El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El presidente Santiago Peña se mostró ayer a favor de apro­bar el proyecto de ley que establece el control, la trans­parencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fun­damentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, manifestó el jefe de Estado al ser consul­tado sobre el citado proyecto de ley.

Dijo además no estar a favor de la persecución, de la dis­criminación, ni de cerce­nar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, “pero entiendo que el con­trol y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería apli­car”, señaló.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, remitió final­mente ayer el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su aceptación o rechazo.

Núñez dijo que particular­mente está a favor de la pro­puesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor con­trol. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo para­guayo tiene que saber en dónde están siendo destina­dos los recursos públicos”, señaló el senador.

Indicó que si el presidente Santiago Peña decide vetar el proyecto, la bancada oficia­lista en el Congreso respetará la decisión del jefe de Estado.

• Por Jorge Torres Romero.
• Columnista Político

El programa Hambre Cero impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña está encaminado a convertirse en la política de mayor impacto social de su administración.

Las empresas que se dedican al servicio de ofrecer almuerzos, desayunos y meriendas en las escuelas de todo el país generan un impacto positivo que va más allá de la alimentación de los niños. Esta actividad implica el funcionamiento de una extensa cadena de valor que involucra a diversos sectores económicos a través de las compras y servicios contratados. Por ejemplo:

1. Industrias de equipamiento de electrodomésticos: esto a través de la provisión de heladeras, freezers, licuadoras, balanzas y otros equipos esenciales para garantizar la correcta conservación y preparación de los alimentos.

2. Industrias de carpintería: esto a través de la fabricación de mesas, bancos, estantes y tablas para picar, que son utilizados tanto en la preparación como en la distribución de los alimentos. Las compras fortalecen a los talleres y microempresas.

3. Industrias textiles (costureras y modistas): esto a través de la elaboración de uniformes, delantales, cofias y manteles necesarios para garantizar la higiene y presentación adecuada del personal involucrado en la preparación y servicio de los alimentos.

4. Ramos generales: esto a través de la adquisición de ollas, platos, cucharas, cuchillos, vasos, jarras y bandejas, a fin de asegurar el equipamiento completo de los espacios de cocina y comedor en las escuelas.

5. Industria petrolera: esto a través del consumo de miles de litros de combustible para el transporte diario de los alimentos desde los centros de producción hasta las escuelas, dinamizando así el sector logístico.

6. Industria del gas: esto a través de la provisión de miles de kilogramos de gas licuado para el funcionamiento continuo de cocinas industriales, garantizando la eficiencia en la preparación de los menús escolares.

7. Industria automotriz: esto a través de la compra directa e indirecta de vehículos para el transporte de alimentos, personal y equipos, beneficiando tanto a empresas automotrices como a talleres mecánicos y de mantenimiento.

8. Industria de cereales y alimentos básicos: esto a través de la provisión constante de productos alimenticios esenciales como arroz, fideos, harina y legumbres, que componen los menús escolares y fortalecen la producción agrícola nacional.

En definitiva, esta compleja red de proveedores y servicios moviliza miles de empleos directos e indirectos, dinamizando distintos sectores industriales y comerciales. La inversión en estos servicios no solo asegura una alimentación adecuada para los estudiantes, sino que también impulsa el desarrollo económico sostenible del país.

Queda claro que la alimentación escolar no solo contribuye al desarrollo y la salud de los estudiantes, sino que también beneficia directamente a las industrias cárnicas y lecheras del país. Al fomentar la compra de productos nacionales, se impulsa la producción local, generando más empleos y oportunidades en las zonas rurales. Esta dinámica fortalece la economía local, mejora la calidad de vida de los productores y promueve el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.

En números, la inversión del Gobierno representa unos USD 955 millones hasta el 2027. Con un promedio de USD 330 millones por año para alimentar a 950 mil niños. Sin dudas esto constituirá la revolución positiva en el ámbito social. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, afirmó que el presidente de la República puso como una prioridad la seguridad desde que asumió el Gobierno nacional. Indicó además que el mandatario está poniendo especial atención en el equipamiento y preparación de las filas policiales.

“Cuando él es designado presidente de la República puso la seguridad como prioridad, es inédito que un presidente mire a sus policías, pasaron décadas y décadas que no lo hicieron y en ese tiempo la delincuencia avanzó”, fueron las expresiones del comandante en entrevista para la 1020 AM.

Indicó que la línea del Gobierno y la prioridad es aumentar la cantidad de policías en las calles en este periodo, que actualmente es de 29.000, de los cuales un porcentanje son funcionarios administrativos, que son civiles, por lo que ese número se reduce a 23.000 policías, que a su vez se reducen a aproximadamente 11.000 operativos que se encuentran en las calles día a día a nivel territorial.

“Los requerimientos en cuánto a seguridad, que parte de las mismas Naciones Unidas, por dar un ejemplo, requieren para dar una seguridad aceptable o buena para un país es que debemos contar con 3,3 policías por cada mil habitantes, y nosotros, apenas llegamos al 1,5″, indicó el comandante.