El abogado constitucionalista y dirigente liberal Theodore Stimson afirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá rechazar in límine cualquier acción de inconstitucionalidad que pueda ser planteada por la encuentrista Kattya González para retornar al Senado tras ser destituida el pasado miércoles mediante la pérdida de investidura.

“Hay una doctrina denominada de las cuestiones políticas no justiciables, que proviene de la Corte Suprema de Estados Unidos y que fue incorporada a nuestro derecho impositivo en la Ley 609/95, artículo 12, el cual menciona que la Corte no dará admisibilidad a cuestiones no justiciables, se refiere a las cuestiones políticas”, dijo en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Manifestó que en los juicios políticos y de pérdida de investidura, el juzgamiento que se realiza en ambas cámaras del Congreso Nacional “son de carácter político, discrecional, es muy diferente a un juicio ordinario en el que se le acusa a una persona bajo un código en donde están claramente tipificadas las conductas que son punibles”.

Señaló que el caso de la exsenadora es exclusivamente de apreciación política, que se encuentra reservada por la Constitución Nacional a las cámaras legislativas en los artículos 190 y 201 “la Corte Suprema de Justicia que es otro poder no puede revisar esa prerrogativa que tienen las cámaras del Congreso Nacional. Nadie le puede negar el hecho de formalizar una presentación de inconstitucionalidad, pero lo que está previsto en nuestro derecho es que la Corte tiene que examinar y al percatarse que esto es una cuestión no justiciable, tiene que rechazar in límine, es decir sin estudiar la cuestión de fondo”.

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Stimson manifestó que de obtener un trámite favorable, los ministros de la máxima instancia judicial serán pasibles de juicio político por mal desempeño en sus funciones. ”La separación de los poderes se encuentra consagrada en la Constitución Nacional. Ningún poder puede atribuirse un poder extraordinario, caso contrario se armará un desequilibrio”, puntualizó.

En el caso de que la opositora decida recurrir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado indicó que “este sistema está organizado para protegernos a nosotros los comunes contra los abusos que pueden venir del Estado. Una integrante de la Cámara de Senadores forma parte del poder y cuando uno de los miembros del Estado lleva adelante una conducta que es un peligro para los comunes, es ahí en donde debe actuar este sistema organizado”.

Los motivos expuestos en el libelo acusatorio fueron por el uso indebido de influencias e inducción a un subordinado a cometer hechos punibles, sindicados a Kattya González. Se mencionó en el documento a los funcionarios asesores de la excongresista, José Luis Torales (comisionado de la Contraloría, que cobraba doble salario y activaba en política pese al impedimento de su institución de origen) y Soledad Blanco, quien estuvo de vacaciones en Miami (Estados Unidos), pero figuró en la planilla de asistencia firmada por la exlegisladora.

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