El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) eligió a la exministra de la Corte y actual representante del Poder Ejecutivo, Alicia Pucheta, como nueva presidenta del órgano juzgador de magistrados. De esta manera, Pucheta se convierte en la primera mujer en presidir el JEM.
Como vicepresidente primero fue electo el diputado Orlando Arévalo y vicepresidente segundo el integrante del Consejo de la Magistratura, Enrique Berni.
El integrante del JEM, Orlando Arévalo, fue quien propuso a la exministra de Corte, Alicia Pucheta, quien fue electa de forma unánime por sus compañeros del JEM.
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Participaron en la elección de la exvicepresidenta de la República y exministra de la Corte los miembros Orlando Arévalo, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, Derlis Maidana, Enrique Berni. Mientras que de forma virtual estuvo el ministro de la Corte, César Garay. Estuvo ausente el diputado Alejandro Aguilera.
Pucheta fue ministra de la Corte e integrante de la sala penal de la máxima instancia judicial, a su vez fue la primera presidenta de la Corte y también ocupó la Vicepresidencia de la República convirtiéndose en su momento en la primera mujer en ocupar el mencionado cargo.
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CSJ no da lugar a pedido de suspender designación de Pucheta en el Consejo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.
“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.
Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.
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“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.
La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.
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Un fastidiado Trump dice que “tiene mejores cosas que hacer” en lugar de estar en su juicio
Sus gestos, su actitud y sus declaraciones lo dejan claro: Donald Trump daría lo que fuera por estar en otro sitio y no en una sala de un tribunal de Nueva York que le impide hace campaña electoral.
En traje y camisa azul, con corbata de rayas del mismo color y su semblante tenso, se volvió a instalar este martes en su silla, detrás de una mesa de madera, por segundo día consecutivo de su juicio penal, el primero a un expresidente en la historia de Estados Unidos.
Tras unos breves intercambios con sus abogados, solo parecen sacarle de su ensimismamiento los objetivos de los fotógrafos que han podido acceder a la sala al inicio de la audiencia.
“Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia haciendo campaña”, dijo Trump a la prensa al llegar al tribunal, denunciando una vez más un “juicio que nunca debería haber existido”.
La víspera, reprochó al juez de origen colombiano Juan Merchan, que le ha obligado a asistir a todas las audiencias (cuatro días por semana), que no le hubiera permitido asistir a la entrega de diplomas de su hijo o seguir una audiencia que le afecta en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la próxima semana.
El expresidente republicano está acusado de ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, para comprar su silencio por una supuesta relación con el fin de que no interfiriera en la recta final de la campaña electoral que ganó frente a la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016.
Elección del jurado
En esta jornada dedicada exclusivamente a seleccionar al jurado de 12 personas y seis suplentes, que decidirán su suerte, Donald Trump, reducido al silencio, suele mirar hacia las sillas del jurado a su derecha para escrutarlos uno a uno.
No manifiesta ninguna emoción particular y a veces incluso parece aburrirse, incluso hasta dormitar, ante el desfile repetitivo de ciudadanos anónimos que representan la diversidad de la sociedad neoyorquina y que se han visto lanzados por un sorteo caprichoso a esta vorágine judicial.
Cada uno responde en alta voz al largo cuestionario sobre su situación profesional, familiar, sus aficiones, sus fuentes de información o sus simpatías o antipatías con el acusado.
Tras un momento de una actitud esencialmente pasiva, Donald Trump parece interesarse más activamente en las respuestas de los potenciales jurados, ojeando una copia del cuestionario.
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El magnate del sector inmobiliario parece animarse cuando un candidato a jurado responde positivamente a la pregunta “¿Ha leído alguno de los libros escritos por el acusado?”, Sí, “El arte de negociar”, responde, lo que suscita una sonrisa y una inclinación de cabeza aprobadora de Trump.
Fuente: AFP
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Imedic: comenzó juicio oral contra Patricia Ferreira y otros dos acusados
Se inició el juicio oral y público para la presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, acusada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense. Mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero, quienes sostienen que tienen suficientes elementos de prueba para sostener la acusación y lograr una sanción penal para los acusados.
