El Estado paraguayo no supo dar soluciones definitivas al problema de acceso a la alimentación de numerosas familias y en especial del segmento infantil. Es por ello que una parte de los niños y niñas en edad escolar padecen de desnutrición (5,3 por ciento según datos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición).
Este número sigue siendo una lacerante realidad a pesar de que se establecieron políticas alimentarias desde las escuelas y pese a los ingentes recursos destinados al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En el último quinquenio, en el que Mario Abdo Benítez ejerció la administración del Gobierno, los problemas en el programa de alimentación escolar empeoraron, no solo por aspectos de carácter extraordinario (como la pandemia del covid-19), sino principalmente por la deficiente gestión y la creciente corrupción.
Entre el 2018 (año en que Marito asume el poder) y el 2023, el Gobierno dispuso de más de 8 billones de guaraníes (alrededor de 1.247 millones de dólares) en recursos del Fonacide. Según la ley que lo creó, el 30 por ciento se destina al almuerzo escolar, dando un total de 2,4 billones de guaraníes (unos 332 millones de dólares) a disposición de la gestión Abdo para la provisión de la merienda escolar en municipios y gobernaciones, según el último informe de la Contraloría General de la República.
Esto demuestra que no faltaron recursos para financiar los distintos programas de salud y de alimentación, incluso durante el covid-19, lo que sí faltó fue transparencia atendiendo a que la ejecución del programa estuvo plagada de denuncias sobre faltantes de kits alimentarios y alimentos en mal estado.
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Resultados funestos
Los resultados fueron funestos no solo porque había que administrar la pandemia, sino que la alternativa al programa de asistencia alimentaria (restringido a un plan Mi Almuerzo Escolar en Familia) estuvo salpicada de denuncias y reclamos por la mala calidad de la merienda entregada tanto por el Ministerio de Educación como por las gobernaciones y municipios.
El programa Mi Almuerzo Escolar en Familia se implementó como estrategia para los servicios de alimentación en instituciones educativas de capital y otras urbes, por causa de la pandemia y posterior suspensión de clases presenciales.
Las distintas tandas realizadas revelaron faltantes de kits alimentarios para muchas familias; en algunos casos se destinaban 400 kits cuando la necesidad era para 600, según las denuncias. En otros casos, se hablaba de alimentos en mal estado, como sucedió con algunas familias en Alto Paraguay, donde los kits llegaron en mal estado (tenían gusanos).
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Un negocio
El almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a los mismos consorcios. Del informe de la Contraloría General de la República se desprende que la merienda escolar se concentró en pocas manos en los últimos 10 años. Son varias las proveedoras “mimadas”, pero de ellas dos son las que más licitaciones se han llevado.
Ladero Paraguayo SA se adjudicó con 176 licitaciones por valor total de G. 578.027.082.995; mientras que Comepar –con cuatro contrataciones por valor G. 567.578.055.351– se ubica en segundo lugar.
Un aspecto que la propia Contraloría halló como preocupante es que (en octubre de 2022) la cartera educativa no había solicitado al Ministerio de Salud Pública la realización de algún estudio que comprobase las condiciones sanitarias del almuerzo escolar, ni en la empresa proveedora del servicio ni en las instituciones educativas.
Hambre cero
El presidente de la República, Santiago Peña, y su gabinete de ministros realizó este lunes la presentación del proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas y el sistema educativo”, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
“El proyecto hambre cero en nuestras escuelas y el sistema educativo surge de un profundo compromiso con nuestra nación y una plena conciencia de que la educación no solo es un bien público esencial sino también un derecho fundamental de todos los paraguayos”, dijo Peña, indicando que ya no se pude permitir que el sistema de alimentación escolar siga de la misma manera, y el objetivo de este proyecto es terminar con ese mecanismo deficiente y llevar las condiciones mínimas para los niños, niñas y adolescentes para la educación.
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