La Defensoría del Pueblo, que preside Rafael Ávila, emitió este miércoles un comunicado argumentando que la institución no permitirá la manipulación de grupos vinculados al crimen organizado que apuntan a recuperar sus privilegios dentro de la cárcel de Tacumbú, que fueron erradicados tras la operación Veneratio, lanzada por el gobierno el pasado 18 de diciembre.
“En las semanas del presente año se han constituido ante esta representación constitucional extrapoder diversas personas pretendiendo utilizar a la Defensoría del Pueblo como un mecanismo de presión para interceder ante el Estado con los grupos del crimen organizado, con el único objetivo de volver a acceder a los privilegios que les han sido eliminados en el régimen penitenciario a partir del operativo Veneratio y gozar de toda la impunidad que les ha permitido manejar por mucho tiempo la penitenciaría de Tacumbú y otros centros penales del Paraguay”, sostiene.
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La nota refiere que, ante los hechos notorios e irregulares, la Defensoría del Pueblo accionará y formulará las denuncias “ante los órganos pertinentes en caso de que algún funcionario o funcionaria arrogándose atribuciones institucionales pretenda interceder o lograr privilegios para este grupo especifico de personas privadas de su libertad con relación directa al crimen organizado”.
Sostiene que la institución, conforme a su rol constitucional establecido en los artículos 276 y 277 de la Constitución Nacional, “en todo momento se ha abocado al control de debido proceso y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad sean estas prevenidas o condenadas realizando recomendaciones al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a otras instituciones estatales a fin de que puedan velar por el cumplimiento integro de los principios procesales”.
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La Defensoría del Pueblo reitera en su comunicado que “ese rol constitucional no será apañado por personas inescrupulosas que pretendan de alguna manera la obtención de beneficios irregulares y pretendan torcer los principios de prevención general y de prevención especial positiva como fines de la pena previstos en el artículo 20 de la Constitución Nacional”.
En la operación Veneratio se logró el traslado de unos 700 reclusos vinculados al clan Rotela a otras penitenciarías del país y la recaptura del líder de la organización criminal, Armando Javier Rotela, que encabezada un esquema de tráfico de drogas y venta de armas, para ser derivado a una cárcel de máxima seguridad en Emboscada (Cordillera).