El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.

Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.

Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.

La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.

También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.

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La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.

Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.

Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.

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El senador y miem­bro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Mario Varela, se refirió a la acu­sación contra los fiscales y jueces que intervinieron en el caso Pavo Real II, donde falleció el diputado Eulalio Gomes. El legislador indicó que esta denuncia presen­tada por la hija de Gomes, debe ser analizada en una sesión del Jurado.

“Se ha presentado la denuncia particular de la hija del diputado Lalo Gomes, eso tiene que ser analizado en una sesión del Jurado. Ayer no tuvi­mos cuórum y no se pudo tratar nada, pero no figu­raba en el orden del día de ayer”, expresó en entre­vista a la 780 AM. Recordó que, cuando existe una presentación de una acu­sación particular, los pla­zos pueden cambiar en cuanto al ejercicio ofi­cioso que tiene el JEM.

Explicó además que se debe realizar un estudio sobre los hechos denunciados y si se ajusta a las exigencias de la ley, será admitido en el Jurado, y así dar curso para el estudio de la misma sobre la intervención que se había realizado en el domicilio del diputado Gomes en Pedro Juan Caballero.

“En el análisis de la presen­tación de esta acusación, lo primero que hace es un estudio formal, si reúne las condiciones que exige la ley. Ahí se admitiría, hipotéti­camente, la acusación; de lo contrario, si no reuniere los requisitos formales, podría no admitirse, pero eso no significa que no se estudie”, señaló.

Finalmente, indicó que la denuncia contra los jueces y fiscales será estudiada el próximo 18 de diciem­bre; sin embargo, se podría adelantar para la próxima semana para iniciar el estudio de la acusación. “Si vamos a ejercer noso­tros el poder oficioso que tiene el JEM el plazo sería 20 días hábiles, sería el 18 de setiembre. Nosotros pusimos a conocimiento del JEM, la semana pasada, pero como se presenta esta acusación par­ticular, podría variar. Si es que se admite esta acusación, entonces podría estudiarse esta acusación la próxima semana”, puntualizó.

El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) resolvió estudiar dentro de 20 días hábiles el procedimiento lle­vado adelante por los jueces y fiscales en el operativo Pavo Real II, esto de acuerdo a la normativa de la institución, la cual establece este plazo ante la ausencia de denuncias realizadas por representan­tes legales de la víctima, en este caso, del diputado Eula­lio Gomes.

“Se van a respetar los pla­zos procesales. El artículo 18 de la ley del JEM esta­blece el plazo determinado que serían de 20 días hábiles y ahí se estaría realizando el análisis jurídico correspon­diente. No se va a suspender a nadie de momento, porque no corresponde”, explicó el senador Mario Varela a La Nación/Nación Media.

El representante del Senado ante el JEM, detalló que lo realizado ayer fue poner a conocimiento de la institu­ción lo ocurrido en la madru­gada del lunes 19, dado que por la naturaleza del hecho, esto tomó interés público y social y reúne los requisitos para hacer el estudio jurídico correspondiente.

Varela evitó emitir su opinión personal respecto si amerita o no la suspensión de los fis­cales Elva Cáceres, Ingrid Cubilla y Osmar Segovia, que encabezaron el operativo, y del juez Osmar Legal, puesto que se necesita acceder a los copias de los expedientes y hacer una revisión de los mis­mos para ver si amerita o no una sanción.

“Objetivamente tenemos que hacer la evaluación que corresponde. Lo que se busca finalmente es el esclarecimiento, acá no hay ningún tipo de amedren­tamiento o de situaciones que puedan generar algún tipo de coacción. Los fis­cales pueden seguir traba­jando con toda la seguridad y tranquilidad dentro de un Estado de derecho, el JEM no debe ser utilizado como un garrote”, sostuvo.

Según lo explicado por el diputado Orlando Arévalos, también miembro del JEM, manifestó que el artículo 18 de la ley 6814 establece que se debe esperar hasta el 18 de setiembre, cuando se cum­plirán los 20 días hábiles, debido la inexistencia de un accionante ante este órgano. “Vamos a esperar que trans­curra ese plazo para tomar las decisiones que creemos correspondientes”, refirió.