Gustavo Elizeche, vicepresidente electo del Partido Encuentro Nacional (PEN), indicó que la nucleación política apuntará a recuperar la confianza y seguir siendo una alternativa para la ciudadanía dentro del proceso electoral paraguayo. En tan solo 3 meses, la agrupación perdió a dos presidentes tras verse envueltos en escándalos por irregularidades.
“Con luces y sombres queremos seguir siendo una herramienta del proceso electoral. Ahora tiene un órgano constituido y quiere dar la credibilidad y confianza”. indicó en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado sábado Elizeche logró posicionar su candidatura para el segundo mando del PEN con un total 36 votos derrotando a su entonces contrincante, la senadora Kattya González, quien solo logró reunir 6 votos. “El mecanismo del partido es a través de un consejo nacional donde están las bases partidarias a nivel país. Mi candidatura surgió de una propuesta de los compañeros que están a nivel del interior donde se hizo un sistema de selección. La confianza estaba sobre mi persona y faltando horas (para las elecciones) nos enteramos sobre la candidatura de González. no puedo asegurar sobre las circunstancias que llevaron a su candidatura”, refirió.
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En octubre del 2023, el ingeniero Fernando Camacho se vio obligado a presentar su renuncia como presidente de la agrupación luego de que se haya hecho público que formaba parte de la comitiva de los calificados ocupantes vip que pretendían apoderarse de las tierras de la finca 916, conocido como Jardines de Remansito, ubicado en Presidente Hayes, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.
Tras su salida, asumió el cargo de manera interina José Torales quien se encuentra investigado por el cobro indebido de honorarios. El exasesor de la senadora González habría conseguido su traslado de la Contraloría General de la República a la Cámara de Senadores de forma irregular y percibió remuneraciones en ambas instituciones.
Incluso Torales había violado el código de ética de la Contraloría, que prohíbe cualquier tipo de militancia política siendo funcionario del órgano extrapoder. En la Contraloría, su salario trepaba a un total de G. 13 millones y con los gastos de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo, los ingresos orillaban los G. 17 millones mensuales; mientras que en el Senado percibía más de G. 7 millones.
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