La audiencia oral se inició con la presentación de los incidentes de inclusión probatoria de parte de la defensa de los acusados. Además de Ferreira están siendo juzgados en el caso Nidia Godoy, funcionaria de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
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Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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“Debemos abordar todos juntos la problemática indígena”, dijo la titular del Indi
- Por Lourdes Torres - lourdes.torres@nacionmedia.com
La presidenta del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Marlene Ocampo, realizó una valoración de la gestión de estos 7 meses que lleva al frente de la institución destacando como muy positivo el relacionamiento y la comunicación que mantiene con los diferentes líderes de las comunidades nativas. Mencionó que el tema indígena es tan complejo que indefectiblemente obliga a todas las instituciones del Estado a trabajar en forma coordinada y de esa manera llevar una solución efectiva a las diferentes comunidades.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Ocampo comentó que como institución rectora de las políticas públicas para las comunidades indígenas, están trabajando de manera coordinada con las diferentes instituciones del Estado, para hacer llegar los pedidos de las diversas comunidades.
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“El tema indígena es muy complejo, y no es solo responsabilidad del Indi, la problemática indígena es una cuestión que tenemos que abordar todos juntos y es lo que estamos haciendo desde esta institución. Trabajar en forma trasversal en coordinación con todas las instituciones, ya sea con el Ministerio de Obras Públicas, ya que necesitan caminos; hablamos con la Ande para hacer llegar la red de electricidad. Necesitan de pozos artesianos, para pozos de agua. También trabajamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la asistencia técnica”, precisó.
Igualmente, señaló que están trabajando de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional, al igual que con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, cuando se trata de abordar a las personas indígenas en situación de calle y sobre todo cuando hay menores de edad involucrados. Asimismo, trabajando con las Codenis, Comisarías y el Ministerio Público.
Indicó que están trabajando para devolverlos a su comunidad de origen, y en este periodo ya han podido llegar a más de 60 familias. “Hacemos el abordaje respetando su condición de persona humana, y son ellos los que definen, cuándo, cómo y dónde quieren ir. Entre ellos hay jóvenes que están en situación de consumo de drogas, por lo que también hay todo un protocolo para manejar esa situación, involucrando a varias instituciones”, remarcó.
Escuchar sus necesidades
Remarcó que al cumplir los 7 meses de al frente del Indi, Ocampo consideró que están avanzando en los objetivos trazados por el gobierno de Santiago Peña, el cual es salir de los despachos y llegar a las comunidades para verificar cuáles son las situación real den las comunidades y de esa forma buscar las alternativas de solución y abordar con efectividad sus necesidades.
Durante su gestión ya entregaron más de 150 microproyectos aproximadamente, distribuidas en 150 comunidades, entre ellos el sistema de agua, apoyo productivo para la agricultura, donde ellos han solicitado la reparación de suelos, semillas, y provisión de herramientas, motocarros, desmalezadoras, motosierras, entre otros elementos que necesitan para la agricultura.
“Todos esos elementos se les entrega a las comunidades que cuentan con personería jurídica, que cuentan con títulos, son ellos los que solicitan al Indi para que se pueda hacer el diagnóstico en su territorio. Entonces la comunidad se reúne y ellos deciden cuáles son sus mayores necesidades prioritarias y con esa información nosotros llegamos con los microproyectos. Ellos son los que deciden qué es prioridad; ellos tienen su autonomía y autodeterminación, la ley 904 les ampara, y nosotros cumplimos”, explicó.
Audiencias Públicas
Ocampo resaltó que desde que asumió la titularidad del ente realizaron audiencias públicas en las comunidades para escuchar de primera mano sus inquietudes y necesidades. Entre los principales objetivos de estas jornadas es acercar las facilidades para la documentación masiva, ya sea de Cédula de Identidad o el carnet de indígena; así como la titulación de tierras, llevando adelante las gestiones para realizar las transferencias de propiedad de los inmuebles a más comunidades.
Subsidio estudiantil
Por otra parte, Ocampo destacó que el Indi entregó los subsidios estudiantiles que en el 2023 fueron beneficiados 600 jóvenes estudiantes indígenas. Mientras que este año, 2024 apunta a llegar a más de 700 jóvenes estudiantes. “Esta ayuda consiste en un subsidio de 500.000 guaraníes mensuales de abril a noviembre, para ayudarles en su formación académica terciaria, ya sea en las facultades o carreras de tecnicatura”, precisó.
“Nosotros trabajamos con los líderes para poder sensibilizarles y poder manejar y administrar este complejo problema que tienen las diferentes comunidades, que se suma la problemática de las adicciones, ya sea a las drogas o el alcoholismo, que es un problema muy fuerte entre ellos, y desde el Indi trabajamos para mitigar. Por último, quiero decir, que no todos los indígenas están en las drogas, ni son los rapiñeros que están en las calles, y no quiero que se martirice a los nativos por este tema”, concluyó.
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