El ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González y otras autoridades que componen las fuerzas de seguridad, presentaron de manera oficial el operativo Basalto, el que es impulsada de manera conjunta con el Brasil para la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y otros crímenes.
“Estamos presentes para acompañar el lanzamiento de la operación denominada Basalto en conjunto con el Brasil contra el crimen organizado, el narcotráfico y demás crímenes conexos. Como ministro de Defensa Nacional anuncio que de esta operación forman parte 1.200 efectivos militares”, informó González.
Asimismo, participan más de 800 efectivos de la Policía Nacional, además de 50 agentes especiales y funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Del acto de lanzamiento también participaron representantes del Consejo de Defensa Nacional y los comandantes de las fuerzas militares y de las fuerzas singulares del Comando Logístico.
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“Consideramos que es una cuestión de defensa y soberanía. Tenemos la obligación de combatir a todos aquellos grupos que en algún momento puedan intentar poner en peligro la autoridad del Estado, por eso estamos participando con mucho profesionalismo y sin escatimar ningún medio, humano ni material”, manifestó el ministro.
Las actividades de este operativo giran en torno a lo realizado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El secretario de Estado remarcó que esta operación es de suma importancia dado que la defensa nacional es una prioridad para el actual gobierno.
El pasado miércoles 31 de enero, el personal de la tercera división de Infantería de Paraguay y agentes del ejército de Brasil, tuvieron un encuentro simbólico en el Puente de la Integración de modo a dar inicio al operativo. Con el acto de este jueves 1, la operación es iniciada oficialmente en otra acción en conjunto con el vecino país.
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Comandante afirma que hay más de 600 sumarios a policías vinculados en casos de narcotráfico
El comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, destacó el esfuerzo que está haciendo la institución para depurar las filas policiales que pudieran tener vínculos con el narcotráfico, con más de 600 sumarios y unos 100 elementos dados de baja. Fue durante la audiencia pública sobre “La corrupción y su relación con el narcotráfico”, organizado por miembros de la Cámara de Senadores.
Al término de la reunión, el alto jefe policial señaló que están poniendo el mayor de los esfuerzos para brindar una mayor seguridad a la ciudadanía, y en ello la institución está comprometida. Indicó que prueba de ese esfuerzo y compromiso, es que a la fecha cuentan con 581 efectivos de la Policía Nacional fallecidos en combate durante la lucha frontal contra el crimen organizado.
No obstante, señaló que es compartida la preocupación que existe sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico y corrupción, temas que han sido abordados durante la audiencia pública, con los diferentes sectores.
“Cuando hablamos de crimen organizado, sabemos que una de sus facetas es el narcotráfico y otra de sus facetas es la corrupción. Tomamos nota de todas las preocupación que existen y que nosotros desde el interior de nuestra institución policial también tenemos una lucha sin descanso, sobre todo lo que es la corrupción”, indicó.
Al respecto, señaló que en ese esfuerzo y lucha frontal han encontrado a elementos policiales vinculados con alguna organización criminal y grupos delincuenciales. En ese sentido, informó que han presentado durante la audiencia el trabajo que están haciendo para depurar las filas policiales.
“Además de hacer una lucha externa contra el crimen organizado, también estamos llevando una lucha interna de tal manera a ir depurando nuestras filas. Actualmente tenemos más de 600 casos que están bajo investigación, bajo sumario. Además de forma anual estamos enviando fuera de la institución, o como decimos damos de baja, a unos 100 efectivos policiales“, enfatizó.
Por tanto, destacó que han dejado en claro ante los legisladores, que hay una preocupación y ocupación real de la institución en la lucha contra el crimen organizado, de manera externa contra lo que es el flagelo y de manera interna contra los elementos contaminados que operan de manera ilegal en la institución.
Finalmente, el comandante Benítez aseguró que continuarán llevando adelante el mayor y mejor esfuerzo en pos de la seguridad de toda la sociedad y la ciudadanía. “Estamos comprometidos en eso, somos juramentados, tenemos nuestro compromiso con toda la ciudadanía, con la Constitución Nacional y con las leyes. Prueba de nuestra lucha, es que hoy en día tenemos 581 mártires de la Policía Nacional, que han fallecido en la lucha frontal contra el crimen organizado”, concluyó.
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Ministerio de Defensa avanza en reglamentación de ley para indemnizar a excombatientes del 89
Ante la movilización de excombatientes del golpe de Estado de 1989, desde el Ministerio de Defensa indicaron que se está llevando adelante un trabajo con el fin de reglamentar la ley que autoriza el pago de indemnizaciones, no obstante, aclaró que esto lleva tiempo puesto que la redacción compromete a varias instituciones.
“La reglamentación de la ley de indemnización de los excombatientes del 2 y 3 de febrero exige que varias instituciones participen mediante estudios bien elaborados, es por eso que la reglamentación no es un proceso rápido. Lo que le corresponde al Ministerio de Defensa, hace rato lo hemos terminado y elevado a la Presidencia”, detalló el ministro de Defensa, Óscar González.
En conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el general retirado indicó que la Presidencia es la encargada de recibir los informes de las instituciones. La Procuraduría General de la República también ya ha devuelto el expediente y eso será elevado a Asesoría Jurídica del Poder Ejecutivo, explicó.
