La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar este martes 19, las modificaciones al Código Electoral en cuanto a las inscripciones automáticas. El diputado José Rodríguez, proyectista de la iniciativa, aclaró que no es cierto que se quiera cercenar el derecho a votar a los que están en el extranjero, sino que el objetivo es tener un padrón depurado.

“No hay grandes modificaciones, la inscripción automática va a seguir para los que cumplan 18 años de edad. La Justicia Electoral se va a encargar de las inscripciones vía web y a través de los servicios consulares con representación diplomática para los que están en el extranjero, no hay que tener miedo, todos van a poder votar, la gente que quiera inscribirse va a poder hacerlo. No existe ninguna ley mordaza y todos van a tener derecho al voto”, sostuvo.

En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador explicó los inconvenientes que genera la ley actual y en este sentido precisó que actualmente existen 750.000 que no forman parte del registro cívico permanente, pese a que en el artículo N.° 2 de la ley electoral está establecido que todos los paraguayos deben formar parte del mismo.

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“Por lo visto nunca les interesó formar parte y ni siquiera votan, eso va en detrimento del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Estado paraguayo porque eso demanda más locales de votación, más máquinas, se tienen que habilitar más mesas y todo eso demanda un presupuesto enorme”, expuso Rodríguez.

En cuanto a los compatriotas en el extranjero, de los 41.000 paraguayos que residen en otros países, en las últimas elecciones solo votaron 7.000. “Eso representa apenas el 18 %, pero el gasto es tremendo, queremos hacer una depuración correcta del registro cívico permanente”, recalcó el diputado de Honor Colorado.

Este proyecto fue analizado en la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, y tras las explicaciones del alcance de esta iniciativa, este órgano partidario recomendó a las tres bancadas acompañar con el voto. De acuerdo a lo manifestado a La Nación, por el apoderado general Wildo Almirón, los bloques estuvieron de acuerdo en dar el visto bueno a estas modificaciones.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil y fue remitida a la Cámara Baja. El diputado José Rodríguez, integrante de la bancada de Honor Colorado, indicó que este lunes 18 iniciarán el estudio detallado de las modificaciones realizadas.

“El proyecto tiene casi 150 artículos y vamos a estudiar cada uno de los artículos en bancada para ver en qué podemos colaborar. Normalmente nosotros respetamos las decisiones del Poder Ejecutivo, pero vamos a analizar qué modificaciones hizo el Senado. Vamos a trabajar también con el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, para que este proyecto salga de la mejor manera posible”, expresó el legislador.

En conversación con La Nación/Nación Media, recalcó que se realizará un estudio pormenorizado del proyecto, sin embargo, para la sesión ordinaria del martes 19 ya figuran como parte del orden del día otros proyectos de gran relevancia como la unificación de Catastro y Registros Públicos a través de la creación del Registro Unificado Nacional (RUN).

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“Debemos leer detalladamente para no cometer ningún error”, manifestó en cuanto al proyecto de ley de servicio civil. “En cuanto al RUN, estoy totalmente de acuerdo en que el Catastro Nacional se fusione porque tenemos muchas dificultades actualmente en esta y las otras instituciones, no hay mucha celeridad en los documentos”, expuso.

Asimismo, mencionó que el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, aseguró que los expedientes, sin inconvenientes judiciales, podrán ser expedidos en menos de 45 días, lo cual sería muy favorable para el sistema. “Es momento de que los trámites se den con mayor celeridad”, remarcó.

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Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.

“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.

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