Recuerdan que fenece plazo para retirar tragamonedas de la vía pública
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La diputada por el Partido Patria Querida Rocío Vallejos recordó a los municipios de todo el país que quedan menos de 30 días para sacar de la vía publica las máquinas tragamonedas, teniendo en cuenta que ya está vigente la reglamentación de la Ley 6903/2022, conforme al decreto 938 emitido por el Ejecutivo el pasado 27 de diciembre. Indicó que el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) tiene la obligación de hacer cumplir la ley.
A través de un video, divulgado por la bancada de Patria Querida de la Cámara Baja, la parlamentaria señaló que los municipios y la Conajzar tienen la obligación de llevar adelante las medidas de protección de los menores de edad ante la influencia de las máquinas tragamonedas. Por tanto, recuerda que está prohibido la instalación y permanencia de estas máquinas en la vía pública.
“Señores, las máquinas tragamonedas están prohibidas en mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, bodegas, bares, cafeterías, restaurantes, terminales de transportes públicos, aeropuertos, estacionamientos, tiendas comerciales, shoppings, galerías, kioskos, supermercados, teatros, cines, complejos recreativos u otros lugares de acceso público masivo o al aire libre. Salvo que los juegos electrónicos estén autorizados por el municipio, en lugares adecuados para ello”, enfatizó.
Vallejos remarcó que está totalmente prohibido la presencia o instalación de las máquinas tragamonedas en la vía pública, como bien se sigue viendo actualmente en distintos puntos del país. “Los municipios tenían a partir de la vigencia del decreto reglamentario un plazo máximo de 30 días para comunicar a la Conajzar cuáles son los locales que están realmente habilitados”, expresó.
Respecto a las sanciones que serán aplicadas por la Conajzar, mencionó que la Ley 6903/2022 establece como sanciones por cada máquina que se encuentre en la vía pública, un salario mínimo legal. “Si existe reincidencia la sanción de la multa se duplicará a dos salarios mínimo vigente, y así aumentando de manera sucesiva la multa. Además, los municipios tienen la facultad de incautar y destruir las máquinas tragamonedas, así que señores hay que cumplir la ley” remarcó.
Diputados otorgó el visto bueno para ampliar la vigencia de la Comisión Antilavado
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El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.
La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.
Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.
ONG, punto clave de las indagaciones
Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.
El senador Gustavo Leite fue claro en que todos los fondos utilizados en nombre del Estado, deben ser transparentados a la ciudadanía. Foto: Captura de pantalla
Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
USD 800 millones en proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación bajo lupa, tras promulgación de Ley de Transparencia de ONGs. Foto: Gentileza
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.
De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.
Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.
Permitirá estandarizar las reses y a través de ello los cortes de carne, para satisfacer adecuadamente las preferencias de los mercados internacionales en calidad, cantidad y uniformidad. Foto: Jorge Jara
Clasificación y tipificación bovina son claves para los mercados internacionales
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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) destacó la puesta en vigencia del decreto n.° 2.746 que dispone la obligatoriedad de la Clasificación y Tipificación de Canales Bovinos en todos los establecimientos mataderos frigoríficos habilitados para exportación.
El hecho es considerado como un gran logro para el sector pecuario, ya que será un importante instrumento en las negociaciones con los distintos mercados internacionales. Esto permitirá estandarizar las reses y a través de ello los cortes de carne, para satisfacer adecuadamente las preferencias de los clientes en calidad, cantidad y uniformidad.
Hay que mencionar que el objetivo de la práctica es caracterizar en forma objetiva y/o subjetiva las reses producidas y comercializadas, definiendo la calidad de las mismas según las características que presente. La clasificación de canales consiste en la evaluación según sexo y edad, mientras que la tipificación de canales se refiere a la evaluación según atributos de conformación, cobertura de grasa y contusiones.
Mejoraría la remuneración
El gremio remarca que la clave del concepto de clasificación o tipificación es la información, por lo que la medida contribuye al continuo crecimiento y mejoramiento de la cadena cárnica del país, en bienestar de toda la cadena de valor.
Explica además que unificará los criterios de evaluación del canal, permitiendo que todos los frigoríficos utilicen la misma vara y “hablen en un mismo idioma” para calificar al ganado. Es una herramienta de valoración y comunicación entre productores, industriales y consumidores.
Entre más beneficios, permitirá identificar las características de los canales bovinos con mayor precisión para remunerar debidamente al productor, así como también mejorar el valor agregado de la carne bovina paraguaya, permitiendo retroalimentar las señales del mercado desde la industria frigorífica a los productores de hacienda.