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“Sé que hay impaciencia de parte de los integrantes, pero nosotros tenemos que obrar correctamente, no podemos hacer de forma apresurada un trabajo que después pueda dar lugar a que se cometan irregularidades”, señaló González, quien precisó que el número final de beneficiarios de esta ley será determinado en la reglamentación.
De acuerdo a lo que expuso el ministro, la Dirección General de Movilización es la instancia que cuenta con la documentación respectiva sobre aquellos que prestaron servicios en ese momento y sobre quienes tuvieron participación directa en el conflicto, un elemento clave al momento de determinar a la lista de indemnizados.
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Evitar el despilfarro
“Únicamente se va a determinar con la lista de conscriptos que pertenecían a las unidades militares asignadas para el operativo, ese es un mandato de la ley. Justamente por eso tenemos mucho cuidado con el proyecto de decreto de reglamentación de la ley, no es dar a mansalva los bienes del Estado”, sostuvo.
El Ministerio de Defensa es muy cauteloso con el uso que se da al dinero público, afirmó el ministro, quien señaló que buscan evitar el despilfarro de los recursos en nombre de una buena causa. “Nadie cuestiona que los que participaron de este enfrentamiento no merecen ser resarcidos, reconozco eso, pero ellos deben entender que como funcionario del Estado, tengo que obrar con mucho cuidado”, concluyó.
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Se inició otro juicio oral para líder del clan Rotela, acusado por narcotráfico
Comenzó el juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y varios acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central. El tribunal de sentencia que juzga a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos. El juicio se desarrolla vía telemática es decir, los acusados desde su lugar de reclusión en el caso de Rotela desde la cárcel de Emboscada.
El fiscal del caso, Luis Said, expuso ante el tribunal de sentencia la teoría del principal acusado que es Armando Javier Rotela de cómo lideraba las actividades criminales y a su vez explicó al colegiado que Rotela tenía a gente penitenciaria a su disposición.
El juicio oral proseguirá el próximo lunes 2 de septiembre a las 07:30 con la declaración de varios testigos propuestos por el Ministerio Público.
En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina. El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.
Rotela está preso hasta 2046
El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Unir a las fuerzas de seguridad es fundamental para combatir al crimen organizado
El ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, debatieron en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, acerca de las acciones y procedimientos policiales desplegados en los casos de crimen organizado, y aludieron al operativo de allanamiento que derivó en el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el lunes pasado.
“Todos los allanamientos tienen un riesgo y son sorpresivos porque no se puede dar aviso del procedimiento. Las decisiones tomadas por el juez y el fiscal se hicieron bajo el marco de su competencia”, comentó Riera, respaldando las acciones de la Policía. Tanto el ministro como el comandante Benítez coincidieron en la importancia y la necesidad de unir a las fuerzas de seguridad para hacer frente a flagelos como estructuras criminales.
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Despliegue de allanamientos
El comandante Benítez declaró que el procedimiento en casos de crimen organizado implica mayor envergadura que un allanamiento considerado como “normal y corriente”. Esto con la prioridad de garantizar el éxito de la operación; puntualizó que el peor escenario sería la filtración a los propios grupos criminales.
“Cuando se trabaja en contra del crimen organizado, la información es compartimentada, es decir, debe llegar hasta ciertos niveles y detalles. Esta información consta de un alto nivel de confidencialidad porque se busca proteger la información de inteligencia, el operativo y la vida de los intervinientes”, señaló.
Benítez subrayó que desde la Policía Nacional se seguirá cooperando con el Ministerio Público con todo procedimiento que haga al esclarecimiento del caso desarrollado. A esto se sumará la elaboración de protocolos mejor establecidos para allanamientos, como la utilización de cámaras corporales.
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Detalles a las autoridades
En el Senado se había realizado una reunión reservada, con invitación a los diputados, para analizar las explicaciones de Riera y Benítez, junto al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y los fiscales responsables de la investigación. El ministro detalló que los agentes del Ministerio Público indicaron que eligieron el horario del procedimiento.
“Se eligió a las 3:00, atendiendo que la información manejada por los fiscales indicaba que el señor Gomes se manejaba en el día con guardia privada, elevando el riesgo de la confrontación. En estos temas se trabaja con el juez local, fiscales locales y policías de élite”, remarcó el ministro.
En cuanto al proceder de las fuerzas públicas, Riera reiteró que no estaba bajo disposición de la policía esperar a que sea de día o avisar sobre el allanamiento al diputado, debido a que se incurriría en dos delitos: obstrucción a la justicia y complicidad, ante la posibilidad de la desaparición de las pruebas.
Algunas aclaraciones
Riera y Benítez brindaron algunas declaraciones pertinentes sobre el operativo desarrollado, entre ellos, acerca del involucramiento de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU, por sus siglas en inglés), oficina especializada en la lucha contra el crimen organizado.
“Se trata de una oficina compuesta en su 100 % por oficiales y suboficiales egresados del Colegio de Policía y la Academia Nacional de la Policía. SIU no tiene autonomía, como algunos piensan, tienen una dependencia de una dirección llamada Planificación Estratégica, que a su vez depende de la Subcomandancia de la Policía”, indicó el comandante.