El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) eligió a la exministra de la Corte y actual representante del Poder Ejecutivo, Alicia Pucheta, como nueva presidenta del órgano juzgador de magistrados. De esta manera, Pucheta se convierte en la primera mujer en presidir el JEM.
Como vicepresidente primero fue electo el diputado Orlando Arévalo y vicepresidente segundo el integrante del Consejo de la Magistratura, Enrique Berni.
El integrante del JEM, Orlando Arévalo, fue quien propuso a la exministra de Corte, Alicia Pucheta, quien fue electa de forma unánime por sus compañeros del JEM.
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Participaron en la elección de la exvicepresidenta de la República y exministra de la Corte los miembros Orlando Arévalo, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, Derlis Maidana, Enrique Berni. Mientras que de forma virtual estuvo el ministro de la Corte, César Garay. Estuvo ausente el diputado Alejandro Aguilera.
Pucheta fue ministra de la Corte e integrante de la sala penal de la máxima instancia judicial, a su vez fue la primera presidenta de la Corte y también ocupó la Vicepresidencia de la República convirtiéndose en su momento en la primera mujer en ocupar el mencionado cargo.
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Senado denunciará ante el JEM a jueces que liberaron al abogado que agredió a funcionaria
La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.
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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.
“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.
Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.
Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.
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Vínculo narco: Giuzzio recusa a jueces para impedir avance de su juicio oral
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.
La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.
De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.
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Mafia de los pagarés: JEM enjuició y pidió la suspensión de dos jueces de Paz
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició el enjuiciamiento de oficio contra los jueces de Paz de la Catedral, Nathalia Garcete y de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, por supuestas irregularidades relacionadas al manejo de expedientes, que tendrían vínculos con la mafia de los pagarés. Asimismo, los integrantes del JEM decidieron solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los dos jueces sin goce de sueldo, ante la grave presunta irregularidad cometida por los mencionados.
Rodríguez habría dictado y firmado resoluciones refrendadas por secretarios sin fechas, mes ni año. Estas presuntas irregularidades fueron detectadas en 434 expedientes.
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También se sospecha que el juez enjuiciado dictó providencias que autorizaron retiro de expedientes judiciales sin fijar plazo de devolución, hecho que se registró en 7.927 expedientes judiciales. El ministro de la Corte y presidente del JEM, César Garay, sostuvo que los hechos a prima facie reúnen los requisitos para iniciar el enjuiciamiento de oficio y que de comprobarse, serían grandes afrentas a la imagen de la magistratura como así también contra la confianza de la ciudadanía a la credibilidad de la ciudadanía.
Por su parte, la vicepresidenta del JEM, Alicia Pucheta, mencionó que los hechos atribuidos la jueza de Paz de la Catedral, Nathalia Garcete, fue haber dictado resoluciones que contaban con su firma y de actuarios pero sin que cuenten con fecha, irregularidades detectadas en 65 expedientes judiciales auditados. “El hecho sindicado reviste gravedad en razón de que podría constituir irregularidades en la tramitación de sendas causas judiciales”, indicó.
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Mafia de pagarés: JEM inició enjuiciamiento contra juezas
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), inició el enjuiciamiento con suspensión en sus funciones contra las juezas de Paz Analía Cibils y Liliana González, por presunto mal desempeños en sus funciones en las actuaciones irregulares en cientos de juicios civiles, por cobro de pagarés en el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los integrantes del órgano juzgador de magistrados concluyó que se cumplieron con las exigencias sobre la gravedad, notoriedad y afectación para el enjuiciamiento de oficio a las juezas mencionadas más arriba.
Los miembros del JEM evaluaron el resultado de la auditoría realizada por la propia Corte Suprema de Justicia, que dejó al descubierto la actuación irregular de ambas juezas.
En la sesión extraordinaria de este lunes, el preopinante Manuel Ramírez Candia abordó las actuaciones de la abogada Liliana González de Bristot, a cargo del Juzgado de Paz de San Roque, correspondiente a la circunscripción de capital. El alto magistrado fue contundente al mencionar que el resultado de la auditoría comprobó que más de 100 expedientes se emitieron resoluciones judiciales sin número ni fecha. Asimismo, unos 35 expedientes sobre juicios civiles no contaban con la documentación pertinente.
Por su parte, el ministro de la Corte, César Garay, preopinante en el caso de la jueza de Paz de la Encarnación, Analía Cibils, explicó que la magistrada en cuestión incurrió en faltas consideradas como graves dentro del ordenamiento de la propia Corte y que son a su vez pasibles de un proceso en el organismo extrapoder.
Cibis, muy criticada, habría dictado resoluciones con una firma pero sin el sello correspondiente. También dictó providencias sin fecha y sin el sello identificatorio correspondiente, mediante las cuales se iniciaron los juicios ejecutivos para el embargo de salarios.