Paraguay junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador y Uruguay emitieron este último jueves un comunicado para manifestar su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista venezolana Rocío San Miguel. La experta en temas militares enfrenta actualmente un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
Los países firmantes hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos. El comunicado agrega que rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo.
La también abogada con especialización en derecho y política Internacional es acusada de formar parte de una supuesta conspiración que incluía asesinar al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Este viernes se encuentra cumpliendo un total de 7 días en reclusión, tras confirmarse el pasado sábado su desaparición forzosa.
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La denuncia fue realizada por organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición. San Miguel se encuentra recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), localizada en la ciudad de Caracas.
La mujer de 57 años de edad también posee nacionalidad española y se desempeña como titular de la asociación civil Control Ciudadano, organismo especializado en temas de seguridad y defensa de la nación. Se trata de una organización creada en el año 2005 que tiene como fin ofrecer información a la ciudadanía sobre el funcionamiento, estructura, infraestructura, presupuesto y otros aspectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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