La jefa del Gabinete Civil del Ejecutivo, Lea Giménez, habló del proyecto Hambre cero en las escuelas, que se planteará desde el Gobierno y pretende triplicar la inversión anual en almuerzo escolar. Indicó así que se tratará de un desembolso de USD 270 millones por año, con parte de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

“La principal motivación de este proyecto es superar un desafío tan importante, como lo es la falta de alimentos en muchos hogares. A través del programa del Fonacide se había procurado alguna solución ante esta problemática, pero ante más de 10 años de la implementación de la ley, ya sabemos los resultados; por eso, se pretende tener un Fonacide mejorado, que termine con todos los problemas encontrados”, explicó para “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez aclaró que no se busca centralizar ni cambiar el modelo de la mencionada ley, sino potenciar su alcance en los departamentos y los municipios, esto trabajando de manera más articulada con los gobernadores e intendentes. Se buscará un mecanismo diferente en la entrega de los recursos, ante la realidad de que solo poco más de 200.000 niños acceden a una alimentación escolar de calidad, frente a los más de 1.300.000 registrados en el sistema educativo.

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“Estamos hablando de una cobertura del 17 % a nivel país y ni siquiera hablamos de un año completo, solo de dos meses, siendo menor en algunos casos. Estos datos corresponden a informes de la propia Contraloría General de la República (CGR) y sería un crimen de Estado ignorarlos, sin mencionar que nos hablan de otro dato más preocupante: los departamentos más pobres son los que deben enfrentar estas carencias”, lamentó Giménez.

Subrayó que uno de los enfoques centrales es que los niños reciban un nivel de nutrición más adecuado, más aún teniendo en cuenta las falencias que se han observado en cuanto a la distribución de los recursos del Fonacide. Ademán habló de la necesidad de reinstalar en el Estado el cumplimiento de un rol más comprometido en cuanto a la entrega en tiempo, en forma y en calidad de los alimentos escolares.

La jefa del Gabinete Civil del Ejecutivo indicó que uno de los cambios sustanciales que se aplicarán, luego de haber conversado con la CGR, es que dicha institución ejerza la figura del auditor concurrente. Esto implica un seguimiento del alcance y la aplicación del programa, con el objetivo de socializar constantemente los avances o falencias del mismo, para trabajar y revertir de manera inmediata en el caso de presentarse alguna dificultad.

“La ley también podría prever que quienes reciban estos recursos y no cumplan con la distribución efectiva de los mismos, sean retirados de la línea de desembolsos. Aún estamos concretando ciertos aspectos de este factor porque ya no podemos seguir haciendo la vista gorda ante la mala distribución de estos fondos”, sentenció. Anunció además la creación de un consejo, con participación ciudadana, apuntando a la colaboración de cada estamento del país.

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