El ministro de Econo­mía y Finanzas, Car­los Fernández Val­dovinos, defendió el plan de gastos 2025 elaborado ínte­gramente por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ante posi­cionamientos que sostienen que el presupuesto refleja una inoperancia y no pre­senta cambios significativos en relación con los anteriores.

Fernández Valdovinos dijo que la administración de Peña apunta a tener una evo­lución “ordenada, constante, permanente. Nosotros nos hemos caracterizado en tér­minos económicos y sociales de tener políticas que son sos­tenibles en el tiempo”.

El alto funcionario de Estado mencionó que en el plan de gastos previsto para el próximo año sí se observan cambios relevantes en las políticas que la población reclama, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad.

“Me parece que existe un des­conocimiento total de lo que es el presupuesto. Por qué se desconoce el hecho de que a partir del año que viene el 100 % de los niños tienen garan­tizado el desayuno, almuerzo o merienda. Tenemos los fon­dos ya disponibles para un programa gigantesco que son más de USD 300 millo­nes”, refirió en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Valdovinos señaló que otro de los puntos desta­cados en el área de la educa­ción guarda relación con el aseguramiento de recursos para el salario mínimo profe­sional, el escalafón docente y la adquisición de kits escola­res para que nuevamente lle­guen a tiempo y forma.

Asimismo siguió sosteniendo que “tampoco se puede igno­rar que nosotros estamos garantizando para este año un monto récord para la ejecu­ción para la compra de medi­camentos. El Ministerio de Salud Pública tendrá USD 325 millones más. Nunca se tuvo un monto tan grande para la compra de medicamentos”.

En materia de seguridad detalló que se encuentra totalmente asegurado el presupuesto para 5.000 nuevos efectivos policiales que ya operarán a partir del 2025. Agregó que además está garantizado el financia­miento para instruir a otros 5.000 más.

El ministro resaltó que otro de los puntos importantes que diferencia al presupuesto presentado por el gobierno de Peña de los demás pla­nes de gastos es el hecho de “bajar el déficit de 2,6 % al 1,9 % del Producto Interno Bruto. Esto implica alrede­dor de USD 300 millones de gasto menos. A pesar de gas­tar menos, estamos distribu­yendo mucho mejor”.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Esta iniciativa presentada por varios senadores, plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comisiones de Legislación, Economía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecnología recomendaron la aprobación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los proyectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las Mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexibilización laboral y un régimen especial en el IPS para la cobertura de salud. Respecto a la formalización, señaló que se busca simplificar los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las Mipymes.

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“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es del 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia. Por ello, nos abocamos con muchos participantes tanto del sector público como del privado, para estudiar sobre la problemática de la informalidad. El presidente de la República ha marcado como uno de sus ejes la formalización de todos los trabajos”, explicó.

Indicó que por ello, se buscó que todos los microemprendedores se adhieran a esta propuestas y puedan colaborar en las modificaciones de la ley vigente. “Trabajamos para convencer a la gente de que la formalización es lo que les va ayudar a levantar, para que puedan emprender y levantar sus pequeñas empresas”, indicó.

El senador Carlos Núñez señaló que en la Comisión de Economía y Cooperativismo han entendido que las modificaciones consensuadas con las demás comisiones de la Cámara Alta permitirán reducir la informalidad, aumentar la competitividad de las Mipymes, crear más empleos y mejorar las condiciones laborales y de ese modo impulsar el desarrollo económico del país.

Agregó, que las Mipymes representan el 98 % de las empresas en el país, de las cuales el 2 % son medianas, el 10 % son pequeñas y el 88 % son microempresas que generan un 60 % de empleos efectivos.

Mientras que la senadora Yolanda Parades destacó el proyecto de ley, considerando que es muy importante para la economía del país. Entre los puntos a ser incluidos destacó como una de las ventajas la exoneración de las patentes en los primeros tres años, para las microempresas con cédulas Pymes.

Luego de las consideraciones de las propuestas de modificación, el plenario procedió a votar a favor aceptando las modificaciones planteadas por las distintas comisiones asesoras.

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La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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Luego del análisis a los dictámenes en coin­cidencia, emitidos por las comisiones de Presu­puesto y Equidad Social, el plenario acompañó la apro­bación con modificaciones de varios artículos. El proyecto vuelve a la cámara de origen, para que el Senado acepte o rechace las propuestas de modificación, en una tercera vuelta del proceso legislativo.

Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo busca resol­ver el histórico problema de la superposición de títu­los de tierras en Paraguay. Obtuvo una media sanción de la Cámara de Senadores y en ayer fue analizada por la Cámara Baja, que aprobó de manera general, pero con algunas modificaciones en sus artículos.

La propuesta propone la fusión de tres institucio­nes estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Direc­ción General de los Registros Públicos, el Servicio Nacio­nal de Catastro y el Depar­tamento de Agrimensura y Geodesia. Este nuevo Regis­tro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y admi­nistrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Jus­ticia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objeti­vos del RUN se encuentran la simplificación de trámi­tes, identificación de inmue­bles superpuestos, reducción de plazos para transferen­cias, introducción del regis­tro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguri­dad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.

Durante el debate, el dipu­tado liberal Rodrigo Blanco indicó que si bien acompaña la propuesta, solicita al pleno testar o eliminar el artículo 126, el cual plantea la ins­cripción de títulos sin cer­tificado de condiciones de dominios. Explicó que, de aprobarse esto, sería muy grave, porque arrastraría enormes problemas con los titulares de dominio.

Al momento de la votación en particular esta moción fue acompañada por la mayoría y el artículo en cuestión fue excluido de la ley.