El mandatario Santiago Peña expresó su apoyo al electo presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo, ante el impasse desatado en el Congreso Nacional, el cual impide la investidura del socialdemócrata. El mismo despertó enormes expectativas en una sociedad hastiada de la corrupción, azotada por la violencia de las pandillas y del narcotráfico, y donde seis de cada diez guatemaltecos vive en pobreza.
La sesión solemne mediante la cual se deberían oficializar a las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo este domingo 14 de enero, se vio envuelto en un ambiente de tensión ante las denuncias de maniobras políticas para impedir el juramento del titular del Movimiento Semilla y de su vicepresidenta Karin Herrera.
La juramentación del nuevo parlamento guatemalteco para el periodo 2024-2028 debe realizarse como requisito previo a la investidura de Arévalo, quien sustituirá en el cargo a Alejandro Giammattei, sin embargo, no se registró avances en torno a este proceso.
“Sacamos un comunicado en apoyo al proceso constitucional, se tiene que permitir al presidente tomar juramento en las próximas horas. Obviamente es un momento de mucha tensión, nuestro apoyo es firme para este proceso constitucional, democrático, que el pueblo de Guatemala que se han manifestado en las urnas puedan tener a un nuevo presidente electo lo más rápido posible”, sostuvo Peña.
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Comunicado en conjunto
El posicionamiento de Paraguay fue acompañado por otros países y organizaciones internacionales que asistieron para el acto de investidura de Arévalo. Mediante una declaración en conjunto, que fue leída por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indican que “el pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes. Reunidos en la ciudad de Guatemala hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera.
La problemática en el Congreso surge tras varios intentos de la Fiscalía de retirarle la inmunidad de presidente electo, desarticular su partido progresista y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.
La embestida judicial, basada en casos “espurios” según Arévalo, fue condenada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, que sancionó a cientos de fiscales, jueces y diputados por “corrupción” y por “socavar la democracia”.
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