El viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Ramírez, explicó que las personas adultas mayores que no se inscribieron en el sistema del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) también serán incluidos en el sistema de elegibilidad para que puedan percibir el beneficio de pensión destinado para este sector de la población.

“Con esta nueva ley nosotros vamos a aplicar automáticamente, en el sentido de la elegibilidad que lo vamos a hacer, solo que nosotros en un principio estábamos haciendo con una inscripción previa para que podamos tener los datos del adulto mayor”, explicó en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Detalló que con el sistema de inscripción ya se recepcionó más de 100 mil solicitudes de adultos mayores, sin embargo, se realizará un cruzamiento de datos con el Departamento de Identificaciones y otras entidades que están involucradas para la elegibilidad de las personas que no se inscribieron en el MSD.

“Estábamos haciendo la inscripción para la ubicación del adulto mayor, porque de repente los adultos mayores migran mucho, y cuando hacemos el cruzamiento directo con Identificaciones, muchas veces nos cuesta más ubicarle al adulto mayor, pero vamos a hacer la elegibilidad universal”, explicó.

Finalmente, sostuvo que se prevé la aplicación de la universalidad para percibir el beneficio de pensiones. “De todas formas, aquel adulto mayor que no se ha inscripto dentro del sistema dentro del Ministerio de Desarrollo Social, igualmente nosotros vamos a hacer el cruzamiento de datos para que podamos incluir dentro de la elegibilidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos dentro del año”, sentenció.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció esta semana la implementación de la segunda etapa del programa de Gobierno “Hambre cero en las escuelas” en todos los departamentos del país. En esta fase ya se incluyen a las 12 gobernaciones restantes y los 263 distritos a nivel nacional. En la primera etapa se incluyeron a 90 distritos, considerados prioritarios.

“Hay un gran ambiente de control y yo creo que hoy ya no hay excusa, hay que dar el 100 % a todos los niños, no podemos dejar de cuidar lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos que son nuestros hijos”, expresó César Sosa, presidente de Consejo de Gobernadores, y gobernador de Guairá, este domingo en entrevista para La Nación/Nación Media, señalando la gran responsabilidad y el desafío para los gobernadores como ejecutores de este ambicioso programa del Gobierno.

Atendiendo la gran amplitud de este programa, Sosa sostuvo que los gobernadores estarán trabajando con gran responsabilidad y con las ganas de sacar adelante a sus respectivos departamentos, ya que Hambre Cero también tendrá un gran impacto para sacar a muchas familias de la pobreza.

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“Tomamos con mucha responsabilidad, realmente para nosotros es una gran responsabilidad, la confianza del presidente de la República (Santiago Peña), nosotros somos ejecutadores de contratos, no es fácil, sabemos que vamos a tener grandes desafíos, como todo proyecto, pero el Consejo está firme, el Consejo tiene las ganas de salir a trabajar”, apuntó Sosa a LN.

Agregó que, desde el Consejo de Gobernadores, se celebra que el programa alimentario ya haya llegado a su segunda etapa, que incluirá a todos los departamentos, no solo por su gran impacto en la educación, la nutrición de los niños, y la baja deserción escolar, sino también por el impacto económico que tendrá en todos los departamentos.

“Nosotros estamos convencidos de que el Paraguay se construye desde los departamentos, las bases sólidas están en los departamentos. El trabajador va tener un mercado hoy gracias al proyecto Hambre Cero, así que desde el Consejo celebramos este gran proyecto del Presidente y tenemos todas las ganas de sacar delante de hacer bien nuestro trabajo, es una gran responsabilidad, que nosotros vamos a ir honrando”, señaló.

Por otra parte, Sosa también destacó el gran control que se realizará en la aplicación del programa, desde el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), donde los gobernadores también tienen sus representantes.

“Nosotros como Consejo tenemos representación en el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de ahí salen las directrices para el control. Cada administrador de contrato, las gobernaciones tienen una dirección del control alimentario, eso también está compuesto por padres de familia, por nutricionistas, por abogados, el control dentro de cada gobernación va ser gigante”, comentó a través del diario La Nación.

Resaltó la inclusión de la Contraloría General de la República (CGR), que realizará los controles instantáneos, in situ, y sin mayor tiempo. “Vamos a tener un programa donde cada director, cada padre de familia, día a día esté pasando informaciones a la Contraloría, eso va llegar también a nosotros para que nosotros podamos ver algunos déficit y virtudes”, sentenció.

- El programa “Hambre cero en las escuelas” arrancó en su segunda etapa, que incluye a los 12 departamentos restantes.

- A partir de febrero del 2025, Hambre Cero llegará a todas las escuelas.

- El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, resaltó el compromiso y la responsabilidad de todos los gobernadores.

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La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.