El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzaron oficialmente el “Programa de entrenamiento para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) paraguayas con un abordaje en innovaciones verdes y sostenibles”.

En la oportunidad, la Ing. Cynthia Delgado, secretaria ejecutiva del Conacyt, mencionó que, a través de una capacitación intensiva de 45 horas en 6 semanas de aprendizaje teórico-práctico, las empresas participantes adoptarán habilidades de sostenibilidad que mejorarán su competitividad y facilitarán su proyección en mercados internacionales.

“El programa reúne a 15 mipymes de 11 ciudades paraguayas que buscan contribuir a la modernización y fortalecimiento de sus empresas para que afronten con resiliencia los desafíos del cambio climático”, sostuvo.

Por su parte, el Ing. Gustavo Giménez, Viceministro de Mipymes del MIC, celebró la iniciativa impulsada en conjunto con los técnicos del Conacyt y animó a los participantes a aprovechar estos cursos de entrenamiento que les permitirán fortalecer sus emprendimientos y acceder a mejores oportunidades de negocios.

• Por Jorge Torres Romero.
• Columnista Político

El programa Hambre Cero impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña está encaminado a convertirse en la política de mayor impacto social de su administración.

Las empresas que se dedican al servicio de ofrecer almuerzos, desayunos y meriendas en las escuelas de todo el país generan un impacto positivo que va más allá de la alimentación de los niños. Esta actividad implica el funcionamiento de una extensa cadena de valor que involucra a diversos sectores económicos a través de las compras y servicios contratados. Por ejemplo:

1. Industrias de equipamiento de electrodomésticos: esto a través de la provisión de heladeras, freezers, licuadoras, balanzas y otros equipos esenciales para garantizar la correcta conservación y preparación de los alimentos.

2. Industrias de carpintería: esto a través de la fabricación de mesas, bancos, estantes y tablas para picar, que son utilizados tanto en la preparación como en la distribución de los alimentos. Las compras fortalecen a los talleres y microempresas.

3. Industrias textiles (costureras y modistas): esto a través de la elaboración de uniformes, delantales, cofias y manteles necesarios para garantizar la higiene y presentación adecuada del personal involucrado en la preparación y servicio de los alimentos.

4. Ramos generales: esto a través de la adquisición de ollas, platos, cucharas, cuchillos, vasos, jarras y bandejas, a fin de asegurar el equipamiento completo de los espacios de cocina y comedor en las escuelas.

5. Industria petrolera: esto a través del consumo de miles de litros de combustible para el transporte diario de los alimentos desde los centros de producción hasta las escuelas, dinamizando así el sector logístico.

6. Industria del gas: esto a través de la provisión de miles de kilogramos de gas licuado para el funcionamiento continuo de cocinas industriales, garantizando la eficiencia en la preparación de los menús escolares.

7. Industria automotriz: esto a través de la compra directa e indirecta de vehículos para el transporte de alimentos, personal y equipos, beneficiando tanto a empresas automotrices como a talleres mecánicos y de mantenimiento.

8. Industria de cereales y alimentos básicos: esto a través de la provisión constante de productos alimenticios esenciales como arroz, fideos, harina y legumbres, que componen los menús escolares y fortalecen la producción agrícola nacional.

En definitiva, esta compleja red de proveedores y servicios moviliza miles de empleos directos e indirectos, dinamizando distintos sectores industriales y comerciales. La inversión en estos servicios no solo asegura una alimentación adecuada para los estudiantes, sino que también impulsa el desarrollo económico sostenible del país.

Queda claro que la alimentación escolar no solo contribuye al desarrollo y la salud de los estudiantes, sino que también beneficia directamente a las industrias cárnicas y lecheras del país. Al fomentar la compra de productos nacionales, se impulsa la producción local, generando más empleos y oportunidades en las zonas rurales. Esta dinámica fortalece la economía local, mejora la calidad de vida de los productores y promueve el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.

En números, la inversión del Gobierno representa unos USD 955 millones hasta el 2027. Con un promedio de USD 330 millones por año para alimentar a 950 mil niños. Sin dudas esto constituirá la revolución positiva en el ámbito social. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró el Día del Investigador Para­guayo, que se conmemora el 8 de noviembre, con un saludo a todas las investiga­doras y todos los investigado­res que, con dedicación y voca­ción, impulsan el desarrollo sostenible de Paraguay. Este día representa un reconoci­miento a quienes eligieron la investigación científica como una misión de vida, aportando su conocimiento y esfuerzo para alcanzar un mayor bien­estar social.

Actualmente, 708 investiga­dores están categorizados en el Sistema Nacional de Inves­tigadores (Sisni) del Cona­cyt. De ellos, 244 pertene­cen al Nivel 1, 95 al Nivel 2 y 24 al Nivel 3. Además, el Sisni cuenta con 335 iniciantes y 10 investigadores eméritos. En cuanto a área científica, de estas cifras, 215 pertenecen a las áreas de ciencias agrarias, naturales y botánica; 211 se encuentran en ciencias de la salud, biología animal y quí­mica, 179 en ciencias sociales y humanidades, y 103 en las áreas de ingenierías y tecno­logías, matemática, informá­tica y física.

En relación a la cantidad de mujeres y hombres categori­zados, a la fecha el 50 % son del sexo femenino y el 50 % del sexo masculino; 354 investi­gadores y 354 investigadoras forman parte del Sisni.

Este año, el Conacyt también celebra la reglamentación de la carrera del investigador cien­tífico con la firma del Decreto N.º 1585, que establece el Sis­tema Nacional de Investiga­dores y regula la carrera del investigador científico en Paraguay. Este marco regu­latorio crea un nuevo escena­rio de desarrollo profesional para los investigadores del país y promueve el reconocimiento de su labor en la construcción de una sociedad del conoci­miento.

El Conacyt reafirma su com­promiso para que Paraguay siga avanzando en la ciencia y tecnología, asegurando que la labor científica contribuye al progreso socioeconómico y cultural del país.