Justicia Electoral. “Esta normativa, en sus primeros artículos hasta el 25, se centra en la conformación de los partidos políticos, habla sobre las competencias de la Justicia Electoral, del agotamiento de las instancias y los procesos”, indicó. “El desbloqueo de las listas será importante en el análisis, saber si los congresistas son de los partidos o de la nación. Hay muchas aristas sobre este tema”, comentó Rossel.
Los congresistas que fueron expulsados por 20 años anunciaron que judicializarán la decisión de la convención para ser restituidos como afiliados del PLRA. En sus argumentaciones sostienen que el proceso fue ilegal, inconstitucional y fascista. De concretarse la judicialización, probablemente el conflicto termine siendo resuelto por las altas autoridades del TSJE, razón por la cual Rossel alegó que aún no puede emitir su posicionamiento sobre lo resuelto por las máximas autoridades partidarias de la principal nucleación opositora del Paraguay.