“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.

“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.

Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.

“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.

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Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.

Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.

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Este miércoles, el fiscal Luis Albertini formuló imputación contra los cuatro funcionarios que estuvieron a cargo del corralón municipal de la ciudad de Encarnación, cuando fue carneado un automóvil. La denuncia fue realizada luego de que la propietaria sufriera un accidente y se dispusiera que el auto sea llevado al sitio.

Según la denuncia realizada por Adriana Meza, el pasado 5 de junio sufrió un accidente vial y su vehículo quedó demorado en el corralón municipal, semanas después fue con la intención de retirarlo, pero se encontró con la sorpresa de que había sido carneado. Se llevaron incluso el motor del auto.

Ante esta terrible denuncia que se hizo pública el pasado 4 de octubre, desde el Ministerio Público decidieron tomar acciones contra los funcionarios que estaban a cargo del corralón y que debían velar por el bien de la ciudadana. Meza reportó que al momento de dejar su vehículo le pidieron que entregue las llaves y que eso habría sido aprovechado para saquearlo.

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Fueron imputados por el hecho punible de quebrantamiento del depósito a César Christian Danilo Rienzi Fernández, Miguel Sanabria, Elvio Benítez y Gustavo Valdez. No se trata de la primera denuncia contra un hecho de que en el sitio se saquean los rodados.

“Existen manifestaciones de terceros y que habían realizado denuncias similares. En ese sentido tenemos en tipo penal de quebrantamiento de depósito, teniendo en cuenta que la persona encargada del inmueble y la custodia oficial recae en Christian Rienzi”, detalló el fiscal, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que el corralón tiene guardias y que es de difícil acceso para los delincuentes. “Se trata de una zona bastante aislada, pese a que tiene vecinos. Además, se tiene guardias en varios turnos y estamos hablando de que se llevaron un motor y una caja que para sacar sería muy difícil”, aseguró.

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El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, participó del lanzamiento del sistema de marcación intermedia y actualización del reglamento interno de la Justicia Electoral, oportunidad en la que destacó la implementación de esta innovación a funcionarios de los registros electorales. El mismo tuvo lugar en la Gobernación del departamento de Cordillera.

De acuerdo al informe del organismo electoral, el ministro Bestard manifestó que el objetivo de la institución es estar en permanente actualización y sobre todo fortalecer el sentido de pertenencia de todos los funcionarios. “Tenemos un prestigio ganado a nivel internacional como una institución altamente confiable y creíble que tenemos que cuidar”, exhortó el segundo del TSJE.

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Igualmente participó del encuentro Denis Lichi, gobernador de Cordillera, quien resaltó que una de las instituciones con mayor prestigio y fortaleza en la República del Paraguay es la Justicia Electoral. “Por las implementaciones electorales, por la agilidad al momento del conteo de votos y por sobre todo la credibilidad y legitimidad de las autoridades electas”, indicó.

Mencionan además, que durante la jornada de capacitación se desglosó el nuevo reglamento interno de la institución electoral por Resolución TSJE N° 18/2022. Este documento consiste en el conocimiento y el objetivo del sistema de marcación intermedia, funciones, deberes y derechos de los funcionarios electorales. La presentación estuvo a cargo de Natalia Almirón, directora de Recursos Humanos de la Justicia Electoral.

Finalmente señalaron que también formaron parte del acto Julio Olmedo y Laura Ayala, directores adjuntos de Recursos Humanos; Benjamín Díaz Valinotti, director del Registro Electoral; José Ramón Ledezma, vicedirector del Registro Electoral; Enmanuel Gorman, director de Gabinete y Teresita Martínez, jueza electoral de Cordillera; Heribel Echeverría, presidente de la Junta Departamental, jefes y funcionarios de los registros electorales del departamento de Cordillera.

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El Comité Integral del IPS, que aglomera a varios sindicatos de funcionarios, se reunió este viernes con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para abordar sobre una propuesta de proyecto de ley que busca dar soluciones a la problemática financiera del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Venimos en representación de 9 sindicatos que formamos el Comité Intergremial del IPS, para elevar y poner a consideración de Pedro Alliana como nexo constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la posibilidad de analizar una propuesta de proyecto de ley que hemos trabajado en las internas del IPS”, indicó el presidente de Asonadis, Julio González, tras la reunión con el vicepresidente.

El objetivo es fortalecer a la previsional, principalmente dar una solución de la deuda histórica con los proveedores, que llega a unos USD 335 millones, que hasta el momento no se pudo honrar. “A modo de avisorar esperanza de algunos recursos de salvataje, para que los siguientes cuatro años que restan del gobierno de Santiago Peña, el IPS se pueda fortalecer, sobre todo en el programa dos que tiene problemas acuciantes con una deuda histórica con los proveedores que en términos coloquiales se está bicicleteando siempre”, sostuvo.

Agregó que como funcionarios, plantean soluciones antes que problemas, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del propio IPS a cargo del doctor Jorge Brítez. “Estamos tratando de ver qué puede hacer él en cuanto a esa deuda histórica, de modo a ir cumpliendo paulatinamente en forma gradual y oxigenar las finanzas del IPS. De ese programa dos es de donde sale el pago a los proveedores”, apuntó.

Explicó que, el Instituto de Previsión Social, cuenta con dos programas importantes, el programa 1 donde se encuentra más de USD 2.400 millones de fondo de jubilaciones que es intocable constitucionalmente; y el programa 2, que es donde realmente se debe trabajar en el día a día, con gastos administrativos, pagos a proveedores, el personal, etc.

Participaron de esta reunión, Julio González, presidente de Asonadis; José González, asesor jurídico; Paola Benítez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IPS y Juan de Dios Salcedo, secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS.

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